Circula por las redes una foto de un escritorio de la Corte repleta de expedientes, que algunas lenguas atribuyen al mueble de la oficina de Juan Carlos Caballero Vidal.
Terminemos con la mentira de la feria
Imposible saberlo, menos para un periodista: se contaría con los dedos del saludo peronista a los que han conseguido ser recibido por Su Señoría en funciones. Si así no lo fuere, de seguro que corresponde a alguno de sus colegas, y la pila de expedientes resultaría igualmente decidora de la mora judicial en la que encuadran de la Corte para abajo.
Serviría como emblema, porque a nadie escapa que el sistema judicial sanjuanino es más lento que un caracol. Y con sueño. Si es lenta, podrá ser a causa de que el sistema no da abasto a resolver la cantidad de expedientes que ingresan y requieren resolución, o porque existe una pereza generalizada en la que la cúpula funciona como mal ejemplo.
O las dos cosas. Porque si es verdad que sólo y a duras penas los delitos con penas más importantes pueden avanzar (justo lo que pretende solucionar el reciente plan de Flagrancia) y que las prescripciones por el paso del tiempo están a la orden del día, cómo puede comprenderse que el servicio de justicia (que es, insistimos desde hace mucho tiempo, un servicio) se autoadjudique el lujo de bajar las persianas durante un mes un medio de los 12 que tiene el año.
A rajatabla, salga el sol por donde salga y patalee quien patalee, los tribunales clausuran su escuálida actividad de tiempos normales por una absurda parálisis que parece más extraída de tiempos remotos y supuestamente honorables que de la razonabilidad de quien debe prestar un servicio eficiente.
Se argumenta en favor de esta estampida masiva de magistrados y empleados durante todo el mes de enero más una quincena de julio, que no se atiende al público, ni se realizan pericias, ni se toman testimonios, ni se notifica, que igual no es tiempo perdido porque será empleado en la actualización y puesta al día de las causas.
Alcanza con una pequeña recorrida en la sede tribunalicia en tiempos de feria para caer en la cuenta, por enésima vez, que se trata de un burdo engaño. Con casos incluso al límite, como la luz prendida de algún juzgado dejada durante todo el día para salvar las apariencias.
Como tantas otras veces, en la feria que acaba de concluir quedó expuesto rotundamente que el ardid de la feria judicial para justificar eternas vacaciones para la familia judicial, todavía les sigue funcionando. Poco y nada de actividad concreta, algún que otro payaneo para la tribuna, y una línea argumental que cruje por todos lados.
Podría solicitarse desde este lado, el de los ciudadanos y justiciables, que los responsables del servicio abandonen esta costumbre de fastidiar el sano juicio ajeno, que ya conoce de memoria que eso de la recuperación del trabajo atrasado en una burda pantalla para producir un formidable estampido vacacional. Este turno no fue la excepción, sólo quedó el juez penal en turno, y algún que otro cortista como para cuidar los aspectos (para esa función, ya parece costumbre tirarle el fardo al nuevo).
Esto ocurre mientras proliferan los quejidos del universo completo de los afectados por el servicio, no sólo los que esperan –detenidos o no- a que se resuelvan sus situaciones procesales sino también –y especialmente- quienes aguardan un fallo para sentir que se hace justicia. Que son miles, infinitos, en todos los fueros y dimensiones. Y deben contemplar cómo los magistrados hacen la plancha como método.
Son 45 días unificadores para todos los habitantes de los edificios del servicio. Desde jueces, muchos de los cuales cómodamente pueden disponer de un lapso vacacional más importante aún –producto de sus años de servicio, como en el caso de cualquier trabajador común- y que de hecho se los toma, como para el aprendiz más raso de los recién ingresados.
Todo empleado de Tribunales tiene de arranque 45 días de vacaciones en los hechos, pese a que computen como tales apenas los 14 días de ley. El resto es el período de tiempo en que el edificio está virtualmente desalojado, afectado por una parálisis total. Mientras puertas para afuera, atronan los reclamos por darle mayor velocidad y eficiencia al servicio judicial. No hace falta demasiada formación académica para comprenderlo.
Justamente en esa dirección opera también la modalidad de atención-funcionamiento. Se percibe movimiento desde las 7.30, arrancando efectivamente desde las 8, con horario de descongestión a eso de las 12.30 en que los supremos abandonan sus oficinas para media hora más tarde hacerlo magistrados y camaristas.
Se cuentan con una sola mano los magistrados que registran movimiento en sus juzgados en horarios vespertinos, que los hay y a mucha honra. En conclusión, seis horas de trabajo a toda furia y en el mejor de los casos, abundando en mayoría los que desempeñan menor esfuerzo. Y exclusivamente de lunes a viernes, demasiado bajo el ritmo para los excelentes salarios que se pagan y la demanda ciudadana de mayor acción.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si se estableciera la obligación de trabajo de ocho horas diarias, como cualquier hijo de vecino, con sábado inglés incluido?
O, para ser más generoso con la familia judicial, ¿qué pasaría si se estableciera el funcionamiento de un turno vespertino, además del matutino, sin que nadie debiera desempeñar más horario laboral excepto los magistrados?
Sería posible eso si se desdoblara el juzgado, sin necesidad de mayores esfuerzos de espacio ni logística. Implicaría la designación de un nuevo secretario por cada juzgado penal, más su equipo de instructores, a cargo del mismo juzgado. Un turno funcionando de 7 a 13 como hasta ahora y otro de 14 a 20. Empleando las mismas instalaciones y el mismo juez, ahora en horario desdoblado.
Simplemente una expresión que se descuelga de la razonabilidad de encontrar por un lado una demanda no abastecida, como es la necesidad del justiciable por contar con un servicio más rápido y eficiente, y una oferta que no alcanza a abastecerla: las líneas de producción –imaginando que la justicia es una industria- funcionan con mucha capacidad instalada sin utilizar, tanto en bandas horarias como en potencial de su mano de obra, tal vez también con una planta gerencial relajada y sin la necesidad de exhibir resultados como cualquier gerente.
Pero la justicia no es una industria, ni un emprendimiento privado. Aunque sus propios actores puedan llevar ellos mismos a confusión: antes de ingresar en la feria, la oficina de comunicación de la Corte de Justicia local informó en su Facebook que se modificaban los “horarios de comercio”.
¿Habrá sido un error o una metáfora de la realidad de un servicio “atendido por sus propios dueños”?