El gobierno oficializó la restitución de normas e institutos, tras la derrota parlamentaria de la desregulación

La medida llega tras una serie de derrotas en el Congreso, donde ambas cámaras desestimaron los DNU originales, dejando un marco jurídico incierto. El Gobierno mismo cuestionó que, al derogar los decretos "sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el Honorable Congreso de la Nación ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad". Ante esta situación, el Poder Ejecutivo consideró "necesario y urgente" clarificar el marco jurídico para no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional.

Los decretos que ahora vuelven a estar en vigor son aquellos afectados por los DNU 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Específicamente, las normativas restablecidas impactan en áreas clave de la administración y la economía:

• Decreto 628/2025: Restablece el régimen de la Marina Mercante que regía antes del DNU 340/2025. El decreto rechazado había propuesto un nuevo marco regulatorio, incluyendo la declaración de la navegación comercial como "servicio esencial", lo que garantizaba un mínimo de prestación del 75% en caso de conflictos laborales. Ahora, esas medidas quedan revertidas. El Gobierno reconoció que, aunque el régimen previo tenía deficiencias, la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, profundizando los problemas históricos de la industria.
• Decreto 627/2025: Revierte las modificaciones de otros cuatro DNU:

DNU 461/2025: Había ordenado la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

DNU 462/2025: Había establecido que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasaran a depender de otras secretarías. También afectaba al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

DNU 345/25: Había fusionado el Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

DNU 351/25: Había transformado el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en un organismo desconcentrado, subordinándolo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El rechazo de los decretos en el Congreso, que no conllevaba una automática reactivación de las leyes anteriores, forzó al Poder Ejecutivo a actuar para asegurar la continuidad de las normativas preexistentes y evitar un descalabro administrativo y legal.