Histórica condena contra gerentes de una automotriz por complicidad con el genocidio de la Dictadura

La Sala II de la Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, confirmó que, en la planta fabril de Ford, en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, se montó un centro clandestino de detención y se torturó a trabajadores.

El fallo es histórico, y junto al procesamiento por “La noche del apagón” del jujeño Carlos Blaquier, del Ingenio Ledesma, son la prueba de la complicidad empresaria con el Terrorismo de Estado.

El fallo de la Sala II vino a confirmar la condena que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín dictó en diciembre de 2018 cuando condenó a Müller, Sibilla a 10, 12 de prisión, respectivamente.

En el proceso se demostró que Müller, que en ese momento era jefe de Manufactura y Sibilla, que oficiaba de jefe de Seguridad de la planta que Ford Motor aún hoy tiene en General Pacheco, colaboraron con la instalación del centro clandestino de detención, y con el “marcado” de los trabajadores que secuestrados y torturados.

Los trabajadores eran “chupados” en plena tarea laboral, frente a compañeros y directivos de la fábrica. De allí se los trasladaba al centro de detención que funcionaba en el quincho que tenía la automotriz.

Como dato realmente macabro, se comprobó que llegaron a mandarles telegramas con sanciones por ausencias sin aviso a las casas de los trabajadores que estaban secuestrados y torturados.

Puntualmente se los responsabiliza por el secuestro y la aplicación de tormentos de 24 obreros de aquella fábrica, 12 de los cuáles no llegaron a presenciar el acto de justicia.

En el fallo, el camarista Slokar fue duro y terminante, con los acusados y con la firma multinacional: “A partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”.

“Sectores empresariales no desarrollaron un mero rol subalterno, sino que accionaron articuladamente y en modo orgánico con el poder político de facto”, consideró, porque “entre los propósitos básicos del golpe de estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero”.