La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones

Los imputados están acusados de haber encabezado un esquema de defraudaciones continuadas a través de firmas de fantasía llamadas “Green House” y “Green House Fintech”, con las que prometían ganancias extraordinarias que iban del 4% al 6% semanal y que, en algunos casos, llegaban al 20% mensual.

La investigación está en manos del fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quien en la audiencia de formalización del caso remarcó que la maniobra bajo la lupa se sostenía sobre una estructura cuidadosamente armada para aparentar solvencia.

De acuerdo con la causa, Ontiveros y Ocampo habían montado locales físicos en zonas de Santa Lucía y Capital con el objetivo de generar confianza. Sin embargo, la investigación reveló que la supuesta empresa no contaba con CUIT ni registro impositivo, y que tanto los contratos como las transferencias se realizaban a título personal de los acusados.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es que gran parte de los damnificados pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según la fiscalía, los acusados se valían de la confianza generada en ese ámbito para captar inversores, ofreciéndoles contratos en los que prometían duplicar el dinero si incorporaban a nuevos aportantes.

Para sostener el engaño, los imputados aseguraban que las inversiones se realizaban en empresas mineras de San Juan y en firmas extranjeras, aunque nunca presentaron documentación que respaldara esas operaciones. Los supuestos rendimientos se enviaban semanalmente mediante planillas de Excel sin firma ni validación legal.

La maniobra presuntamente fraudulenta no solo incluía dinero en efectivo, sino también bienes. Entre lo entregado por las víctimas figuran un Citroën Picasso, un Ford Explorer y una motocicleta Yamaha FZ, además de transferencias en pesos y dólares.

El esquema comenzó a derrumbarse en septiembre de 2025, cuando se produjeron demoras en los pagos prometidos. Ante los reclamos, los acusados ofrecían planes de devolución sin respaldo económico, e incluso intentaban cancelar deudas con vehículos en mal estado o con los mismos autos que otros inversores habían entregado.

Hasta el momento existen 37 denuncias formales que inicialmente sumaban 138 millones de pesos, pero con las nuevas presentaciones y la incorporación de más víctimas, la cifra total del perjuicio ya rondaría los 300 millones. Esto agrava el escenario judicial de Ontiveros y Ocampo, quienes quedaron en el centro de una de las investigaciones por estafas más resonantes de los últimos meses en la provincia.

Por tal motivo, en los próximos días se llevaría adelante la audiencia para ampliar el objeto de la investigación y así endilgarle nuevos hechos a los sospechosos.