El pataleo de los jueces que no pudo ser

Instituciones o personas, esa es la cuestión. Si hubiese sido que la magistratura completa de San Juan quedará desde el año que viene como blanco fijo de un concurso de tiro en el medio de un festival de jury, hubiese resultado razonable que los propios jueces levantaran la guardia. Si hubiese sido que la nube negra que atemoriza a los magistrados es sólo una sombra para los que se encuentran señalados por el escándalo más importante de la historia de San Juan, entonces el alerta de los togados hubiese carecido de sentido. Parece que los propios jueces, después de tomarse su tiempo, comprendieron al fin estar parados ante la segunda de esas hipótesis.
Ocurrió esta semana el punto más crítico desde que se tenga memoria de la relación entre el gobierno y algunos jueces. Fue cuando Colegio de Magistrados decidió colocarse sobre la misma vía, pero en el sentido contrario de la locomotora, con su decisión de convocar a asamblea para plantear una posición de alerta ante la ley sancionada que reforma el sistema del jury para la remoción de jueces que impulsó el oficialismo.
Jamás había ocurrido que una entidad que suele hacer culto de las formas y del bajo perfil se tuteara mano a mano con el dueño de la pelota. Y lo desafió de una manera extemporánea: una vez que la ley ya estaba aprobada es que decidió encender la alarma, ante los hechos consumados y la imposibilidad de volver atrás. Deja el terreno despejado, entonces, para reflexionar: ¿qué querían los jueces?, ¿frenar una ley que podría eventualmente perjudicarlos, si esa ley ya estaba aprobada?, ¿por qué no reaccionaron antes?
Tal vez responda a esas inquietudes un repaso sobre la posición de los jueces, el grueso de ellos, en este asunto: ¿quedaban todos en el foco de la tormenta con la modificación que permite al Fiscal de Estado convertirse en acusador en un eventual enjuiciamiento de algún juez, quitando la exclusividad al fiscal General de la Corte? Parece un cambio insignificante, pero no lo es, y hasta los rótulos pueden embarullar: hasta ahora, el único que puede acusar a un juez es el jefe de los fiscales, pero desde ahora podrá hacerlo también el abogado de los intereses de la provincia.
Probablemente responda a eso el hecho de que observar qué pasa en los lugares donde ya rige ese sistema y no se verifican festivales de jury. O, de manera más contundente, quiénes son los jueces que sí tienen asegurado o como fantasma su tránsito por ese enjuiciamiento: Carlos Machi, Rosalba Marún de Sovelbio y Roberto Pagés. Estos dos últimos, actual presidente y ex presidente del Colegio de Magistrados, la entidad que convocó a todos los asociados a pulsear contra el Ejecutivo en un eventual riesgo institucional que, tarde pero seguro, los magistrados terminaron por descartar.
Sólo hacía falta atar cabos: los tres magistrados son los que están en el ojo de la tormenta por el escándalo de las expropiaciones, un vaciamiento de millones de pesos de las arcas públicas al que le levantaron la barrera desde el edificio de Tribunales. Sovelbio ya tiene un jury en contra y será salvada por el tiempo, y el gesto de Diputados que le aceptó la renuncia desde el 1 de enero. Macchi ya sabe que le presentarán un jury en su contra, y nadie en Tribunales descarta que el titular del Quinto Civil presente la renuncia si comprueba que su situación es irreversible. Y Pagés está “en estudio” –según aseguraron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan- aunque cada día que pasa redobla su cruce con los sectores oficiales como el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, y queda así más cerca del sí que del no.
Uno de ellos fue montar esta asamblea de jueces llamada de urgencia, con el plus de un pedido de auxilio a la Federación Argentina de Magistrados (FAM) para que asistiera a enterarse cómo la estabilidad de los jueces era pisoteada en San Juan. El llamado se mantuvo en pie unos días, antes que en las vísperas del Día D se frustrara por completo. Por tres razones.
-La falta de apoyo interno. Más temprano que tarde a los jueces asociados no les comenzó a cuadrar que una institución como el Colegio saliera en defensa de una supuesta estabilidad avasallada, cuando en realidad estaban siendo convocados para otra cosa. Operó el oficialismo su línea de contactos entre los jueces, y a otros ni siquiera les hizo falta eso para entenderlo.
La jugada de la comisión directiva era votar una “preocupación”. Sabía que serían pocos, pero aún así iban para adelante desde el momento en que la anunciaron. Son 200 asociados, entre magistrados, fiscales y funcionarios judiciales de alto rango. Y el martes, un día antes de la movida que había sido anunciada para el miércoles, la entidad resolvió “postergar” el encuentro. El argumento que presentaron para retirar la cita no fue demasiado convincente: que la norma aún no había sido promulgada, cosa que era cuestión de días. La cosa era patear la pelota afuera, ganar las vacaciones, y a otra cosa.
El motivo real es que la conducción se había quedado sin plafón. Y hubo hasta jueces de la misma comisión directiva que aconsejaron a Pagés que no intentara apagar el fuego con nafta, y que no involucrara a la entidad en un diferendo con el gobierno del cual no participan.
-La delgada línea argumental del reclamo también fue haciendo desinflar los corazones aún de los jueces más indómitos. Por lo bajo, habían dejado filtrar sus temores de que la incorporación del Fiscal de Estado, que si bien es un organismo independiente tiene fina sintonía con el gobierno, los deja muy expuestos. Y que se trataba de un hecho inédito en el país.
De Sanctis demoró minutos en responder que en Salta y en Formosa, el fiscal de Estado ocupa un asiento en el jury. Y no tiene la atribución de acusar sino que su opinión sirve para decidir si el juez se queda o si se va. Y en Mendoza, cualquier ciudadano puede llevar a un juez a un jury si es que dispone de herramientas contundentes, y por lo que se escucha no se libra allí todos los días un duelo para despedir magistrados, pese a que el jury es una institución de mayor relieve institucional  y lo integran todos los cortistas: el último golpe fue suspender justamente al Fiscal de Estado, por un caso de una expropiación presuntamente inflado, y acusado por la Corte.
-Tampoco tuvo la movida de los jueces locales respaldo externo. Hizo contactos Pagés a altos niveles políticos, donde recibió una palmada en el hombro y nada más. Y orejeó una carta fuerte: la llegada del camarista cordobés  Víctor Vélez, presidente de la FAM, para asistir al encuentro de sus asociados sanjuaninos.
Vélez pareció tener por esos días algunos problemas más gruesos: su entidad fue firmante de la solicitada que clamó por la independencia judicial justo el día en que la Cámara Civil y Comercial extendía la cautelar a Clarín, por lo que quedó envuelto en el asunto como pro-Clarín y luego confrontado por otros jueces que lo cuestionaron. Dicen que si no suspendían la asamblea, igual no venía.
Su antecesor, el salteño Abel Flemming, es un asiduo visitante de San Juan, donde llegó a hacer el Cruce Sanmartiniano. En una de esas oportunidades dijo que “San Juan es un ejemplo” en materia de clima para el desempeño de los jueces. A su lado estaba Roberto Pagés, el magistrado que preside el Colegio y que pasó en poco tiempo de ser aspirante natural a cortista a analizar por estos días si deja la institución.