Ahora sí, ¿cambia la Corte?

Kilómetros de palabras, hectolitros de saliva se gastaron en especular cuándo se produciría el recambio en la Corte de Justicia de San Juan que se cae de maduro desde hace años y que se sigue resistiendo al desgaste, el paso del tiempo y hasta el descrédito por el calamitoso estado del servicio. Se dijo como argumento más recurrente que sería luego del proceso electoral, si es que hacía falta algún pronunciamiento sobre la capacidad o no de José Luis Gioja para presentarse o no.

No hizo falta. El gobernador hizo finta a la hipótesis de una eventual necesidad de que los máximos jueces sanjuaninos le hicieran la venia, y entonces la pregunta volvió a circular: ¿para cuándo? Y justamente no es poca cosa la relación entre los magistrados del tribunal y el gobierno de turno, en este caso el de Gioja. Lo verifica la actitud opuesta a nivel nacional: un juez que lleva ya 98 años de existencia y 35 de supremo (obviamente Carlos Fayt), que por lógica natural parece alejado de albergar aún todas sus lucideces y a quien el gobierno de CFK ha decidido enfocar como paradigma de lo avejentado de la justicia en general y lo caprichoso en particular de sus integrantes, amén de disparar también contra su más joven presidente Ricardo Lorenzzetti.

No se pretende por estos lados ni de cerca una conflagración abierta como ésta, sí existen parámetros comunes. Si es cierto que a cada cambio de ciclo político se le corresponde otro en el plano judicial, pues está San Juan inmerso en una mutación estructural de su esquema con la salida del mando del gobernador que manejó los hilos durante 12 años.

Sin grandes acuerdos ni desacuerdos públicos más allá de las tensiones lógicas de las causas que los tienen por parte interesada. Con un estado de situación que bien ilustraría la definición de "hacer la plancha”. Dejar hacer de un lado y de otro, con intereses satisfechos a ambos lados del mostrador: una corte moderada y que siga los pasos aunque a veces hubiera que usar el látigo, en el caso de los intereses del gobierno; un gobierno que hiciera la vista gorda en cuestiones de más alto interés supremo como designaciones y permanente, en el caso de los cortistas.

Con un momento determinante en el horizonte: el día que la gestión necesitara el visto bueno judicial para habilitar la interpretación constitucional para un nuevo período de gobierno. Ese día no pasó. Y la pax tácita entre unos y otros pareció irse quedando sin motivos. Podrá ser ahora el momento el desenlace o lo será cuando se produzca un recambio natural, lo cierto es que ahora habrá alguna señala para acompañar una decantación pacífica.

Que tiene todas las condiciones para producirse, y que viene acompañada por ríos de rumores. Hay versiones de recambio desde que la actual formación ya quedó un poquito pasada en años y es ganas, es decir hace ya mucho tiempo. Todos los integrantes de la Corte sanjuanina actual están en condiciones de jubilarse, y desde 2012 tienen además el privilegio sobre otros empleados públicos –ellos también lo son- de pasar a retiro con el 82% de sus ingresos como activos.

Esa moratoria gestionada por el actual gobierno se convirtió en un pasaporte al recambio, porque todos los jueces de todas las instancias retenían hasta ese momento sus cargos para no caer en la bolsa jubilatoria general. Lo hacían invocando el santo nombre de las presiones judiciales: que nadie se atreva a sugerirles el retiro, so pena de encuadrar en condición de agravio institucional y atropello judicial. Todo mortal se jubila a los 65 en este país, excepto los jueces que conservan la potestad de quedarse si se consideran en condiciones, hasta llegar al exabrupto de mantenerse a los 98 años y prestando la firma a los picarones.

En San Juan se fueron casi todos menos los cortistas, es decir los más importantes. El resultado es un cambio de nombres sobre viejas estructuras aún vigentes. Se queman las pestañas en Tribunales pensando por qué no se van: si por algún motivo estratégico de alto interés público o simplemente para seguir acomodando gente allegada en esta verdadera agencia de empleos personales que es el palacio. Carlos Balaguer tiene 77 años, Angel Medina Palá tiene 75, Adolfo Caballero tiene 70, igual que Juan Carlos Caballero Vidal, mientras el más joven es Abel Soria Vega con 69.

Llevan con esta formación 18 años sin un recambio. Hay quienes mantienen más de 30 años como cortista. El último en amagar con un retiro fue precisamente Balaguer, quien dejó deslizar una renuncia inminente al cargo y un recambio como consecuencia de su salud y cierto "agotamiento”. Fue en febrero del 2014, hoy sigue firme.

No pasó nada, ni con él ni con ninguno. Hubo una especie de paréntesis en las especulaciones hasta que pasara la turbulencia de la eventual interpretación de la cláusula constitucional sobre la reelección. No hizo falta, y era cantado que volverían los rumores. Volvieron, como siempre. Que hay movimientos en el banco de suplentes, otros lo detectan para luego de pasado el concurso de ingreso, justamente bajo la especulación de es eso lo que verdaderamente interesa a los máximos magistrados, y no las grandes jugadas en el tablero judicial.

Como volvieron los rumores de alejamiento, también volvieron los rumores sobre los eventuales reemplazantes. Los nombres dependen del número: como están todos en condiciones de retiro, puede darse una salida individual o de varios. Los más cercanos son lógicamente los de mayor edad –Balaguer y Medina Palá- y también se cita en esa situación a Caballero Vidal.

Los postulantes a reemplazarlo nunca lo dirán en voz alta, por razones obvias. Es un hecho que al oficialismo le caería bien inaugurar el casillero de las mujeres cortistas en San Juan. Nunca hubo una ni siquiera a nivel nacional, Kirchner las hizo debutar por dos: la fallecida Carmen Argibay y la vigente Elena Highton de Nolasco. Encima, hay un nombre con todos los boletos: Mara Alcoba, ex jefa legal del gobierno y actualmente trabajando en Tribunales.

Tampoco deja de figurar nunca Daniel Tomas. El diputado tiene una fuerte relación con Gioja y es el máximo operador del oficialismo en Tribunales: de su equipo surgieron no sólo funcionarios sino también postulantes a jueces y fiscales que luego avanzaron. Siendo la Corte el puesto mayor, el propio Tomas es carta fuerte. Como lo hubiera sido Guillermo De Sanctis, principal jurista del equipo pero de apariencia inamovible en la Fiscalía.

La otra jugada fuerte que se escucha no deja de ser audaz, pero interesante. Es la de impulsar al actual Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, para un cargo de cortista. En realidad, los puestos son equivalentes en jerarquía, pero la Corte tiene el atractivo especial de manejar mayor poder porque es la que corta el bacalao presupuestario. Las razones por las cuales el oficialismo impulsaría a un hombre que no es su riñón (proviene de la Cruzada Renovadora y mantuvo algunos cruces silenciosos con el gobierno) son sencillas: es un reformista nato, única garantía de que podrán avanzar en las transformaciones que necesita un sistema que a cada paso que da demuestra lo oxidado que está.

Sería además un especial estímulo dentro de una estructura colegiada acostumbrada a la rutina, que alguien como el fiscal sacudiría de manera especial. Se sacuden, de hecho. Hoy son contraparte y mantienen duelos que suelen ser de contenido, pero que son especialmente de estilo.

La pregunta es si Quattropani aceptaría dejar la Fiscalía para pasar a la Corte. La primera respuesta, sin habérselo preguntado, es que no. Pero si el desafío es tentador, cuentan en su entorno que podría aceptar el convite. Lo tentador no pasa, ya está dicho, por un salto de jerarquía ni por un beneficio salarial (que tampoco lo hay). El tamaño lo dará la posibilidad o no de hundir el bisturí hasta el fondo y concretar reformas largamente demoradas: un sistema de ingreso presentable, un sistema de ascensos ídem, implementación del sistema acusatorio, mejoras en notificaciones y en la morgue, creación de más juzgados especialmente de paz, largos etcéteras. Para eso hace falta número y atribuciones, lo demás es ganas.

Si eso ocurre, también empezarán a aparecer los que se prueben el traje de fiscal general, un cargo ya demasiado importante y en el futuro inmediato más aún. Porque tendrá en sus manos la investigación criminal por medio de los fiscales cuando se aplique el nuevo código, también la policía judicial si es que se implementa.

Se escucharon los nombres de algunos anotados. El actual fiscal Gustavo Manini es uno de ellos, otro es el fiscal de Cámara José Eduardo Mallea. Y hasta sonó por el ahí el nombre de Rubén Pontoriero, querellante en el escándalo de las expropiaciones. Parece imposible, el tiempo dirá.