Luego de que el juez federal, Leopoldo Rago Gallo, procesara con prisión preventiva al abogado Gustavo De la Fuente por el delito de trata de personas con fines sexuales, la defensa del conocido penalista apeló el fallo y planteó la inconstitucionalidad de la figura del testigo de identidad reservada que habría denunciado los supuestos delitos de explotación sexual y laboral.
Por supuestas ilegalidades, apelan el procesamiento contra el abogado Gustavo De la Fuente
El penalista permanece con prisión preventiva en el Penal de Chimbas por la causa que lo señala como autor responsable del delito de trata de personas con fines sexuales. El juez Rago Gallo dictó el fallo y su defensor, Fernando Castro, presentó resistencia. Con qué argumentos intenta torcer la historia a favor del conocido letrado.
El letrado conocido por todos en el ambiente tribunalicio fue sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal que se dedicaba a cosificar mujeres y ultrajarlas en forma constante, incitándolas a realizar diferentes acciones para cumplir con las órdenes de los usuarios, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Además, está sospechado de explotarlas laboralmente, quedándose con gran parte de las ganancias que ellas mismas producían con su contenido a costas de engaños y ocultamientos de las cifras que se percibían por sus servicios.
Por esa razón, el magistrado del Juzgado Federal lo procesó en calidad de autor por los artículos 145 bis y 145 ter, incisos 1°, 4°, 5° y párrafo anteúltimo, en concurso real, por tratarse de hechos y víctimas independientes. La misma imputación le valió al colombiano Jhon Sebastian Quevedo Medina, como autor, y a Wilder Rodríguez Martínez, como partícipe necesario.
Todo ello, según el auto de procesamiento, por ofrecer, captar, trasladar y acoger a personas con fines de explotación, pese al consentimiento de las mismas; lo mismo que engañar, ejercer violencia y abuso de autoridad y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad para la recepción de pagos o beneficios.
La investigación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue la que dejó al descubierto las maniobras de De la Fuente y sus cómplices y la misma contó con el aporte de un testigo encubierto. Es por ese motivo que el defensor Fernando Castro apuntó hacia él.
Esa participación, a su criterio, atenta contra el principio de defensa en juicio y el debido proceso legal puesto que tanto la defensa como el imputado se encuentran imposibilitados de conocer la objetividad que puede acompañar al testigo. Esa situación podría representar una causal de ánima aversión o cualquier otra cuestión que pueda acompañar la legalidad del testimonio. En simples palabras, para la defensa, el testimonio que "lo entregó" podría estar viciado en intereses como perjudicarlo.
Por otro lado, Castro, que hizo efectiva la apelación este jueves por la mañana en la Justicia Federal, planteó la nulidad del allanamiento que se realizó en el domicilio donde está emplazado el estudio jurídico de De la Fuente, ya que -según indicó- el representante legal del Foro de Abogados se hallaba ausente en el procedimiento, cuando debía participar del mismo. Si eso no se cumple, tal como habría ocurrido, el requisito está acompañado bajo sanción de nulidad.
Además, el defensor prestó resistencia directamente a la imputación, ya que advirtió que las figuras endilgadas no son las mismas que se imputaron al momento de la indagatoria. Ello en referencia al artículo 145 ter. También cuestionó la construcción del tipo penal en general contra su patrocinado, tras considerar que no estaban comprobados todos los extremos exigidos por el tipo objetivo de cada una de las figuras imputadas.
Más allá de la definición que pueda ofrecer la Cámara de Apelación Federal, a partir de la presentación de Castro, la defensa anticipó que se analiza la posibilidad de ampliar la declaración indagatoria, de modo que el abogado que permanece en el Servicio Penitenciario brinde su versión de los hechos.