El Senado debate el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre exteriorización de capitales. La iniciativa llegó a la sesión con el respaldo de todo el bloque del Frente para la Victoria y de sus aliados que el pasado martes le dieron dictamen favorable.
En la vereda de enfrente, la oposición fustigó la medida que busca, según destacaron desde el oficialismo, utilizar esos recursos ociosos para financiar inversiones productivas y sociales en sectores estratégicos como construcción, mercado inmobiliario y energía.
El senador Aníbal Fernández se refirió a que la modalidad de los bonos son de acreditación en cuenta de tenedor y a su vez serán transferibles de cuenta en cuenta. La base será de un 4 % de interes anual y el deposito será en efectivo o por transferencia.
"Se trata de dar a luz una heramienta más que nos permita seguir en la senda del crecimiento y la generación de empleo", sostuvo.
En este sentido, indicó que el proyecto busca abrirle "una puerta" a esos "dineros negros, ociosos, clandestinos", para que puedan "volver a participar de la vida económica del país", canalizados en "destinos estratégicos"
"Se entregarán CEDIN con valores de cien, mil y diez mil dólares" y comentó que ya se presentaron "32000 personas fisicas y 3800 juridicas siendo esto un total de cuatro mil millones de dólares".
Fernández cerró expresando que "serán investigado de donde vienen el ciento porciento de los dólares que ingresen al país" y que "los imputados por delitos de lavado de dinero o los fondos de financiamiento del terrorismo tienen prohibido sumarse al blanqueo".
En tanto, desde el FAP aseguraron que el proyecto “es una cachetada al contribuyente”. Los senadores Luis Juez (Córdoba) y Jaime Linares (Buenos Aires) se repartieron el tiempo para disertar en la sesión especial como miembros informantes. El primero manifestó que el texto en cuestión “es una cachetada al contribuyente y una falta de respeto”, mientras que el segundo expresó que sancionar la ley “no es el camino” a seguir.
Linares además resaltó que con la iniciativa se buscan “contribuyentes que evadieron, en el mejor de los casos, y se fueron a ahorros en dólares porque la presión tributaria de los noventa se ha mantenido vigente”, lo que representa “una gran insequidad”. Por último, Juez disparó: “Al que se la llevó le damos todas las condiciones”.
Luego, la bancada de la Unión Cívica Radical manifestó su completo rechazo al proyecto relacionado con el blanqueo de capitales, al advertir que la iniciativa es un “traje a medida para los evasores y delincuentes”.
Dos fueron los miembros informantes que tuvo el bloque: el jujeño Gerardo Morales y la mendocina Laura Montero. El primero aseguró que se “fracasó en el blanqueo anterior y se va a fracasar nuevamente porque no hay voluntad política de perseguir el lavado”, mientras que la legisladora dijo que la iniciativa implica “plata que no es bien habida, que posiblemente venga de la corrupción”.
El proyecto
La norma fue debatida en dos extensos plenarios de comisiones a los que asistieron las principales figuras del gabinete económico de Cristina Fernández de Kirchner; así como economistas, ex funcionarios de gobiernos anteriores, especialistas en lavado de dinero y los principales responsables del sector industrial y de la construcción.
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico que estarán denominados en dólares.
Los fondos originados en su emisión serán destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en infraestructura e hidrocarburos.
Asimismo, autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) en dólares, que será endosable, como un medio para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en la moneda norteamericana.
El CEDIN será cancelado en la misma moneda de su emisión por el Banco Central, o la institución que éste indique, sólo si se acredita la compraventa de inmuebles, su remodelación o la construcción de nuevas unidades habitacionales.
Cuando se trata de sucesiones la normalización será válida aún cuando la moneda que se pretenda exteriorizar esté registrada a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus derechohabientes.
Los sujetos que realicen el blanqueo de su dinero no estarán obligados a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias, ni el origen de los fondos con las que fueron adquiridas.
Asimismo, quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal-tributaria y penal-cambiaria; del pago del Impuesto a las Ganancia; a la transferencia de Inmuebles; del Cheque y cualquier otro impuesto interno, así como el Impuesto al Valor Agregado, a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales.
Será requisito para el usufructo de estos beneficios que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, del Impuesto a la Ganancia, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales de 2012.
El blanqueo de capitales no liberará a las entidades financieras de las obligaciones de reportar la procedencia sospechosa de moneda de operaciones como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos, excepto de la figura de evasión impositiva.
En ese sentido, quedan excluidos de la exteriorización de divisas aquellos individuos y empresas declarados en estado de quiebra o denunciados por la ex DGI o por la actual AFIP por delitos comunes conectados con el incumplimiento de obligaciones tributarias con sentencia firme; los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; y los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad en cualquiera de los poderes del Estado Nacional, las provincias o los municipios.
Sigue el debate en el Senado sobre el blanqueo de capitales
El senador Aníbal Fernández afirmó que "se investigará el 100% de los dólares que ingresen" durante la sesión especial donde se discute la iniciativa impulsada por el Ejecutivo que establece un “régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera”.
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