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domingo 22 de marzo de 2026

En juicio

Expropiaciones: para la querella, los testimonios no modifican la base de la acusación

Si bien Rubén Pontoriero exceptuó a algunos testigos destacando su importancia, indicó que la documentación es contundente contra los imputados. Además, ¿qué importancia tendrá el próximo testigo?
Por Luz Ochoa

Luego de que el defensor del principal imputado en la megacausa de Expropiaciones, Santiago Graffigna, señalara que la declaración de uno de los testigos del juicio resultó favorable para su parte por supuestas contradicciones en el relato, desde la querella indicaron todo lo contrario y argumentaron que la base de la acusación es tan firme que ningún testimonio la podría modificar.

Rubén Pontoriero, el abogado que representa a la parte querellante, en este caso la Fiscalía de Estado, explicó que la documentación es contundente y por ello no habría manera de que alguna testimonial la pusiera en crisis, tal y como lo había señalado el defensor Marcelo Fernández.

"Salvo algunos testimonios específicos, nada cambiaría la acusación. Lo que hay que refutar es la prueba documental", sostuvo Pontoriero, al mismo tiempo que expresó que por más que haya algún testigo que no recuerde detalles puntuales, la precisión de los documentos es difícil de rebatir.

El megajuicio que se desarrolla en el Concejo Deliberante de Capital sigue generando polémica entre las partes involucradas en el proceso, algo que fue una constante a lo largo de la causa. Y así como la declaración del último testigo, Ricardo Romero, fue motivo para que de un lado y de otro se cruzaran en el plano de los medios, también lo fue la forma en que los defensores adoptaron para repreguntar, ya que habría provocado demoras en el proceso judicial.

En declaraciones mediáticas, tanto la querella como la fiscalía de Cámara cargaron tintas contra los defensores, responsabilizándolos por los retrasos en el debate, mientras que desde las defensas aseveraron verse perjudicadas al no tener total libertad para repreguntar.

En una publicación del Nuevo Diario, el fiscal de Estado Jorge Alvo señaló que el retraso en el juicio (lleva 7 meses y sólo 5 testigos declararon) se debía al modo de preguntar de los abogados y el fiscal Daniel Galvani sostuvo que las defensas de los principales imputados viven poniendo palos en la rueda. Por su parte, el letrado que representa a Graffigna indicó que a sus contrincantes no les conviene que profundice con sus preguntas.

Es por eso que el tribunal colegiado, integrado por Silvina Rosso de Balanza (presidenta), Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, resolvió en audiencia que se respete a rajatabla la modalidad de preguntar y repreguntar, de modo que los tiempos no se extiendan de manera innecesaria.

Según explicó Pontoriero, que desde un primer momento se opuso a la metodología que se aplicaba, a partir de la próxima declaración testimonial, se debe agotar un cuestionario y, cuando se repregunte, debe hacerse la pregunta en base a lo que el testigo dijo durante el juicio.

De esa forma, se evitaría que los testigos tengan que referirse a otras cuestiones de la causa, corriendo el riesgo de que no recuerden lo que alguna vez mencionaron, y que se consuma más tiempo. "Esto está sujeto a norma, eso marca el Código", agregó.

¿Qué importancia tendrá el próximo testigo?

Tras la finalización de la declaración de Romero, el abogado que llevó adelante el sumario que terminó con la cesantía del abogado de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi (fallecido), que prestó testimonio por más de un mes, el querellante Pontoriero sostuvo que Joaquín Roberto García Giuliani será el próximo testigo.

Su participación, a su entender, será importante porque se trata de quien fuera el apoderado del Tribunal de Tasaciones y "por él pasó el cien por ciento de las expropiaciones de la provincia". Lo que diga podría comprometer -o no- la situación de los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones imputados, Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera.

También, quien podría verse complicada es la imputada Ana María Melvin, la ingeniera agrimensora que oficiaba de perito en la Fiscalía de Estado.

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