Si bien hace un mes se pensaba que la historia de la estafa de Branka Motors llegaba a un final y ese era uno feliz para los damnificados, que se ilusionaban con recuperar algo de lo que habían perdido, el insólito accionar de los acusados -que este viernes quedó en evidencia- obligó a que la jueza de Garantías eche por tierra el acuerdo de reparación del daño, les dictara la prisión preventiva y los mandara al Penal de Chimbas por los próximos 5 meses.
Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
Después de que la fiscalía demostrara que los imputados no cumplieron con el compromiso que habían asumido, por el que habían recuperado la libertad, la jueza dictó la prisión preventiva para los imputados por el término de 5 meses. Ahora, los damnificados, si pretenden recuperar el dinero, será por la vía civil.
Es que después de que las querellas insistieran con que no se había cumplido con el primer pago de las cinco cuotas convenidas, la fiscalía cuestionó fuertemente a los imputados por ello frente a la jueza Ana Carolina Parra. Luego de entender que no había buena fe en su accionar, dio por terminada la solución alternativa, pidió que se continúe con la investigación y solicitó que vuelvan a estar tras las rejas, dado el entorpecimiento y perjuicio que podrían generar. Lo que finalmente la magistrado dio a lugar.
El fiscal Guillermo Heredia apuntó contra Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega por no concretar el primer pago de los $524 millones y por no ajustarse a derecho, teniendo el sustento económico para hacerlo. "El dinero lo tienen en su poder, no estamos conjeturando la suma, no estamos hablando de créditos por cobrar, se trata de sumas que recibieron físicamente", sostuvo el representante del Ministerio Público.
Los querellantes, por su parte, más ofuscados todavía, aseguraron haber sido testigos de una doble estafa. Dijeron que la primera defraudación fue la que inició la causa penal en perjuicio de los 352 damnificados, mientras que sostuvieron que la segunda fue en Tribunales y tuvo como blanco al sistema judicial. "Manosearon el sistema, se burlaron de todos, de la jueza", sentenciaron los abogados Alejandra Iragorre, Fabiana Salinas y Fernando Suárez.
Por la pena en expectativa -que sería de prisión efectiva para los acusados, en caso de ser hallados culpables en el juicio-, como así también por los comportamientos irregulares de los acusados (los hermanos Marcó no se presentaron en comisaría cuando debían, mientras estaban en libertad), el peligro de entorpecimiento y sus nexos fuera de la provincia, la magistrado les dictó 5 meses de detención.
A pesar de que el fiscal Heredia solicitó 10 meses para el cumplimiento de la medida coercitiva y la querella requirió 12 meses, la jueza Parra entendió que el tiempo debía ser menor dado que podría prorrogarse, si así lo cree conveniente el Ministerio Público. Fue por eso que, finalizada la audiencia, los presuntos estafadores -representado por José Tejada- que llegaron caminando por el ingreso de Tribunales salieron esposados y directo a las celdas.
¿Le mintieron a la jueza?
Después de escuchar los argumentos de la fiscalía para dar por terminado el acuerdo, los tres acusados intentaron dar explicaciones que resultaron poco convincentes para las autoridades. Primero sostuvieron que el pago se había efectuado, pero tras ser interpelados por la jueza, no pudieron demostrar tal aseveración.
Alexis Marcó aseguró que este mismo viernes se había realizado la transferencia. Luego fue Facundo Banega el que continuó con esa afirmación. Sin embargo, Parra pidió la presencia de una representante de la Oficina de Medidas Alternativas y ésta desmintió la versión, por lo que la argumentación fue entendida como poco seria. "No sé si están enajenados con la realidad o nos estaban tomando el pelo", manifestó una de las querellantes.
Después de no exponer ningún comprobante, reconocieron que no habían recaudado el dinero porque no consiguieron un préstamo. Contaron que habían viajado a Mendoza para obtener el dinero, pero no tuvieron suerte. Seguidamente, explicaron que tenían pagarés por ejecutar, pero que tampoco habían logrado cobrarlos.
Por ese motivo, se ligaron una especie de reto de parte de la magistrado, que los cuestionó por llegar a un acuerdo sin tener la disponibilidad del dinero. Más tarde, resolvió dejar caer el acuerdo, darle continuidad a la instrucción penal que se vencería en marzo del próximo año y todo quedó encaminado hacia el juicio oral y público.