Los fueros, el tema de discordia del nuevo Código Procesal Penal

Los diputados ya tuvieron la primera reunión con quienes hicieron el proyecto del nuevo Código Procesal Penal sobre los lineamientos generales que tendrá la nueva normativa. Y en las dos comisiones legislativas donde se estudia el documento ya empezaron con la lectura de los 603 artículos que integran esta reforma histórica en el sistema de administración de Justicia sanjuanino, con varias dudas.

Uno de los temas que genera discordia es cómo aplicar el desafuero, que es el acto jurídico por el cual a una persona aforada se le retiran sus privilegios cuando se presume que ha cometido un delito, quedando sometido a un proceso penal privado de la inmunidad de arresto. En San Juan, constitucionalmente, gozan de fueros los legisladores provinciales, los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal, y el gobernador y el vicegobernador.

“El artículo 47 habla del desafuero establece un procedimiento que a mi humilde entender no está acorde con lo que nosotros hemos vivido hace poco tiempo con el desafuero a un miembro de la Cámara (se refiere a Alfredo Amín). La Constitución habla de que inmediatamente comunicada a esta Cámara que era requerido por la Justicia para indagarlo, la Cámara debe conocerlo en plenario y determinar la suspensión del diputado y que se presente a prestar indagatoria. En cambio, en el anteproyecto del nuevo Código, se está dando un procedimiento que debemos estudiar si está acorde con el articulado de la Constitución, y en eso hay opiniones que dicen que sí y otras que dicen que no. En lo que estamos de acuerdo en dictar un procedimiento porque no tenemos uno claro en la Provincia como tiene la Nación”, explicó la presidenta de la comisión de Justicia donde se analiza el anteproyecto, Amanda Días (PJ).

Es que el nuevo Código dicta que el desafuero se producirá una vez que se dicta sentencia firme, como es en Nación, según la legisladora. En cambio, la Cámara local se manejó en el único antecedente de su historia, que se dio este año, desaforando al diputado con la sola requisitoria de indagatoria del juez. “Nosotros entendemos que la Constitución dice que para indagar sí o sí deben quitarse los fueros”, añadió la diputada.

Los redactores del anteproyecto defendieron la propuesta, según dijo Días, argumentando que es una interpretación del articulado constitucional. Incluso, personalmente la legisladora dijo que “lo más sensato sería aplicar lo que dice el Código nuevo, porque qué pasa si es inocente y si se lo ha destituido antes”, pero el tema promete amplio debate en comisiones.

Más revisiones

Otra de las dudas que tienen los legisladores en una larga lista que también incluye cuestiones de mera sintaxis, es la creación de institutos nuevos, por ejemplo, los colegios de jueces. “En la redacción no se entiende bien cuál es la función, quiénes van a formar los colegios de jueces”, expresó Días. “Queremos darle mejor estructura a os artículos para que se entiendan bien”.

Un tema que genera expectativa es la creación de los juicios por jurados en San Juan, figura que ya se usa en otras provincias. El anteproyecto sólo establece que deberá crearse este instituto que está conformado por 12 miembros titulares y 4 suplentes, cuando el fiscal haya pedido para el delito en cuestión por lo menos 20 años que son los delitos más graves, y la dirección del cuerpo estará a cargo de un juez que integra el Colegio de Magistrados. Los detalles sobre la selección de los jurados y cómo actuará se definirá en una reglamentación posterior a la sanción de la ley, indicó Días.

Plazos largos

La lectura del anteproyecto y correcciones en las dos comisiones a cargo –Justicia y Legislación y Asuntos Constitucionales- llevará hasta septiembre y luego se consultará con la comisión especial que lo redactó si se respeta el espíritu de la norma, recién entonces se podrá emitir despacho. Entonces, no se hará el tratamiento en el recinto antes de octubre, indicó Días. La perspectiva es poder tener la ley este año para que se empiece a aplicar en 2019 de a poco.    

Como se cambiará la funcionalidad judicial penal drásticamente, se prevé implementar por etapas. También requiere de importantes inversiones. Sin ir más lejos, un aspecto central del nuevo código es la oralidad y habrá que adecuar Tribunales con sistemas de cámaras y otros registros ágiles que implican dejar de lado el papel y disminuir la burocracia. La transición puede durar años.