Una interpretación de las jubilaciones para esquivar la parálisis en la justicia penal de San Juan

Por los retrasos que allí se presentaban, la máxima autoridad convocó a esos dimitentes para que continúen trabajando hasta tanto sean designados sus sucesores, entendiendo que presentan la condición de jubilados aunque todavía no hayan cobrado sus haberes, mientras que otros interpretan que lo están recién cuando los cobran. La Corte eligió la primera opción como una salida transitoria hasta el nombramiento que sería no antes de mitad de este año. Es una opción y una obligación para los renunciantes acatar el llamado, al menos durante los 5 años posteriores.

"Tengo una resolución del Anses del año 2015 y renuncia definitiva al cargo aceptada. Todavía no cobro, pero puedo ser llamado 'jubilado que aún no percibió haberes' por lo que la convocatoria es legítima", explicó uno de los magistrados que fue requerido por la Corte, Ernesto Kerman, quien aseguró que "todos tienen resolución de Anses". 

Una de las salas, la Segunda, había quedado disminuida y sin funcionamiento tras la salida del tribunal completo de magistrados que la componían: José Atenágoras Vega, Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera. Por su parte, en la sala Primera, el renunciante había sido Raúl Iglesias, por lo que sólo quedó Juan Carlos Caballero Vidal y el recientemente designado Heredia Zaldo, mientras que en la sala Tercera se había marchado Eugenio Barbera, dejando solos a Maximiliano Blejman y Silvina Rosso de Balanza, ésta última también de reciente designación.

Como si fuera poco, a la masiva renuncia de jueces en la Cámara Penal provincial, que tramita nada menos que los juicios orales para estos delitos como así también todas las apelaciones de los tribunales inferiores, se le sumaron la de dos fiscales de cámara: Eduardo Mallea y Leticia Ferrón de Rago. 

El problema que ocasionó esta virtual estampida es que los juicios orales debieron ser suspendidos y reprogramados, y se vio seriamente afectada la línea de apelaciones a las decisiones de los juzgados de instrucción, lo que derivó en una virtual parálisis de la justicia penal provincial desde este lunes. 

La decisión de estos jueces fue renunciar a contrarreloj para llegar antes que la sanción en el Senado de la eliminación de las jubilaciones de privilegio de los magistrados, de manera de que se les extinga el derecho. Mientras la jubilación se completa, estos magistrados permanecerán en pasivo ganando el 60% de los sueldos en activos (como lo establece la ley 24.018 de jubilación de privilegios que ahora será modificada), hasta que les otorguen el beneficio del 82% móvil que no tiene ninguna actividad en el país y eleva los montos de sus ingresos de manera significativa.

Todo se fue desencadenando desde que se conoció que el presidente Alberto Fernández impulsaba una norma para desarmar las jubilaciones de privilegio, lo que el mandatario ratificó en su mensaje del domingo. Afecta a San Juan desde hace 10 años, cuando la provincia firmó un convenio con la Anses para sumar a los magistrados locales a esas jubilaciones  privilegiadas, lo que ocasionó que pasaran a retiro entonces un buen número de jueces que retenían sus cargos a pesar de tener edad y aportes suficientes: habían jueces de hasta 75 años que seguían en sus juzgados.

Por la afectación en el fuero penal que no pudo ser prevista por el máximo tribunal, hecho que admitió y aseguró que puso al Poder Judicial en en estado de excepción y emergencia, este miércoles por la mañana se comunicó de manera oficial la convocatoria no sólo de los cinco magistrados penales, sino también tres del fuero civil, uno del fuero laboral y un fiscal de Cámara, quienes a partir de este mismo día debían regresar cada uno al cargo que habían dejado vancante. 

De esta manera, informó que "la Corte convocó para que cumplan funciones al juez de Cámara Penal de la Sala II, Dr. Juan Carlos Peluc Noguera; juez de Cámara Penal de la Sala II, Dr. Ernesto Kerman; juez de Cámara Penal de la Sala II, Dr. José Atenágoras Vega; juez de Cámara Penal de la Sala I, Dr. Raúl José Iglesias; juez de Cámara Penal de la Sala III, Dr. Eugenio Roberto Barbera; juez de Cámara Civil, Comercial y Minería de la Sala I, Dr. Gilberto Américo Riveros; al fiscal de Cámara en la Fiscalía de Cámara Nº 1, Dr. José Eduardo Mallea y la jueza de primera instancia del Tercer Juzgado Laboral, Dra. Mónica Estela Rodríguez".