La otra pelea por cargos judiciales, ahora en Capital

Canal 13 San Juan

A la habitual disputa por los cargos en el Poder Judicial se suma por estos días otra que replica las tensiones pero a nivel comunal. En Capital el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Orgánica de la Justicia Municipal y, detrás de este título, abrió la puerta a la creación de un nuevo Juzgado y de un Ministerio Público, con sus respectivas estructuras funcionales.

 

La ordenanza, aprobada en votación dividida, puso al desnudo las diferencias políticas. El proyecto impulsado por los jueces municipales Horacio Hernández y José Cardús, que hizo propio el Poder Ejecutivo, contó obviamente con el respaldo del oficialismo justicialista, más el bloquismo y el concejal de ACTUAR, Gustavo Usín.

Levantaron la mano en contra el basualdista Guido Romero, la macrista Eugenia Raverta y Tristán Yanzón, del bloque unipersonal Fiscal. Sólo estuvieron ausentes ese jueves 27 de noviembre el presidente del Concejo, Mario Herrero, que quedó a cargo de la Intendencia, y el basualdista Gonzalo Campos, por problemas de salud.

La ordenanza pasa en limpio el régimen judicial municipal, amplía las facultades y funciones reconocidas hasta el momento y, en consecuencia, agranda la estructura para atender un sistema más abarcativo: los jueces podrán ejecutar deudas de tasas, tributos y multas.

Las atribuciones más allá de lo tradicional quedaron de manifiesto cuando el municipio enfrentó a los vecinos del barrio privado "Casa Grande” que habían ocupado ilegalmente terrenos fiscales por donde luego se abrió la calle Nuche. Los recursos particulares contra el desalojo ingresaron directamente a la justicia provincial en lo contencioso administrativo. Pero se terminó reconociendo la competencia de los juzgados municipales para dirimir el asunto. Así lo explicó el concejal justicialista que defendió el proyecto en el recinto, Gabriel Castro.

En la vereda opuesta, el basualdista Romero reprochó que la ordenanza modifique la Carta Orgánica Municipal y que la creación de más estructuras genere costos adicionales que no redundan en un beneficio directo al vecino. De todos modos, los cambios quedaron aprobados. 

Los magistrados dejan de llamarse "de Faltas”, para adquirir la denominación de "Jueces Municipales” a secas. Los dos juzgados actuales fueron creados durante la gestión del bloquista Enrique Conti en el año 2005. En octubre de ese año fueron designados, para el Primer Juzgado de Faltas Municipal, Horacio Hernández como juez y Sergio Conte Grand como secretario; y para el Segundo Juzgado de Faltas Municipal, José Cardús como juez y Alfredo Carrizo como secretario.

Desde entonces hasta ahora, cuando un vecino apelaba la resolución de uno de los jueces, lo hacía ante el otro. Hernández "revisaba” las resoluciones de Cardús y viceversa. Ahora eso cambia: con la designación de un tercer juzgado, ese nuevo magistrado se sumará a la primera instancia y, con sus otros dos colegas conformarán una cámara de apelaciones, como segunda instancia.

Además, la ordenanza dispone la creación de un Ministerio Público, algo así como el cuerpo de fiscales del Poder Judicial de la provincia, para defender los intereses del municipio en cada controversia. Es una figura inexistente hasta ahora en Capital.

Si bien la creación de estas estructuras nuevas aún no tiene fecha, desde la sanción de la ordenanza orgánica queda habilitado el procedimiento para avanzar en cualquier momento. Con el año prácticamente cerrado y la gestión de Marcelo Lima entrando en la recta final antes de entregar el poder en diciembre de 2015, no parece descabellado que quieran liquidar el asunto antes de la finalización de mandatos.

El procedimiento para designar el nuevo juez municipal quedó establecido en la propia ordenanza: el Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará el concurso de antecedentes para los aspirantes, conformará una terna y la remitirá al Concejo para la designación del elegido. 

Como el resto de los magistrados, los municipales gozan de la garantía de inamovilidad en sus cargos mientras dure su correcto desempeño y buena conducta y sólo podrán ser removidos por el Concejo a través del juicio político.

Su remuneración básica será equivalente al 80% de los haberes del intendente, más adicionales por responsabilidad jerárquica, funcional, permanencia en el cargo, antigüedad y otros que se fijen a futuro en ordenanzas.

Los jueces municipales, como la Corte de Justicia de la provincia, elaborarán todos los años su propio presupuesto y lo elevarán al Ejecutivo Municipal para su inclusión en la ordenanza presupuestaria anual.

 

El tercer juez municipal incluirá también su respectivo secretario, con una remuneración equivalente al 65% del salario del intendente. Con respecto al Ministerio Público, la ordenanza delega en el Departamento Ejecutivo la reglamentación.

"No estamos creando ya el Tercer Juzgado y el Ministerio Público. Para eso habrá otra ordenanza. Necesitamos una estructura adecuada.”

 

"No tienen fondos para poner cámaras de seguridad y van a crear más estructura municipal. Esto no le va a facilitar la vida al vecino”

Hasta la creación de los dos Juzgados Municipales de Faltas en Capital, todos los temas inherentes a infracciones y tasas impagas, por ejemplo, eran tramitados por los tres Juzgados de Faltas de la provincia.

El único municipio que contaba con un modelo semejante era el de Rivadavia, creado en 1994, durante la intendencia de Jorge Abelín. Fue designada para ocupar el puesto Gladys Abelín de Tejada, hermana del jefe comunal, ratificada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

Excepto Capital y Rivadavia, el resto de los municipios derivan sus conflictos judiciales a los tribunales provinciales.