Duro revés a sanjuanino que fue juez federal en Mendoza

Los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hicieron lugar al recurso de casación presentado por el ministerio público fiscal federal, a cargo de Dante Vega, y revocaron el sobreseimiento que había sido dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Así, Eduardo Mestre Brizuela sufrió un revés judicial y le reabrieron una causa por prevaricato, donde lo acusaron de haber ordenado archivar el secuestro de una beba durante la última dictadura, siendo que esos delitos no prescriben y son considerados de lesa humanidad.

En Mendoza el dato no pasó desapercibido, ya que esa beba luego fue la primera nieta recuperada y se transformó en un caso emblemático. Pero en San Juan sólo unos pocos recibieron con asombro el dato, ya que Eduardo Mestre Brizuela es sanjuanino.

Los abogados militantes de la Unión Cívica Radical son quienes más recuerdan al ex juez federal que sufrió el revés judicial en la Cámara Nacional de Casación Penal, la segunda máxima autoridad judicial del país, después de la Corte Suprema de Justicia.

Es que Eduardo Mestre Brizuela militó en el radicalismo sanjuanino, aunque no llegó a ocupar grandes cargos públicos.

Políticamente su carrera fue muy distinta a la de su hermano Ramón Bautista Mestre, quien se fue a estudiar odontología a Córdoba y terminó siendo intendente, gobernador y hasta Ministro del Interior del país. En aquella provincia aún está el sobrino de Mestre Brizuela, Ramón Javier Mestre, el actual reelecto intendente de la Ciudad de Córdoba.

En el ámbito judicial sanjuanino todos recuerdan a Eduardo Mestre Brizuela como un abogado prestigioso. Cuentan que en sus años como litigante era un referente en materia civil y comercial. También lo definen como un formador de los abogados más jóvenes, con quienes compartía gentilmente sus conocimientos.

Entre 1978 y 1979, en los años complicados para ejercer la abogacía por el gobierno de la dictadura militar, Eduardo Mestre Brizuela ejerció la presidencia del Foro de Abogados de San Juan. Y por aquella gestión fue homenajeado hace tres años por esa institución (ver foto).

Mestre Brizuela dejó de ser litigante en San Juan para pasar a la magistratura nacional como juez de la Cámara Federal de Mendoza. Estuvo varios años en ese cargo hasta que se creó el Tribunal Oral N° 1, entre los años ´93 y ´94, y pasó a integrar el tribunal junto a otro juez federal sanjuanino, Juan González Macía y el fallecido Pereyra González.

Siendo juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue cuando intervino en la causa que ahora lo tiene entre las cuerdas. Ocurrió el 16 de septiembre de 1987. Mestre Brizuela archivó la causa donde se investigaba el secuestro de la menor Rebeca Celina Manrique Terrera. El sanjuanino aplicó el artículo 1º de la ley 23.492, la cual fue derogada el 3 de septiembre de 2003.

Según el fallo judicial, ese artículo preveía la posibilidad de extinguir la acción penal respecto de aquellas personas involucradas en delitos de jurisdicción militar, que no estuviesen prófugos, rebeldes o no hayan prestado declaración indagatoria durante el plazo de 60 días de su vigencia.

Terrera fue secuestrada el 24 de julio de 1977 junto con sus padres Alfredo Mario Manrique y Laura Noemí Terrera. Ocurrió en el trayecto comprendido entre la estación terminal de ómnibus de Mendoza y su domicilio en Godoy Cruz.

Luego la causa se reabrió y el Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza esclareció el paradero de la menor y su verdadera identidad. El 13 de marzo de 2007 la joven recobró su identidad y fue le primera beba recuperada en Mendoza.

A raíz de ese fallo que archivó el secuestro, Mestre Brizuela fue imputado por prevaricato, porque entendieron que el ex magistrado lo hizo sin tener en cuenta que los artículos. 5º de la citada ley, y 2º de la ley 23.521, expresamente prohibían la extinción de la acción penal cuando la investigación recaía sobre casos de sustracción y ocultación de menores.

En un primer momento el Juzgado Federal nº 1 de Mendoza, rechazó el sobreseimiento pedido por Mestre Brizuela. Luego la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hizo lugar a su pedido, al entender que se "había afectado la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable”.

Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese sobreseimiento. Dice el fallo: "Si bien de momento no existen elementos probatorios como para agravar la situación procesal de Mestre Brizuela, la prueba reunida en las presentes actuaciones impide descartar, en la etapa procesal en la que se encuentra el legajo, la posible responsabilidad penal del imputado en el hecho investigado”.

El artículo 269 del Código Penal Argentino castiga el prevaricato y establece una pena de multa (3.000 a 75.000 pesos) e inhabilitación perpetua al juez que dicte resoluciones contrarias a la ley.