Son 70 los espacios disponibles y gratuitos en un lugar
privilegiado de la ciudad: al Sur del edificio 9 de Julio, entre Jujuy y
Aberastain, en paralelo a la calle Mitre. El lugar es seguro porque tiene dos
barreras, con garitas de seguridad, y en la mañana lo custodian dos empleados
de la Municipalidad de la Capital y en la tarde un empleado y un inspector de
Tránsito de la comuna. Pero esos boxes no son para cualquiera: la gran mayoría
de ellos son usados privilegiadamente por los jueces y empleados selectos del
Poder Judicial de San Juan, quedando excluidos los que menos pueden pagar un estacionamiento: el grueso de los trabajadores judiciales.
Los vecinos y comerciantes de los alrededores se hacen la
siguiente pregunta: ¿por qué los jueces y empleados selectos siguen
estacionando gratis y cuidados en ese lugar si el edificio 9 de Julio ya no les
pertenece?
El 8 de febrero la Corte en pleno se reunió con el
gobernador Sergio Uñac y le confirmaron oficialmente que no iban a usar el edificio
9 de Julio para hacer el Centro Judicial del que tanto se había hablado, el
cual se pretendía integrar al 25 de Mayo, donde funciona Tribunales.
El Poder Judicial tuvo bajo su responsabilidad el edificio 9
de Julio desde el 2010, cuando se terminó el Centro Cívico y el Ejecutivo le
cedió a la Justicia ese edificio para que concentrara a todas las oficinas del
Poder Judicial. Nunca lo hicieron y nunca lo usaron, pero sí el
estacionamiento.
Para usar ese estacionamiento, la Corte hizo un convenio con
la Municipalidad de la Capital. Desde la gestión de Franco Aranda, de los 70
boxes que hay en el estacionamiento del 9 de Julio, a los judiciales les
dejaron un poco más de la mitad. Antes lo ocupaban casi en su totalidad.
El privilegio de estacionar sin pagar en la ciudad que
tienen los trabajadores del Poder Judicial está contemplado en la ordenanza
6381, dentro del Capítulo 3, el cual rige los espacios reservados.
Por ese beneficio es que tienen pintado de amarillo el
ingreso a Tribunales por calle Aberastain, donde está el ingreso al garaje del
edificio, pensado para que allí entren los camiones del Servicio Penitenciario
Provincial y los presos desciendan en su interior hacia los calabozos.
En la práctica eso no ocurre: el camión del Penal estaciona
en la calle y los presos son ingresados caminando por la vía pública porque la
Corte dispuso que el espacio pintado de amarillo y el interior del garaje sea
usado para los autos oficiales y el de empleados de privilegio.
Esas decisiones las toma la Corte de Justicia porque es
quien tiene el poder de superintendencia del Poder Judicial.
Por eso también es que decide arbitrariamente a qué empleado
otorgarle el beneficio de estacionar gratis y con custodia en el
estacionamiento del edificio 9 de Julio.
A simple vista se puede observar que allí no solo estacionan
jueces, sino que también lo hacen hijos de cortistas y empleados con llegada a
la Corte.
Muchos jueces (de primera instancia y camaristas) no pueden
usar ese espacio y pagan como cualquier vecino una playa de estacionamiento o
dejan sus vehículos en los boxes pagos del estacionamiento medido de la
municipalidad.
Por ahora el estacionamiento privilegiado sigue siendo usado
por los beneficiados por la Corte de Justicia. Lo que no se sabe es qué pasará
cuando el Ejecutivo vuelva a usar el edificio 9 de Julio: en febrero último el
ministro de Infraestructura ya anunció la inversión de 40 millones de pesos
para dejarlo operativo nuevamente.
