Tres crímenes salvajes, en el mismo juzgado sin recursos

Unos 180 nuevos casos con detenidos recibió el juzgado penal por el turno en mayo, más de 200 si se cuentan todos. Quedaron en manos de 5 instructores, lo que equivale a unos 40 casos nuevos por cada instructor por turno. El panorama es similar para cada juez de instrucción, pero el caso de Benito Ortiz, el titular del Primer Juzgado de Instrucción, tiene condimentos que lo hacen más complicado: él tiene a cargo la instrucción de los tres crímenes más resonantes de la provincia en los últimos años porque sumó esta semana el de Estela Bustos, y tiene a dos de sus ocho empleados con parte de enfermo. La consecuencia es que el avance de la justicia, y su respuesta a la sociedad en busca de los culpables apenas puede avanzar.
El juez Ortiz es uno de los tantos magistrados nuevos de la provincia y en él recae la responsabilidad de dar respuestas a la sociedad en los tres casos más aberrantes. Debutó con el caso de Ariel, luego se hizo cargo del homicidio de María Cristina Olivares y ahora justo estaba en turno cuando ocurrió el salvaje crimen de Estela Bustos, la mujer embarazada asesinada delante de su propio hijo.
Pero a contramano de la lógica, dispone cada vez de menos personal y eso termina afectando el ritmo de la investigación, no sólo de estos casos con mayor atención mediática por la manera en que se produjeron, sino del resto de los expedientes que le ingresan en el turno. Hoy, un ordenanza atiende la mesa de entradas y de los cinco instructores, tiene uno enfermo: 20% menos en el ritmo de un juzgado que firma alrededor de un procesamiento diario y debe acelerar las causas con detenidos.
Ante la falta de personal, dicen en los pasillos de Tribunales que la queja ya fue cursada a los superiores, y que la respuesta no trajo alivio precisamente. Les dijeron que la falta de personal es un factor recurrente en la mayoría de los juzgados y que deben esperar a que se cubran las vacantes mediante el ingreso planificado en la justicia, que aún no se activa.
Esos ingresos están congelados hasta que la Corte disponga el mecanismo para cubrir las vacantes, luego de los sucesivos escándalos con los exámenes y los mecanismos de ingreso que siempre terminaron beneficiando a familiares y amigos. Ahora, la Corte anunció que impulsará un nuevo sistema para los 80 espacios vacantes, pero todavía no lo define y, mucho menos, convoca a los postulantes.
En medio de esa indefinición, el juzgado de Ortiz concentra las tres causas penales de mayor impacto en la sociedad y en la justicia no parecen demasiado preocupados en aliviar el trabajo para mostrar resultados a ese interés público que ha despertado. Por el contrario, están afectadas por eso ritmo lento.
Las fuentes judiciales señalan que este caso de Estela Bustos no muestra demasiada complejidad porque el presunto autor estaba en el lugar, quedó detenido y las pruebas a primera vista que fueron encontradas pueden servir como para avanzar en una imputación rápida. Está la sangre, está el acusado, y están los testimonios. Con una salvedad: los principales testigos son los niños, pero la única manera de tomarles declaración es la Cámara Gesell, para lo que hay que esperar turnos. Lo que hicieron hasta ahora fue incorporar lo que saben los niños por medio del testimonio de la tía que los tiene a cargo y habla con ellos.
En cambio, las otras dos causas de gran impacto no registran avances, en parte por la falta de tiempo para dedicarle y en parte por la falta de recursos que ya se vienen mencionando: los laboratorios forenses. Un ejemplo claro es el caso de Ariel, cuya investigación sigue empantanada y sin ningún imputado.
La semana pasada, llegaron a San Juan las pericias telefónicas ordenadas por el juez para conocer los movimientos de varios sospechosos, pero aún no hubo tiempo de desgrabarlas y decidir si de allí se desprende la posibilidad de requerir alguna declaración. En esta causa, Ortiz todavía no realizó ninguna indagatoria y las sospechas son difusas. Contribuyen esas dificultades de tiempo, de recursos técnicos y hasta de profesionalismo durante la toma de pruebas.
Dicen los jueces que la prueba que no se produjo a tiempo no se produce más, y el de Ariel es un caso testigo porque cuando fue hallado el cuerpo estaba con un gran nivel de descomposición. El colmo es el resultado de la pericia de huellas dactilares sobre la heladera, abierta y cerrada mil veces durante el descubrimiento del cuerpo: no encontraron allí ninguna huella.
El otro caso de difícil instrucción es el de Cristina Olivares, porque las demoras han dilatado la decisión del magistrado sobre si procesa, absuelve o dicta falta de mérito a los acusados y detenidos: el marido Miguel Palma, su supuesta amante Rosa Videla, acusada de haberla matado y la cuñada de ésta, Eliana Corvalán. Ortiz ya debería haberlo hecho, pero aún no lo concreta.
Lo que espera es una pericia de Jujuy u otra telefónica que le permita avanzar sobre la relación entre Palma y Videla. Aparentemente, hay otros teléfonos que manejaban los acusados, pero que nunca aparecieron. Igual, lo que tienen son los números y necesitan que les manden los contactos de esos números. Sin eso, el juez se queda con un elemento menos para decidir si procesa  o no, y los términos legales pasan sin novedades. Un dato para grafiar el estado de la investigación: aún no saben dónde la mataron.
 Lo que les responden en Jujuy que en esa provincia también tienen casos importantes que resolver, por lo tanto no hay más remedio que esperar. Los que no parecen tener demasiado margen para esperar son las víctimas y los acusados. Y la sociedad que recibió el impacto de estos casos estremecedores y tiene esperanzas en que la justicia pueda darle una respuesta.