Cómo será la doble querella a Greenpeace

Hace casi un cuarto de siglo, buena parte de quienes ocupan hoy las más altas jerarquías provinciales estaban sentados en el bloque del PJ de la Legislatura provincial: José Luis Gioja, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis o el senador Ruperto Godoy. Allí se libró la primera batalla legislativa en el largo camino que terminó casi 10 años después en el Congreso Nacional consagrando a la majestuosa extensión de San Guillermo como Parque Nacional, importante de desempolvar por estos días ante el ataque de Greenpeace sobre un eventual ejercicio minero dentro del parque. Una embestida ambientalista teñida de imprecisión e intereses, que un repaso por la historia de la reserva desmienten de manera contundente y que motivará una querella doble de la provincia contra los ambientalistas.
Esta historia comenzó con un decreto de 1972 bajo el gobierno de Carlos Gómez Centurión y la presidencia de Lanusse y siguió tres años más tarde, en 1975, cuando el gobierno de Eloy Camus ordenó la expropiación de unas 980.000 hectáreas de los “campos de San Guillermo” para preservar la flora y la fauna. Y 14 años después, en febrero de 1989, nuevamente el bloquista Gómez Centurión dictó una ley de necesidad y urgencia que fue tratada en la Legislatura un mes después y que fue el más recordado debate por este parque “por el futuro de los sanjuaninos”.
Ese futuro es hoy, y quisieron las vueltas de la vida que dos de los protagonistas más importantes de aquel debate –el gobernador Gioja y el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis- sean los involucrados en la denuncia contra los ambientalistas que sostienen que hay minería en el parque, mientras el trámite parlamentario de la época y todas las leyes posteriores lo desmienten.
Carlos Gómez Centurión fundó el IPEEM, un organismo al que concedió todas las áreas de reserva para que sean concesionadas a privados, y envió a la Legislatura un pedido para expropiar 10.000 ha para el observatorio y hacer decaer la ley de 1975 que ampliaba la zona a los 980.000 ha. Lo defendió el bloquismo con sus principales espadas –Pedro Rizzo presentó el proyecto-, pero allí entró a jugar el bloque del PJ comandado por Gioja e integrado por De Sanctis, rechazando la norma y pidiendo un ajuste de la superficie pero sin resignar el resto. Quedaron 20 a 20 en la votación en general y definió Wbaldino Acosta –vice en esa época, pre Cobos- a favor del Ejecutivo. Pero De Sanctis insistió con el cambio en el tratamiento en particular, y consiguió el voto que le faltaba con el albardonero radical Carlos Munizaga, padre del actual presidente del partido de Mauricio Ibarra. Así, con muchos protagonistas de hoy, fue cómo se evitó una importante reducción en la superficie del parque. Y fue el primer paso.
El segundo fue la cesión a la Nación de esa superficie, un requisito elemental para que ésta lo declare Parque Nacional. Ocurrió en 1996, bajo la administración de Jorge Escobar y con una activa participación de De Sanctis, que era jefe de bancada del PJ. En esa sesión en que se aprobó la ley tuvo especial participación Raúl Tello, actual ministro demedio Ambiente, quien defendió el proyecto como miembro informante y consiguió aprobar el convenio de cesión con el gobierno nacional.
 Y dos años después hubo que votar la aprobación del parque en el Congreso Nacional, y el destino hizo que nuevamente los protagonistas se repitieran: José Luis Gioja era senador y Guillermo De Sanctis era diputado nacional: se trató y aprobó a San Guillermo como Parque Nacional junto a otro parque sanjuanino, El Leoncito.
Éste último parque nacional, ubicado donde está el observatorio Carlos Cesco, motivó la oposición furiosa de otra diputada sanjuanina, Nancy Avelín. En ese trámite en el Congreso, San Guillermo apareció con las mismas dimensiones de la superficie cedida por la provincia, delimitada muchos años antes. Y esa delimitación del parque de San Guillermo no es menor: es el eje de la controversia porque la entidad ambientalista Greenpeace ha sostenido que los proyectos mineros Veladero y Lama figuran comprendidos dentro del parque nacional y ha hecho una furiosa campaña en los medios nacionales. La realidad y la historia muestran que la zonificación de San Guillermo establece que el parque nacional es solamente la zona núcleo y que hay otras dos zonas que son las de amortiguación o transición y la de usos múltiples. En esta última, lejos del parque, está el campo Las Taguas donde operan los emprendimientos mineros.
Las vueltas de la vida hicieron que los que hace años tuvieron un fuerte protagonismo para que San Guillermo llegara a ser Parque Nacional, ahora resulten protagonistas principales nuevamente en el nuevo escenario: la justicia. Por un lado, el actual gobernador José Luis Gioja, principal destinatario de los ataques de Greenpeace en una solicitada en los diarios de circulación nacional donde lo rotulan como “el empleado del mes”, y por el otro Guillermo De Sanctis, hoy Fiscal de Estado, es decir el abogado de la provincia que diseña las acciones legales.
El aterrizaje en los Tribunales como consecuencia del ataque de Greenpeace irá por dos canales en paralelo y ya está empezando a quedar definido cómo será: habrá una acción civil por injurias y otra acción para que un magistrado diga si se hace minería en San Guillermo como sostiene la campaña de Greenpeace, o no. En ambos casos, la judicialización que está diseñando la provincia está apoyada sobre dos ejes: que la entidad ambientalista “demuestre lo que sostiene en los medios” y no queden dudas, y que se trata de un embuste de tipo institucional contra la provincia, y no contra el gobernador Gioja en particular.
Lo que está más avanzado es la presentación de un pedido de certeza a un juez, que es una acción destinada a despejar un estado de incertidumbre sobre una situación jurídica. El fiscal De Sanctis entiende que los ataques con información falsa de Greenpeace han generado las condiciones de este estado de incertidumbre, y que es necesario despejar con el fallo de un magistrado. En criollo sería así: que un juez establezca en un fallo si hay o no minería en San Juan y se dejen de lado las falsas interpretaciones y las sospechas permanentes.
Esa acción requiere correr traslado a Greenpeace para que defienda su postura, y así quedaría configurado un escenario con la provincia y los ambientalistas sentados como contrapartes ante la justicia. Pero si Greenpeace desiste de defender su postura ante la justicia, igual un fallo judicial sería un buen resguardo para la postura oficial.
Más que eso, el trámite judicial. Que contiene pedidos de información, medidas sobre el terreno y un repaso por la historia que aquí se cuenta. Todo ese peregrinaje judicial, consideran que será un buen elemento para despejar las dudas sembradas por Greenpeace a nivel global.
Hay un antecedente en la provincia de declaración de certeza: fue en 1998, cuando el ex gobernador Escobar pidió a un juez que definiera sobre una eventual postulación suya a la reelección, teniendo en cuenta que ya lo había sido en 1991 –período que quedó trunco por la destitución- y en 1995. El juez Guitiérrez Gallo le dio la razón.
Lo que no está definido sobre este pedido es si lo cursarán ante la justicia provincial o la justicia federal. Ambas acciones tienen sus contraindicaciones y podrán ser foco de objeciones de Greenpeace por los posibles jueces involucrados. Pero la vía federal, a la que se podría acceder porque San Guilermo es un Parque Nacional, tiene el riego de la Cámara de Apelaciones Federal, que está en Mendoza y desde allí suelen partir feroces ataques a la minería en San Juan. Puede darse, además, la curiosidad de la participación en este expediente de jueces apuntados por el gobierno en el escándalo expropiaciones: ocurriría si la apelación cae en la sala civil que integra el juez Roberto Pagés Lloveras, de fuertes cruces con el propio De Sanctis.
La semana que viene, la Fiscalía ya tendrá completo el equipo que trabaja en este punto y una decisión en firme. A Gioja le gustó la iniciativa judicial pesada por el propio De Sanctis y ahora también deberán evaluar la oportunidad política sobre el momento para presentarlo, especialmente por la campaña y la interna del 11 de  agosto.
La otra vía de la judicialización del caso Greenpeace será una acción para reparar el honor dañado. Pero la respuesta provincial al ataque ambientalista en página impar bien jerarquizada de los diarios nacionales de mayor circulación no será a nombre propio del gobernador  Gioja, sino en su condición de jefe del Ejecutivo provincial. No es una diferencia menor: lo primero es una injuria personal y lo segundo es de alcance institucional a quien ejerce el máximo cargo electivo por el sufragio de los ciudadanos.
Ese es el enfoque que le dará la Fiscalía de Estado al proceso por injurias que también tiene en marcha. Gioja ya decidió desistir de la acción penal por el mismo delito, pero irá por la acción civil. En su entorno consideran que no puede quedarse inmóvil ante semejante ataque, y que la dimensión excede por lejos a una embestida personal.
En este caso está más definido que la vía será la justicia provincial. También lo está que la llegada a la justicia por este conflicto no está ni cerca de terminar. Apenas ha comenzado.