Claudio Bonadío, el juez federal porteño que tiene a su cargo la causa más escandalosa de la justicia y la política argentina, ordenó un sorpresivo allanamiento en San Juan este miércoles. Se llevó información sobre la integración de los directorios de dos de las empresas sanjuaninas citadas en la investigación, Mapal y Dumanzdzic, que fueron involucradas por un arrepentido. Hay una tercera, Tabolango, que no fue incluida en el pedido de Bonadío.
Bomba: Bonadío allanó en San Juan, buscando datos de dos empresas locales
La medida se llevó a cabo durante la mañana en la sede de la Inspección de Personas Jurídicas, donde alrededor de las 10 arribó una movilidad de la Policía Federal para concretar el allanamiento ordenado por Bonadío, que se extendió hasta las 13.
Mapal y Dumandzic fueron involucrados por el financista Ernesto Clarens, hombre a quien se lo relacionó con el matrimonio Kirchner, quien los incluyó junto a otras 84 empresas de todo el país en una planilla Exel que le entregó a Bonadío. Según él, esas fueron las empresas relacionadas a las obras viales que pagaron coimas a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.
En el documento que recibió el juez de manos de Clarens, quien de ese modo pasó a condición de arrepentido, las empresas aparecen con monto incluido. De las tres empresas involucradas, la única que hizo un descargo fue Mapal, que argumentó que en esos montos figuran obras que no hicieron.
Lo que buscó en San Juan Bonadío con el allanamiento fue información sobre la composición del directorio. Concretamente, quiénes fueron los directores de las empresas en determinados períodos de tiempo, datos que figuran en los legajos de las empresas que copiaron los pesquisas. En cambio, no pudieron llevarse información sobre las UTE (uniones transitorias de empresas) que integraron, porque esos datos están en el Registro Público de Comercio.
La orden fue dirigida directamente por Bonadío desde Capital Federal, a diferencia de lo que suele ocurrir en otras oportunidades en que un juez federal de otra jurisdicción solicita por oficio a su colega del distrito que corresponda para que él realice esta medida. Esta vez, Bonadío avisó en la justicia federal sanjuanina pero concretó personalmente el allanamiento.
El operativo también tuvo su particularidad en que no había sido anticipado por un pedido de la información vía oficio, lo que se suele estilar. De hecho, en Personas Jurídicas de San Juan ya han mandado respuestas a pedidos de información accionaria en otras causas que se tramitan referidas a corrupción como Hotesur o Lázaro Báez, solicitadas por los jueces Rafecas o Ercolini. Bonadío se inclinó en esta oportunidad por decidir directamente un allanamiento.
Lo extraño del operativo de Bonadío es que se llevó información sólo de dos de las tres empresas citadas por Clarens. La explicación para eso en fuentes relacionadas con la investigación es que el magistrado pudo haber confrontado la data de Clarens con otras fuentes y por eso descartó a Tabolango, o porque en Personas Jurídicas no tienen datos de ésta última empresa porque es una SRL.
Esas fuentes indicaron que la medida de Bonadío fue replicada de manera simultánea en otras 9 provincias, buscando datos de las empresas citadas por el arrepentido como aportantes de las coimas. En los próximos días resolverá en función de esas nuevas pruebas y se conocerá en qué condición quedarán las empresas sanjuaninas.