Como Francisco Sánchez, el diputado nacional macrista neuquino que permanece en su banca luego de pedir la pena de muerte para Cristina Kirchner, otro hombre de ese espacio pidió que fusilen a la vicepresidenta. Se trata de Román Gutiérrez, un productor rural de Pergamino, que fue candidato concejal por el PRO.
Denunciaron a otro político del PRO por pedir el fusilamiento de Cristina
Gutiérrez grabó una marcha de apoyo a CFK en su ciudad, tras el pedido de cárcel del fiscal Luciani, y unos días antes del intento de magnicidio, mientras “editorializaba”: “Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil putas, defendiéndola a la cara de verga, la conchuda hija de mil putas, hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil putas también”.
Con el revuelo producido por la publicación de las imágenes, Gutiérrez decidió eliminar el video de sus redes sociales ensayando una disculpa, y a continuación, la justificación del llamado a matar a Cristina.
“Pido disculpas por haber subido un video que estaba en redes sociales a todos que se sintieron ofendidos”, señaló.
“Al margen del fragor de las redes sociales creo que agresión del nivel de impuestos que tiene el sector productivo, agresión es el nivel de inflación que crean todos los días un nuevo pobre. Eso es agresión y ustedes no dicen NADA”, se defendió.
Pese a la eliminación del video, las imágenes incitando al crimen quedaron en las redes y el ex candidato del macrismo fue denunciado penalmente por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
En la denuncia, el funcionario señaló que “Este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de ‘odiada’, a quien en este caso hay que ‘fusilar’”, sostiene la denuncia.
“No puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como Concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual gobierno”, destaca.
El delito se vería inscripto en el artículo 209 del Código Penal, que establece que “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años”.