Expropiaciones: ¿pero entonces quién fue?

Además de novedosa, suena curiosa la inclusión de la variable política en el escándalo de las expropiaciones investigadas en Tribunales introducida por varios de los sospechosos, en la última semana Santiago Graffigna. En especial, cuando su despliegue durante los años investigados parecen responder a alguna clase de vista gorda, también de tipo político. Veamos.
Si se puede comenzar por los jueces, existe una matriz partidaria imposible de disimular: los dos magistrados civiles sobre los que recaen sospechas en este escándalo provienen de un intestino bloquista que supo pisar fuerte en el edificio de Tribunales en materia de designación y remoción de funcionarios judiciales. Rosalba Marún de Sobelvio renunció como jueza del Primero Civil ante las sospechas y esta semana fue procesada por la presunta asociación ilícita, a la que habría contribuido con sus fallos desmedidos: llegó a magistrada impulsada por el Bloquismo. Igual que Carlos Macchi, el titular del Quinto Civil y bajo las mismas sospechas que Marún, y en proceso de jury a partir del miércoles para ser destituido.
Un peldaño más arriba está la sala III de la Cámara Civil, tribunal que supo confirmar los fallos de los jueces de primera instancia. Allí reportaban Humberto Rosas Caballero, también de indisimulable corazoncito político bloquista, designado por Leopoldo Bravo aún antes de ser gobernador constitucional y primo del presidente de la Corte, Adolfo Caballero. Sin ánimo revisionista, pero para evitar la suposición de que aquellos jueces salían de un repollo: éste último también identificado con el bloquismo, al punto de haber sido candidato a vicegobernador de Javier Caselles en una fórmula filo bloquista.
Rosas Caballero no quedó bajo sospecha por un pelo. Le aceptaron el retiro justo cuando trascendió que el fallo Herrería por una pequeña vereda contenía un cambio de criterio sobre lo que había opinado la misma sala en el caso Ruiz Guillermo, por la que se pagaron más de $20 millones a Graffigna. En cambio, su compañero de sala Moisés Moya también recibió el retiro en el medio del escándalo, pero ahora será objeto de una denuncia penal porque era la voz cantante de esa sala y por su relación fraternal con Graffigna, quien cedió honorarios a su hijo de una expropiación de Cuesta del Viento. Moya fue un protagónico habitante de las tertulias políticas desde hace largos años, ahora que el término político aterriza como sospecha en el escándalo.
Muchos de los organismos institucionales que intervienen en un caso como éste se integran con criterio político, aquí y en la China. Jueces, camaristas y cortistas son hoy impulsados por un Concejo de la Magistratura de integración también política (hay dos diputados y un ministro), aunque más transparente que los protectorados de hace apenas un par de décadas con designaciones a dedo que ahora están pasando a retiro, aunque muchos siguen con el tornillo en funciones y manteniendo privilegios.
También la Fiscalía de Estado, protagonista excluyente de este escándalo, registra integración política: la Legislatura vota sobre una propuesta del Ejecutivo. Esa fiscalía, a cargo ahora de Guillermo De Sanctis, se convirtió en gran actora en su rol querellante, y es la misma que en años anteriores había funcionado de cómplice indispensable dejando hacer –al menos- o no prestando atención al estofado que se cocinaba en su intestino y defendiendo pésimamente a los intereses de la provincia. Los ex fiscales Mario Díaz o Pedro Quiroga también eran designados con criterio “político”, la consecuencia de sus actos está a la vista.
Ese sistema de comunidad política e intereses cruzados es el que comienza a derrumbarse ahora y ha conseguido dejar en la superficie un escándalo de magnitudes inéditas en el Palacio de Tribunales, con la siguiente dificultad: cometido e investigado en despachos contiguos, con amigos y enemigos a ambos lados de la vereda.
Graffigna ensayó esta semana esa línea argumental política para referirse a razones por las que sigue detenido. Algo parecido habían hecho el propio Norberto Baistrocchi, abogado de Fiscalía cuya cesantía destapó la olla, o el juez Carlos Macchi, insinuando haber sido el chivo expiatorio de algún otro interés superior, en este caso oculto.
Interesante el punto porque ese camino de presuntas víctimas políticas o de chivo expiatorio de algún interés superior depara una larga madeja por desentrañar. O existe algún responsable mayor por este escándalo por encima de ellos, cuya identidad resultaría interesante conocer, o los juicios y los pagos millonarios estuvieron bien emitidos y como consecuencia de procesos judiciales limpios, con lo que los miles de millones a pagar por estas expropiaciones por parte de la provincia corresponden ser erogados. Si los señalados fuesen, como sostienen, chivos expiatorios o víctimas políticas, ¿así que entonces no fue nadie y aquí no ha pasado nada?
Mientras esto ocurre, el escándalo prosigue por varios frentes. El primero es el penal, donde aterrizará una nueva demanda, esta vez contra el ex camarista Moisés Moya y como consecuencia de los hechos relatados que lo involucran en presuntos delitos para la querella. Deberá decidir el fiscal interviniente si promueve los cargos o los desecha.
Luego, habrá un frente civil en un seguro reclamo contra los supuestos responsables de las maniobras para que devuelvan las sumas en que se perjudicó al Estado. En su procesamiento, la jueza avanzó en ponerle monto de $78 millones y trabó embargo a los procesados: el grueso -$30 millones- contra Graffigna, mientras al ex fiscal Mario Díaz lo embargaron por $3 millones, y al resto por $5 millones.
En la Fiscalía estudian una querella civil contra todos los involucrados, apoyados en el fallo de la Corte de Canal Benavídez que evaluó que el proceso estaba mal realizado y que había que dictar un nuevo fallo. Con ese elemento, podrían pedir la nulidad de los fallos y la devolución del dinero. ¿Le encontrarán algún resto a Graffigna, quien se declaró insolvente pese a haber retirado el grueso por ventanilla?
Las otras dos alternativas a seguir en este escándalo son el jury contra Macchi y el futuro de la jueza Rosellot. El juez del Quinto Civil comenzará a ser juzgado el miércoles y el proceso promete ser bien movido. La jueza ya procesó a los involucrados y tiene concedido el beneficio jubilatorio, ¿cuándo se irá?
Según los trascendidos, deberá cumplir su turno penal antes de hacerlo, que es el próximo mes. Pero desde que presente la renuncia y le sea aceptada por la Legislatura hasta el primer pago de la ANSES puede pasar un tiempo, y en ese tiempo puede seguir siendo jueza. El tiempo será una variable determinante: si destituyen a Macchi y le cae una denuncia penal, ella se apartará y pasará la causa al juez Ortiz, pero si se va antes, quedará un subrogante y seguirá en ese juzgado. No es cosa menor el juez a cargo del mayor escándalo de la historia reciente.