DANIEL BOSQUE*
Los actores de la actividad coinciden en que hay en los mercados globales un renovado interés en el potencial geológico del país, pero que el inversor tiene aún una serie de incógnitas para despejar. Las recientes publicaciones sobre40 proyectos y US$ 20.000 millones de inversión posibles son, a ojos de analistas, números a confrontar con la realidad.
Los mercados han saludado los cambios monetarios y tributarios del gobierno de Cambiemos. Sin retenciones a las exportaciones y con menos trabas a las remesas de dividendos y las importaciones de suministros, la gestión de las empresas parece más sencilla y predecible. Pero el costo argentino sigue siendo un gran tema. La espiral inflacionaria ha persistido y crecido.
La reciente pauta oficial de un 42% de inflación para 2016 abrió el espacio a otro escenario salarial. AOMA acaba de comunicar un 41% de salariazo en la rama del Cemento, pero sin difusión mediática la seccional Santa Cruz del gremio minero acaba de pactar un 39% con las metálicas de la provincia. En una negociación expeditiva y sin intervención del gremio nacional, la dirigencia local de Javier Castro impuso sus demandas bajo amenazas de huelgas. Cualquier minera sabe que dos o tres puntos en disputa se terminan perdiendo en días de parálisis que impactan también en los informes a los accionistas.
La provincia patagónica hace tiempo de que dejó de ser un distrito minero low cost a pesar de las ventajas comparativas del Macizo del Deseado. Es un difícil acertijo cuanto puede durar el frágil equilibrio fiscal, político y social deAlicia Kirchner, hoy sostenida en la cornisa por la Nación, pero mientras tanto el "aporte voluntario” del 2% acordado con las empresas y los municipios ya marca una compensación con respecto a las retenciones quitadas. La asunción de Alicia K vino acompañada por el anuncio del retiro del impuesto inmobiliario minero, que había derivado en juicios de las compañías en la Justicia y paralizado la expansión brownfield en las operaciones, pero la solución al acoso de la política a la minería está lejos.
Santa Cruz hace tiempo que muestra las mismas caras e idénticas estrategias de cara a la minería. El empresario devidista Leonardo Álvarez, hoy ministro de la Producción, el nombrado gremialista Castro y su colega de la UOCRA,Cristian Salazar, entre otros, coinciden en un mensaje: sin retenciones y con estirón de precios en el oro y la plata, las mineras "se llevan el dinero en pala”y por eso su deber es apuntalar el presupuesto provincial. Inspecciones y multas del gobierno más huelgas sindicales son obstáculos que conspiran contra la evolución de la minería santacruceña, además de la presión estatal y de CAPROMISA para cerrar toda compra posible con proveedores locales, se quejan operadoras y exploradoras.
MORALES Y JEMSE
El caso santacruceño es un claro ejemplo de los límites de la argentina 2016: la Nación propone, pero las provincias disponen. No es el único, en la otra punta del mapa Jujuy ha activado la alerta de los actores de la minería. El gobernador Gerardo Morales ha pedido a las mineras del litio Orocobre y Exar un 20% de participación para su empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). La primera hace dos años que explota el litio del Salar de Olaroz y la segunda pretende hacer lo propio en asociación con la chilena SQM.
Para Sales de Jujuy, la filial de la australiana Orocobre, la pretensión gubernamental significa la alteración del acuerdo por el 8,5% suscripto con la anterior administración. Preocupados por el precedente, la Cámara Minera de Jujuy y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) llevaron el tema al gobierno nacional pero Morales insiste en su apetito. Este leading caseinquieta al sector en una provincia en la cual, además de prospectos interesantes de litio hay otras inversiones posibles, como el proyectoChinchillas, de Golden Arrow, por el que tiene una opción Silver Standard, hoy en proceso de cierre de Pirquitas.
Esta no es la única mina en proceso de cierre en Argentina. Alumbrera (Glencore, Goldcorp, Yamana, YMAD) por su volumen e implicancias es el más notable, pero también están Manantial Espejo (Pan American Silver),entre otros. Las tensiones de la política catamarqueña llevaron a Rodolfo Micone, actual presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN) a renovar el pedido del gobierno peronista de una Ley de Cierre de Minas para la órbita nacional. El proyecto llegó a ser redactado por los equipos jurídicos de la Secretaría de Minería que conduce Daniel Meilán, pero finalmente se impuso la tesis de no abrir el juego a una norma como ésta en el Congreso. Por las posibles reacciones en el parlamento y anti minería conocida y del debilitado FPV-PJ.
Justamente, el titular del PJ, José Luis Gioja, fue invitado a la tercera reunión del COFEMIN por su amigo Meilán para dar un mensaje a los representantes de las provincias. La visita del sanjuanino cayó muy bien a unos y no tanto a otros, como era de esperar. El ente interprovincial ya tuvo dos encuentros anteriores. La primera cita fue el reencuentro emotivo tras el mayoralato que lo supo vaciar y poner a su servicio, la segunda fue la elección de autoridades y adopción de mecanismos. La tercera ha traído la evidencia insuperable no todas las provincias tienen la misma receta para impulsar la minería. No son pocos, en el ámbito privado y público, los que sugieren a Meilán que su ansiado Pacto Federal Minero modelo siglo XXI avance con las "provincias amigas”. Negociar textos y marcos con provincias como Mendoza y Chubutes un ejercicio estéril, le dicen.
La provincia cuyana es para los empresarios mineros una fuente inagotable de frustraciones y desconfianzas. Y por eso no sorprende el ánimo desconfiado hacia la política local. El reciente diálogo público puede haber sido una experiencia fatua, dicen sus organizadores, pero fue volver a poner a la minería en la agenda. La trama chubutense es igualmente complicada por la cerrazón de Mario Das Neves a abrir una ventana a la minería en la Meseta,donde la plata y el uranio esperan una oportunidad. Son dos casos en los que la zonificación al interior de la provincia resolvería conflictos sociales y ambientales, es el mensaje de la Secretaría de Minería de la Nación.
EL PARTO DEL PACTO
Un acuerdo interprovincial serviría por ejemplo, para limar diferencias de criterios en temas sensibles como el manejo de los catastros. Hay estados provinciales, dueños de los recursos según las leyes argentinas, que siguen libretos rayanos con la inseguridad jurídica, a juicio de los inversores. Con el argumento de erradicar a "especuladores" de los catastros, a pesar de que el Código de Minería tiene herramientas para favorecer la movilidad de los expedientes, un criterio ha sido fijar tasas altas para catear y mover expedientes, como para establecer un umbral desde el que sólo inviertan las grandes empresas. Las exploradoras consideran que se cumplió con el primer objetivo, pero no llegaron las grandes empresas en nuevas regiones.
Además ya son varias las provincias, incluso en las más apreciadas por las empresas mineras, en que las leyes para la caducidad y reversión de áreas a las empresas estatales han creado un nuevo escenario de restricciones, se quejan las mineras.
¿Entonces no hay negocios posibles? No, todo lo contrario. Argentina por razones globales y domésticas volvió a estar en el atlas minero. Y además de los contratos "inmobiliarios” por áreas prometedoras ya hay datos de que este verano habrá equipos perforando y explorando. Una primera estimación en San Juan suma unos US$ 30 millones. Una montaña de dinero si se tiene en cuenta de que la aguja había caído a cero.
Compensar el mencionado balance sectorial de pérdidas de minas y volver a una dinámica de apertura de explotaciones es un camino sinuoso y zigzagueante. Hacen falta buenos pilotos y navegantes. De esos que no sacan el pie del acelerador y que no pasan de largo en las curvas.
*Director de Mining Press y EnerNews