La visita más extraña, en un momento delicado

 Por Sebastián Saharrea

En la Fiscalía General de la Corte recibieron la noticia en la misma mañana del martes, y varios empleados no podían creerlo: estaba en viaje a la provincia Alejandra GilsCarbó, la jefa nacional de todos los fiscales del país, para presenciar la inauguración de la Fiesta del Sol.

Cualquier lector de las noticias nacionales habrá comprendido de inmediato que no se trataba de una visita del montón, tampoco que no dejaría hilo para cortar. Y así fue. Porque el viaje de la encumbrada funcionaria fue prácticamente sin agenda judicial, su territorio, sino que se limitó a un encuentro con el gobernador Sergio Uñac y a una presencia protocolar en el corte de cinta.

Hay varios motivos por los que la llegada de la máxima autoridad de los fiscales en todo el país resultó una sorpresa. El más evidente es que se trata de una funcionaria judicial atacada sistemáticamente por toda la línea del gobierno nacional, desde Macri para abajo, y eso no encaja con la relación amistosa que vienen trabando la Nación con la provincia.

El presidente Macri y todos sus funcionarios dicen ante cuanto micrófono puedan que esperan la renuncia de Gils Carbó porque la consideran una funcionaria judicial "militante”, deducción que extraen de las buenas migas que hizo la jefa de los fiscales con la ex presidenta Cristina Kirchner, y hasta por la cercanía que mostraron ambas.

Pero GilsCarbó se ha negado sistemáticamente a irse y sostiene que son presiones que no la harán alejarse porque sus fallos son independientes. En este clima se viene manejando una relación que no es fácil en la Procuradora y el Ejecutivo Nacional, que tuvo como eslabón también el hecho de que la gestión Macri decidió por decreto demorar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal reformado que le da al Ministerio Público encabezado por Gils Carbó la potestad de encabezar las investigaciones en el fuero federal, lo que implica una evidente jerarquización de todos los fiscales y de la propia jefa. Además de varios intentos parlamentarios de desgaste: ponerle un plazo de 4 años en lugar de su condición vitalicia.

En ese contexto se produjo el aterrizaje de la fiscal a la provincia, una visita de altísimo relieve que sorprendió a los magistrados locales, a quienes no se les había adelantado la novedad. Para más dato, otra evidencia: en las horas en que estuvo en la provincia, Gils Carbó no mantuvo agenda en Tribunales ni en los juzgados federales, su ambiente natural. Como sí desplegó ella misma la última vez que llegó a San Juan.

En el gobierno sostienen en estricto off que seguramente la invitación le fue cursada a la magistrada por una cuestión protocolar, y ella decidió aceptarla y viajar. Pero ni siquiera ella avisó a su línea judicial, ni a los fiscales federales encabezados por Francisco Maldonado ni al fiscal general de la provincia Eduardo Quattropani, con quienes sí visitó el martes a Uñac en su despacho.

Igual sostienen que su presencia no supone un desaire para nadie, sino un orgullo que haya aceptado. En relación a la enemistad de Gils Carbó con el gobierno nacional, explican que hay cosas en las que no se puede hacer análisis sobre las buenas o malas relaciones ajenas, y que una cosa es el buen vínculo y otra cosa defender el interés provincial. Como el caso del reclamo sanjuanino vía judicial del 15% de la coparticipación, que deben hacerlo. Primero para no incurrir en delito y luego por su obligación de defender el patrimonio provincial, más allá del aceitado vínculo político con la Nación. Incluso, cuentan que fue afectuoso el saludo de Gils Carbó con Alfredo Cornejo, gobernador mendocino y alineado políticamente con Macri.

Hasta acá una dimensión de la visita, pero hay otra. Es que justo el viaje de Gils Carbó se produjo cuando recrudeció a nivel nacional la marejada por el derrame de cianuro en Veladero. Fue a causa de un informe de una dependencia de la Policía Federal que consideró acreditada la contaminación en 5 ríos por el accidente ambiental, al haber encontrado cantidades mayores a las normales de cianuro y otros metales. La empresa Barrick salió a retrucar indicando que esos niveles son naturales en los ríos de la zona y lo demuestra con las tomas previas al desarrollo de la mina, pero lo que viene al caso es que el informe de la Federal fue solicitado por el fiscal federal Ramiro González, en quien el juez federal Sebastián Casanello delegó la investigación. Y González es un fiscal que responde a Gils Carbó.

Pero la jefa de los fiscales nacionales tendrá ella misma seguramente algo que decir en este asunto. Es menos probable que lo haga en la cuestión de fondo (es decir, si hay o no delito) sino en el conflicto de competencias que nace de las dos investigaciones penales en marcha, que deberán ser lógicamente unificadas en una.

Es que ahora hay dos jueces investigando lo mismo. El juez Pablo Oritja –a cargo de la segunda circunscripción de Jáchal- realiza su propia investigación para determinar su hubo contaminación y tiene imputados a varios empleados de Barrick. Mientras que el juez federal Casanello también inició su propia investigación por los mismos delitos, y en su caso apunta también contra ex funcionarios. La diferencia es que la justicia federal entiende que el posible efecto de la contaminación puede afectar a varias jurisdicciones –no sólo a San Juan- y por lo tanto reclama competencia.

Esa doble investigación no podrá continuar, resulta lógico, y quien deberá determinar a quién le corresponde la investigación del caso es la Corte Suprema de Justicia. Cuya fiscal es justamente GilsCarbó, la sorpresiva visitante de esta semana, a quien deberán correr vista para que se expida.