Demoras en expropiaciones: recusan a fiscales, ¿un nuevo tribunal? y el inicio del juicio, incierto

Si bien la causa se dividió en dos partes durante la instrucción y una de ellas fue elevada a juicio en 2018, con el objetivo de acelerar los tiempos y que al menos ocho imputados sean sometidos a la segunda etapa del proceso judicial, las presentaciones de los abogados defensores como así también la misma naturaleza de la causa frenaron su resolución. Es que al tratarse de abogados, jueces y funcionarios sanjuaninos acusados de saquear las arcas del estado, más de un juez y fiscal se inhibió y llevó tiempo designar al tribunal que los enjuiciaría, como así también a los representantes del Ministerio Público que participarían. 

Una vez que se conformó el tribunal por sorteo y los fiscales fueron designados, cuando se estimaba que se acercaba el final, comenzó el desfile de recusaciones (oposiciones) en su contra por parte de las defensas. Fuentes judiciales explicaron que los tres jueces recusados, Martín Heredia Zaldo, Matías Parrón y Silvina Rosso de Balanza, debían responder a los argumentos presentados, del mismo modo en que ahora lo deben hacer Daniel Galvani e Iván Grassi. Todos estos incidentes deben ser resueltos para luego poder dar inicio al plenario, mientras tanto consumen el tiempo. 

Desde la parte querellante representada por Rubén Pontoriero, informaron que los letrados que recusaron a Galvani y Grassi no asistieron y sólo presentaron un escrito previo. En él, fuentes allegadas indicaron que fundamentaban los motivos de su ausencia y plantearon la nulidad. Sostenían -a grandes rasgos- que no estaban de acuerdo con que el tribunal al que se oponen es el mismo que resolverá sobre la recusación a los fiscales. 

No obstante, las leyes indican que el tribunal tiene que decidir sobre la cuestión y por ello deberá resolver en las próximas 48 horas si da lugar al planteo realizado por Cayetano Dara y Edishon Sobelvio. 

Por otra parte, para definir sobre la recusación a los tres jueces -Heredia Zaldo, Parrón y Rosso-, en teoría se tendría que conformar un nuevo tribunal con funcionarios que cumplan el requisito de no haber participado en todo el proceso. ¿Quiénes serían? Pocos. Al menos habría tres postulantes: Federico Rodríguez (el nuevo titular del Cuarto Juzgado Correccional), Carolina Parra (jueza del Segundo Juzgado Correccional) y Alberto Caballero (el nuevo juez del Primer Juzgado Correccional), aunque esto no ha sido confirmado por ninguna voz oficial. 

Ante estas presentaciones, fuentes judiciales detallaron que la querella -que representa la Fiscalía de Estado- protestó por el accionar de las defensas opositoras y pidió que los abogados sean sancionados.  

El grupo de los procesado que esperan por el juicio está integrado por Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita), Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado), Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo), el abogado y socio de la asociación ilícita Horacio Alday,  la ex jueza Rosalba Marún y tres peritos que citaba Graffigna: Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos.

Todos ellos están acusados por el concurso de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tentativa de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustración de medios o elementos de prueba, entre otros delitos que comparten como integrantes o partícipes necesarios de una asociación ilícita, una red de estafa.