Expropiaciones: conforman el tribunal que destrabará la demora en el mega juicio

Luego de que por sorteo Martín Heredia Zaldo, Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón fueran seleccionados para integrar el tribunal que juzgará a los abogados, jueces y funcionarios sanjuaninos acusados de saquear las arcas del estado, los defensores Cayetano Dara y Edishon Sobelvio presentaron argumentos contra los elegidos y plantearon la nulidad del proceso judicial. 

Es por ello, según explicaron fuentes judiciales, que se debió recurrir a la conformación de otro tribunal que atienda la recusación y resuelva sobre la misma. La complicación, en principio, tenía relación con que ningún magistrado que haya formado parte de la instrucción de la causa podía ser de la partida y por eso dos jueces que asumieron en su cargo hace poco tiempo fueron escogidos. Se trata de los titulares del Primero y Cuarto Juzgados Correccionales, Alberto Caballero y Federico Rodríguez, respectivamente. A ellos se sumó la participación de Ana Carolina Parra, jueza del Segundo Juzgado Correccional. 

Tras ser notificados oficialmente esta mañana, la próxima semana los jueces se reunirán para resolver y -acorde adelantaron fuentes allegadas- la resolución respecto al planteamiento sería decretada a la brevedad. Esto, en un contexto en el que las demoras han sido una constante sobre todo desde que una parte de la causa fue elevada a juicio. Es que los constantes recursos presentados y la burocracia judicial conspiraron con la dilatación de los plazos a tal punto que el comienzo del debate resulta incierto. 

Ante estas presentaciones de Dara y Sobelvio, que también recusaron a los fiscales Daniel Galvani e Iván Grassi, fuentes judiciales detallaron que la querella (Rubén Pontoriero) -que representa la Fiscalía de Estado- protestó por el accionar de las defensas opositoras y pidió que los abogados sean sancionados. 

El grupo de los procesado que esperan por el juicio está integrado por Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday,  la ex jueza Rosalba Marún y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.

Todos ellos están acusados por el concurso de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tentativa de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustración de medios o elementos de prueba, entre otros delitos que comparten como integrantes o partícipes necesarios de una asociación ilícita, una red de estafa.