¿Qué falta para que en San Juan investiguen los fiscales?

Es sólo uno de los eventuales beneficios de un posible cambio de sistema judicial para los casos penales que hoy está en la cresta de la ola porque se debate en la modificación del Código Procesal Penal para el sistema federal, y que cada provincia por su parte ha ido introduciendo en sus propias estructuras judiciales y con matices diferenciados.

Una mirada en todo el territorio nacional indica que hay más distritos que de una u otra manera lo fueron introduciendo, que los que no. Para ahorrar menciones, sólo señalar que no rige en Corrientes, Formosa, Misiones, Río Negros, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de a nivel nacional y de San Juan.

En la provincia, la reforma del Código Procesal Penal del año 2003 estableció en su artículo 410 que los jueces podían delegar funciones de investigación a los fiscales, pero sólo en los casos correccionales, es decir los de menor relevancia. Pero inmediatamente entró en vigencia, la propia Corte suspendió el sistema por un año, y al año siguiente la Legislatura pateó para adelante su implementación hasta que la Corte entendiera que está en condiciones de implementarlo.

Es decir, nunca hasta el momento. Pasaron 10 años desde ese momento y no volvió a conocerse ninguna noticia, y de hecho ya ese artículo resultó envejecido. Para poder instrumentar el sistema de investigación hace falta ya no levantar esa restricción sobre el artículo que existe en el Código Procesal provincial, sino nuevamente reformarlo para hacerlo extensivo a todas las causas penales.

A tono con los tiempo que corren con el debate a nivel nacional para que los fiscales investiguen las causas federales, como se debate en el Código de Procedimientos en el Congreso, en la provincia hubo en los últimos días un renovado movimiento: el gobernador Gioja anunció la creación de una comisión ad hoc que se dedicará a analizar de qué manera se puede avanzar en un anteproyecto para luego enviarlo consensuado a la Legislatura.

Se trata de un acto de voluntad política y habrá que ver hasta dónde llega con su envión. En principio, porque se eligió el camino del debate académico previo al parlamentario, lo que supone la irrupción de decenas de voces, cada uno con su teoría. Los que han participado en este tipo de comisiones para redactar normas –desde la Constitución provincial hasta un sistema penal juvenil- señalan la dificultad de superponer miradas distintas que suelen terminar pariendo engendros de extraño mestizaje.

Será un puntapié inicial para un debate de fondo en el sistema judicial sanjuanino. Que, en el caso de avanzar, traerá una larga lista de modificaciones tanto en el organigrama de Tribunales como en la estructura de poder de la justicia. ¿Por qué? Porque la implementación del sistema acusatorio implica que los fiscales se harán cargo de llevar adelante el peso de la investigación: eso implica designaciones de fiscales, recortes en el espacio de poder de los jueces y alteración en la relación entre la Corte y el Ministerio Público, siempre demasiado tirante.

Habrá que ver cuando se avance, en que niveles, con qué velocidades y hasta qué jurisdicciones alcanza el envión. Se puede hacer de manera progresiva, tanto en territorio como en determinados fueros –como se hace en otras provincias- o producir un cambio sustancial. De allí surgirá qué es lo que hace falta, en gente y estructura.

La investigación fiscal requiere de la presencia de un miembro del Ministerio Público en cada comisaría, o al menos designar circuitos que abarquen determinada zona geográfica –que incluya a dos o tres comisarías-  y asignarle a cada uno un fiscal. La provincia tiene 35 comisarías en toda la provincia, por lo tanto requeriría de unos 20 fiscales nuevos y dos o tres jueces de garantías que regulen los procesos.

Puede comenzar el sistema de manera acotada a una zona, por caso sólo en la Capital, o el Gran San Juan. De ser así, sólo haría falta una dotación de fiscales en ese distrito, mientras el resto puede seguir funcionando transitoriamente con el mismo sistema. O se puede realizar en todo el territorio provincial, creando nuevas fiscalías y juzgados de garantías, mientras los actuales juzgados y fiscales pueden seguir tramitando las causas ya iniciadas. Eso sí, sin entrar nuevamente en turno y generando un importante ahorro de tiempo para avanzar todo lo que tienen retrasado.

Como puede advertirse, cualquier opción demandará una negociación y una decisión. Que pasará por los recursos disponibles y por la voluntad de avanzar de modo rotundo o en partes. También, del equilibro de poder en Tribunales, hoy definido por la pulseada entre la Corte y el Ministerio Público en el que el primero dirige cada paso en materia presupuestaria y de designaciones y debe aprobar una medida que evidentemente dará mayor jerarquía a su contraparte en estas fricciones. Como se puede entender, extrema dificultad.

Todo eso transcurre en el tablero de la negociación, pero también en un escenario judicial en el que ya parece necesario no dejar pasar más tiempo para solucionar los graves problemas funcionales del servicio. ¿Se darán esos pasos? Con ironía, un interlocutor judicial avezado responde con otra pregunta: "¿cuándo viste a la Corte tomar decisiones de fondo?” Esta vez, los tiempos son otros.

A propósito de la negociación política, queda claro que ganaría espacio el Ministerio Público, hoy a cargo de Eduardo Quattropani. ¿Habrá un enroque de nombres en las cúpulas para permitir que avance la reforma y no se atribuya el triunfo en persona a nadie?

 

1 – Menor poder para los jueces. En el sistema mixto (ahora), los magistrados tienen facultad para investigar, allanar, detener y elevar a juicio. En el sistema acusatorio, el fiscal solicita medidas y el juez de garantías las autoriza o no.

2 – Mayor apertura en el proceso. Hoy, un juez puede bloquear medidas solicitadas por alguna de las partes. El fiscal no tiene medidas de injerencia, pero sí puede avanzar con mayores reclamos.

3- Menos tiempo de investigación. Suele ser usual que en el actual sistema se presuma que se deben agotar las pruebas, y eso hace que haya investigaciones interminables y los juzgados de conviertan en depósito de causas.

4- Recorte de los tiempos del proceso. Al acortarse las investigaciones porque hay pruebas que se debaten en juicio, la instrucción es más rápida. Permitiría que haya menos procesados detenidos.

5- Investigaciones temáticas. El Ministerio Público dispone de mayor capacidad para destinar fiscales a casos o temas especiales, como delitos de guante blanco. También para concretar políticas acordadas con el Ejecutivo.