Apuran la investigación sobre el juez federal mendocino relacionado con narcos

Quién lo afirmó es Javier Santos Ortega, que en 2019 había caído preso por un contrabando de ropa de 206 millones de pesos.

Bento está acusado de comandar una asociación ilícita por la que estuvieron detenidos tres abogados y otros cinco particulares. Dos de esos tres abogados son Martín Ríos y Matías Aramayo, contratados por Ortega para tramitar su excarcelación, Bento mediante.

Los dos letrados fueron posteriormente excarcelados, y fuentes judiciales aseguraron que lo hicieron en la condición de “arrepentidos”, por lo que se espera que con sus testimonios compliquen aún más la situación del juez federal.

Los fueros mantienen por ahora fuera de prisión a Bento, de quién la investigación sostiene que junto a su esposa utilizaron la sociedad conyugal “para adquirir” inmuebles “y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna”.

La denuncia consigna que el matrimonio Bento-Boiza registra “numerosos viajes, preponderantemente a Miami y Nevada, de entre cinco y siete días de duración, por lo que se descarta que los mismos sean con fines de esparcimiento u otro fin lícito, lo que refuerza la configuración de los delitos”.

Además, se habrían desapoderado de muchos bienes, poniéndolos a nombre de dos de sus tres hijos. Estos, todavía, no están imputados, pero los investigadores aseguraron que “su situación fue comunicada a la Cámara Federal para que lleve a cabo las investigaciones administrativas que correspondan”.

La causa contra el juez está en el Consejo de la Magistratura, y está a cargo del diputado nacional e integrante del organismo Pablo Tonelli.

Tonelli tiene, legalmente, 3 años para tramitar el caso, pero aseguró que, por el impacto del mismo, “vamos a tratar de hacer la investigación lo más rápido posible".

Cabe destacar que el Consejo no puede juzgar a Bento por los delitos que se le imputan, sólo lo puede hacer por “mal desempeño”, explicó Tonelli. La imputación es por “presunto jefe de ‘asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito’”.

Por ahora la causa está en el Consejo de la Magistratura, que puede decidir entre una advertencia, un apercibimiento y una multa, pasando por la suspensión y hasta, lo más probable por la gravedad de los delitos imputados, la remoción.

Bento, además, es el juez en lo electoral. La suspensión y probable destitución del magistrado a quién en Mendoza relacionan con el cobismo, sume a la provincia en un conflicto de orden político e institucional.

Para completar un cuadro de alto impacto, como defensor de Bento fue designado el mediático abogado Mariano Cúneo Libarona.

Bento y el narcotráfico

La investigación sobre Walter Bento, que derivó en un allanamiento a principios de mayo en su despacho, y en la larga lista de delitos que se le imputan, comenzó en marzo del 2020, cuando fue detenido Walter Bardinella Donoso, un sujeto que tenía pedido de captura por una causa de tráfico de drogas.

Al peritar el celular de donoso se estableció que tendría varios mensajes por distintas vías de comunicación (Whatsapp y Telegram) con funcionarios de la justicia Federal mendocina.

Cuatro meses más tarde, el 28 de julio de 2020, se denunció la desaparición de Diego Aliaga, un ex corredor de Aduana que traficaba influencias, y acercaba abogados y delincuentes a sus contactos de la justicia federal. Llegó a declarar que Bento “cobraba coimas a cambio de favores para acusados de narcotráfico y contrabando”. Aliaga apareció, pero muerto, días después.

Por el crimen se detuvo al socio de la víctima, llamado Diego Barrera. El presunto asesino confirmó que Aliaga tenía vínculos con el juzgado de Bento, gracias a los cuales “sacaba presos del federal, arreglaba y sacaba presos del penal".