"Nadie puede mandarme a agarrar la pala"

Pablo, Facundo y Luis D Elía fueron citados a indagatoria por la jueza María Servini de Cubría, quien los acusó por el artículo 253 del Código Penal que prevé penas de "multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años" para el funcionario público "que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales".

"En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales", indica el Código Penal. La causa se inició en 2014 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por irregularidades cometidas en el ingreso de los tres a la Anses en 2008, pues se cuestiona que no contaban con título secundario y no estaban suficientemente capacitados para el puesto.

Pablo ya se presentó este miércoles ante la jueza y entregó un escrito, lo mismo que hizo este jueves su hermano Facundo, en tanto que Luis Ignacio está convocado para el martes próximo, aunque también fueron citados a indagatoria los responsables de contratarlos, Julio César Casavelos y Paula Torres-.

"No tengo dudas de que la presente causa no es más que otro hito en el ataque que el Partido Judicial viene haciendo contra mi familia, con motivo de que mi padre es un destacado luchador social. Desde ya les aclaro que pierden el tiempo. Nunca bajaremos los brazos hasta que en nuestro país, el de todos, haya justicia social", acusó Pablo en el escrito al que accedió NA.

Bajo el patrocinio de los abogados Adrián Albor y Marcelo Parrili, el joven recordó que ingresó a trabajar al segundo escalafón más bajo en la categoría de la ANSES y agregó: "Lo que se decida en la presente causa me tiene sin cuidado. Hagan lo que quieran. Al único juicio que me someto es al del pueblo. Ustedes no tienen ninguna legitimación para juzgarme".

Tal cual recordó la Cámara Federal al reabrir la causa que había sido archivada, los nombramientos se oponían a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, que exigía "que el personal designado en las aéreas administrativas y de servicios generales de la institución cuente con título secundario".

Previamente, Servini de Cubría había tenido en cuenta que la Ley de Contrato de Trabajo al respecto, la cual no exigía la rendición de título secundario.

"Resulta imperioso determinar si los antecedentes informados por los incursos en sus respectivos currículums (donde se alude a la prestación de servicios laborales previos a favor de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) suponen o no la configuración de las excepciones establecidas en la normativa presuntamente incumplida", dijo la Cámara.

Por su parte, Facundo D Elía denunció que hubieron 8.000 empleados que ingresaron a la ANSES sin tener título secundario y que el hasta hace poco secretario de Cultura porteño Darío Loperfido tampoco lo tuvo.

"Si lo que se me reprocha es ser un D Elía y trabajar en el Estado resulta muy ilustrador ver los apellidos que lucen en las puertas de los juzgados, tantas veces repetidos", sostuvo el otro hijo del piquetero.

Y agregó: "Nadie me puede mandar a agarrar la pala, no puede decir que soy un ñoqui. Parece que me falta la papeleta verde".