Cómo es el proceso para desaforar al cortista Caballero Vidal

El primer paso que debe darse para que el juicio político se concrete es que el juez federal Leopoldo Rago Gallo admita el histórico pedido que hizo el viernes último el fiscal federal Francisco Maldonado: solicitó que el cortista se sometido a ese proceso para que le saquen los fueros y pueda ser indagado por los siete delitos de lesa humanidad que ya le imputó, los cuales Caballero Vidal podría haber cometido siendo juez penal de primera instancia en la última dictadura cívico militar.

Si el juez federal niega el pedido, Caballero Vidal zafa del juicio político. Si lo acepta, será Rago Gallo quien deba hacer el pedido ante la Cámara de Diputados de San Juan.

Una vez en Diputados, el pedido fundamentado del juez federal será recepcionado por la Comisión Investigadora de la Sala Juzgadora. La función de esa comisión es analizar el por qué de la denuncia, qué pruebas hay, investigar sobre esos hechos y finalmente elaborar un "informe circunstancial".

Esa Comisión Investigadora de la Sala Acusadora está integrada así: Amanda Rosa Díaz, Jorge Leopoldo Espejo, Pablo Alberto García Nieto, Miguel Sepúlveda y José Rubén Uñac.

Luego viene un paso clave: con ese "informe circunstancial", la Sala Acusadora es la que define si acusa o no. Si no lo hace, Caballero Vidal zafa en esa instancia.

La Sala Acusadora está integrada así: Pablo García Nieto (presidente), Eduardo Daniel Banega Allende, Eduardo Omar Cabello, Andrés Horacio Chanampa Nieri, Amanda Rosa Díaz, Jorge Leopoldo Espejo, Leonardo César Gioja, Federico Alberto Hensel, Rodolfo Alejandro Jalife, Carlos Roberto Maza Pezé; Fernando Luis Moya; Carlos Ariel Munisaga Almenzar, Juan José Orrego, Clara Silvia Pérez, Edgardo Emilio Sancassani, Miguel Sepúlveda, Mario Ramón Tello y José Rubén Uñac.

Si la Sala Acusadora acusa, los fueros del cortista Caballero Vidal pasarían a quedar en las manos de la Sala Investigadora. Allí se define por la votación de la mayoría.

La Sala Investigadora está compuesta por 18 diputados, la mitad del oficialismo puro. 

Ellos son: Marcela Gema Monti (presidenta), Emilio Alfredo Amín, Jorge Washington Barifusa, Rolando Abel Cámpora, Cristina del Carmen López, Daiana Luna Font, Pedro Oscar Mallea, Héctor Rubén Pérez Silva, Graciela Hilda Seva (los 9 del Bloque Justicialista); César Eugenio Aguilar, Eduardo Rubén Castro, Jorge Alberto Farías, Susana Alicia Laciar, Mauro Marinero, Sergio David Miodowsky, Carlos Platero Macías, Romina Guadalupe Solera y Gustavo Walter Usín.

Con que al bloque justicialista se le sume un solo voto, por ejemplo del bloque bloquista (socios políticos a nivel provincial), el oficialismo tendría amplia mayoría para tomar una decisión política respecto de los fueros de Caballero Vidal.

CASO ESCOBAR

Todas esas cuentas son fundamentales en un juicio político. Caballero Vidal lo sabe bien: él fue una pieza clave un proceso similar, cuando fue el abogado defensor del justicialista Jorge Alberto Escobar.

Eso fue el 17 de diciembre de 1992. Escobar fue destituido cuando llevaba un año en el cargo.

Caballero Vidal logró llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde Escobar fue absuelto y restituido en el cargo el 29 de diciembre de 1994. Luego volvió a ganar la gobernación con el 47,9 % de los votos para el periodo 1995-1999.

En ese tiempo Escobar puso a Caballero Vidal como jefe de la Policía de San Juan. Y en 1996, en pleno poderío político del escobarismo, el abogado defensor del Gobernador se transformó en cortista. Cargo que ocupa hasta la fecha.

ANTECEDENTES

La última vez que la Sala de Juicio Político tuvo actividad plena fue con la destitución del gobernador Alfredo Avelín. Eso fue hace 15 años, el 22 de agosto de 2002, en plena crisis de la Alianza.

Luego, la Sala de Juicio Político recibió varios pedidos de destitución para la Corte de Justicia de San Juan. Pero ninguno pasó la primera instancia.

CASO ÚNICO

No hay antecedentes como el de Caballero Vidal, donde un fiscal de otro fuero (el federal) pide la destitución para investigarlo por delitos de lesa humanidad. Tampoco hay antecedentes de un pedido de juicio político a un solo miembro de la Corte.

El más cercano antecedente de destitución por juicio político para miembros de la Corte de Justicia se remite a 1986.

En ese momento no se llamaba así, sino que era Jury de Enjuiciamiento (cambió con la reforma constitucional). Y terminaron perdiendo los fueros los cortistas Carlos Graffigna Latino y Eduardo Aguiar Aranciva, más el procurador general Ventura Mario Manrique (ese cargo ahora es Fiscal General de la Corte).

En esos días la Corte estaba integrada por tres miembros (sin contar el jefe de los fiscales) y solo siguió en el cargo el cortista Baistrocchi.

Fue por el escándalo de las diputadas bloquistas Mónica Sueldo de Pósleman y Sari Luz Díaz Lacam. El bloquismo las acusó de "indisciplina partidaria" porque no votaron como el bloque quería (a pesar de que eran 26 de 30 diputados).

Ambas no estaban de acuerdo en el sistema electoral que se terminó aplicando en la reforma constitucional del ´86.

Destituidas, llevaron el caso ante la Corte. Y los ministros y el procurador terminaron protagonizando un escándalo en el aeropuerto Las Chacritas cuando persiguieron en sus autos al cortista Baistrocchi, quien no quería firmar el fallo para la restitución tal como pretendían los otros miembros de la Corte, supuestamente porque se iba a una reunión de cortistas.

El escándalo en el aeropuerto fue tal que hubo denuncias y el Ejecutivo terminó suspendiendo a la Corte y al Procurador. Luego se les hizo el juicio político o jury de enjuiciamiento.