El derrumbe del fondo en dólares del Arzobispado: un tercio, para un abogado

Ese dinero repatriado es el que está actualmente bajo la mirada de la Justicia Federal, luego de la denuncia del ex contador Juan Brozina de que se hizo cometiendo el delito de lavado. Y en la discriminación de esa cuenta de gastos de esos 385.890 dólares hay erogaciones que encendieron un alerta entre los sacerdotes del consejo de administración que recibieron esta rendición de cuentas del contador Víctor Saiz el 28 de junio pasado.

Fue una reunión surgida en medio del caso judicial y las derivaciones del escándalo con Brozina, en la que varios religiosos recibieron documentación del profesional contratado por el Arzobispado luego de la salida del ex contador al que denunciaron por estafa. Ese documento grafica todo el periplo del fondo dolarizado depositado por Italo Di Stéfano en las Caymán en el año 2000 por 635.000 dólares, que luego llegó a superar los 800.000 dólares y que se cayó pronunciadamente en 2008 a un tercio de lo que era.

Actualmente, la cuenta del Arzobispado de San Juan en el Banco Santander Internacional de Miami (entidad a la que dispuso Monseñor Delgado girar los fondos luego de haber permanecido en el Santander Internacional Grand Caymán y en el Santander Central Hispano Bahamas, dos paraísos fiscales globales) es de 216.402 dólares, con fecha de corte al 31 de diciembre último.

De esos 385.000 dólares que el Arzobispado notificó haber utilizado en gastos de la entidad entre 2005 y 2008, sobresale con claridad una cifra de 203.000 dólares destinados al apartado "terreno guardería”. Como podrá advertirse, es una suma que alcanza a casi un tercio del depósito inicial, los que ahora el Arzobispado informa que se emplearon en ese terreno.

Pero no se habrían utilizado en el pago de algún capital, sino en abonar los honorarios profesionales de un equipo de abogados que intervino en el proceso de recuperación de ese terreno ubicado entre las calles Central, Entre Ríos y Mitre, frente al Juzgado Federal, que ahora está alquilado a un particular para que lo utilice como una guardería.

Es lo que surge de la misma documentación presentada por el contador Saiz a los sacerdotes y algunos laicos integrantes del Consejo Asesor que recibieron el informe. En letra minúscula y prácticamente imposible de leer, el documento adjunta un convenio de servicios profesionales celebrado entre el Arzobispado y los abogados Rodolfo, Paola Susana y Carla Analía Nale, por el importe de los 203.000.

Justamente eso es lo que llama la atención. Unos honorarios profesionales tan altos –al punto que se consumieron casi un tercio de lo que había depositado originalmente Di Stéfano en del fondo dolarizado- para un proceso de reclamo a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Más allá de la dificultad o no de la gestión profesional, la suma estaría relacionada solamente a los honorarios.

El caso con el municipio capitalino estaba encaminado desde hace tiempo, y en esos años –entre 2007 y 2008- ya había quedado a la firma del Ejecutivo municipal sin más trámite que ese. Se trata de un proceso de retrovisión de un acuerdo previo entre el municipio y la Iglesia, que el primero no había cumplido en muchos años.

La historia es que entre ambos se intercambiaron terrenos, destinados cada uno a un fin específico: el municipio capitalino cedió al Arzobispado el terreno ubicado frente a la sede municipal para que construyera una Iglesia, y el Arzobispado cedió al municipio el terreno de la Av. Central y Entre Ríos –una pertenencia histórica de la Iglesia en San Juan desde los tiempos coloniales- para que éste construyera un teatro.

El Arzobispado cumplió y construyó el templo de la Merced. El municipio, no. Por eso, con el tiempo, el Arzobispado comenzó a hacer gestiones para que se lo devuelvan, con el argumento de que no se había cumplido con el fin específico. En 1995 estuvieron cerca de concretarlo, pero otras urgencias demoraron el trámite. Incluso, surgió un planteo de un agrimensor que había hecho su trabajo y como no había cobrado bloqueaba el acuerdo. En junio de 1999 le pagó el propio Arzobispado 11.000 pesos/dólares, con tal de acelerar el trámite. Que igual se demoró.

Recién en 2007 volvieron las gestiones y se aprobó la resolución y la ordenanza para devolverle al Arzobispado el dominio del terreno que históricamente le perteneció. Ahora se conoce que los honorarios de los abogados habrían superado los 200.000 dólares, de acuerdo al documento distribuido el mes pasado.

Esos 203.000 dólares a los abogados es el gasto más voluminoso de los 385.000 que fueron extraídos entre 2005 y 2008. Parte de esa suma –la mitad del depósito original de Di Stéfano- fue empleada según la rendición de cuentas del fondo el Seminario Arquidiocesano: quienes recuerdan la historia de ese dinero depositado en el exterior por el anterior arzobispo señalan que lo fue acumulando para terminar la obra del seminario ubicado en Pocito, pero que luego el entonces jefe religioso de la provincia consiguió que el gobierno nacional financiara la obra por medio de ATN. En consecuencia, quedaron esos más de medio millón de dólares que fueron a parar inicialmente a las Caymán, y sólo fue necesario un desembolso de 6.000 de ese fondo para el seminario.

También hay un aporte para la parroquia de Santa Lucía (57.000 dólares), para la instalación eléctrica del Arzobispado (90.000 dólares), para la refacción de la casa de calle Mitre lindera al edificio del Arzobispado (7.000 dólares), para el sonido de la Iglesia Catedral (6.000 dólares), para ayudas a las parroquias (30.000 dólares), para un cambio de vehículo (7.500 dólares), para el sostenimiento del Arzobispado (115.600 dólares), y para vehículos de parroquias de frontera (35.000 dólares).