“En mi familia, desde un primer momento decidimos perdonar. Nos hizo mucho bien, lo cual no significó que no hiciéramos los trámites jurídicos y en la Justicia que corresponden, una cosa es el delito, otra cosa es la actitud. En este caso ni los conozco, ni sé quiénes son, casi diría que ni sé lo que han hecho, lo que por los diarios. Es un tema controvertido que tendría que haberse resuelto inmediatamente, en el ‘83,’84,’85, que estemos después dándole vuelta a la manija creo que no nos hace bien a todos”, opinó Monseñor Alfonso Delgado, consultado por Tiempo de San Juan acerca de las escandalosas fugas de los represores sentenciados por crímenes de lesa humanidad en la Provincia, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. El obispo habló también desde lo personal, porque tiene un hermano desaparecido en el marco de la lucha antisubversiva de la última dictadura militar.
Alfonso Delgado opina que juzgar a los represores ahora “no nos hace bien”
En un escueto comentario sobre el escape de los represores, el religioso aseguró que “No tengo ninguna opinión porque me enteré por los títulos, además no está en la esfera de mi competencia, yo creo que… no sé. No me quiero expresar mal ni de los jueces ni de quienes tenían que custodiarlos, yo no tengo ningún odio o actitud negativa hacia ninguno de ellos. Tampoco hacia los represores, creo que ya bastante tendrán si han hecho algo y parece que han hecho bastante, ya sus conciencias les reprimirán o les dirá bastante lo que han hecho”.
La evasión de los dos ex militares ya sentenciados –Olivera a cadena perpetua y De Marchi a 25 años de prisión- no tiene precedentes y saltó a las noticias nacionales e internacionales por su gravedad. El Ministerio de Justicia de la Nación ofrece, por datos certeros sobre el paradero de cada uno de los evadidos, una recompensa de 2 millones de pesos. El caso despertó polémica sobre la actuación de la Justicia Federal en San Juan y la presunta red de complicidades dentro de las fuerzas de seguridad para permitir un escape sin violencia y a plena luz del día, que se produjo el 25 de julio en el Hospital Militar Central en Capital Federal, donde habían sido trasladados para hacerse un chequeo de salud.
El jueves, cuando se cumplió una semana de la fuga, los ministros nacionales de Defensa, Agustín Rossi, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunciaron que congelaron un fideicomiso de Olivera, denominado SJ2, que según el balance a diciembre de 2010, tenía 9,4 millones de pesos. Rossi dijo que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera -que es abogado- y su socio Jorge Appiani –también represor y preso en Entre Ríos-, tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban los honorarios percibidos por representación de militares en juicios por demandas salariales. La sospecha es que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo con esos fondos.