La presunta falsificación de firmas en cuatro balances anuales y la presunta desaparición de alrededor de 80 millones de pesos de la Unión Vecinal Villa El Salvador de Angaco desató un escándalo en el departamento, con denuncia penal de por medio y una contadora en serios problemas. Un fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas ya realizó allanamientos en el estudio y la casa de la profesional y secuestró documentación relacionada a la causa que va camino a la formalización, revelaron altas fuentes judiciales.
Un presunto fraude de $80 millones en la unión vecinal de Angaco dejó en la mira a una conocida contadora
Detectaron falsificaciones en cuatro balances de la institución y la desaparición o desvío de 80 millones de pesos, según fuentes del caso. Todo apunta a la profesional. Ya hubo allanamientos.
La profesional sobre quien pesa la denuncia es Viviana Giner, que ocupó hasta octubre último el cargo de contadora de la Unión Vecinal Villa El Salvador de Angaco, confirmaron fuentes judiciales. La presentación judicial la realizó la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas a raíz de algunas irregularidades que detectaron en la documentación referida a los balances de la institución desde 2020 a 2023.
Fuentes del caso señalaron que los funcionarios provinciales, que deben supervisar esa documentación, descubrieron que esas documentaciones aparecían certificaciones del Concejo Profesional de Ciencias Económicas que les resultaron sospechosas. Después confirmaron que eran falsas y fue así que realizaron la denuncia ante la UFI Genérica; en principio, por una falsificación o adulteración en los papeles de los balances de la institución.
El caso se inicia porque detectaron supuestas falsificaciones en la documentación de los balances presentados ante la Dirección de Inspección General de Persona Jurídicas.
Todo esto fue en octubre del 2024 y también se dispuso la intervención de la unión vecinal de Angaco para tratar de sanear muchos problemas que venía arrastrando la institución. Lo cierto es que a partir de las primeras investigaciones surgieron números que no cerraban, deudas por obligaciones no pagadas y el supuesto faltante de dinero.
Esto último derivó en que la causa pasara a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde tomaron intervención el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, revelaron fuentes de tribunales. Los funcionarios judiciales junto con los policías de su brigada empezaron a indagar y en función a los informes de los interventores de la unión vecinal se encontraron con otras sorpresas. Comenzaron a detectar el supuesto desvío de dinero, pagos que nunca se hicieron y otras presuntas maniobras fraudulentas.
La sospecha que es que presentaron balances que no cerraban para justificar el posible desvío de fondo y las deudas que fueron acumulando por obligaciones que no pagaron.
Entre otras cosas, descubrieron que llevaban 4 años sin pagar la ART, seguros colectivos de trabajo y obra social de los empleados y las obligaciones con la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), la otrora AFIP. También notaron supuestos desmanejos del dinero de la recaudación por el cobro del agua potable a 8.600 familias el departamento, dado que la unión vecinal administra ese servicio y mantiene dos plantas potabilizadoras. Fuentes de la misma institución aseguraron que el perjuicio ascendería a los 80 millones de pesos y que hoy es la deuda que arrastra la unión vecinal.
En todo esto, la que quedó en el centro de las sospechas es la contadora Viviana Giner, aseguraron fuentes judiciales y de la propia entidad. Es que ella era la encargada de llevar las cuentas y administrar el dinero, además fue la que elaboró y presentó los balances que están muy cuestionados. La profesional lo sabe, la Policía allanó su estudio y su casa en Capital con la orden de la jueza de garantías Mabel Moya y es cuestión de que fijen la fecha para que tenga que comparecer en Tribunales por el presunto fraude millonario.