Empezaron a juzgar al cirujano que está acusado de cobrar por una cirugía en el hospital público de Caucete

El tribunal está presidido por el juez Alberto Caballero, mientras que la acusación corre por cuenta del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la UFI Delitos Especiales. Por la parte querellante interviene la letrada Josela María Echegaray Moya, y la defensa técnica es ejercida por Mario Morán y Francisco Ricardo Furlotti Barassi, hermano del imputado.

Durante la mañana de este martes, comparecieron los primeros testigos citados por la fiscalía, todos ellos integrantes del personal de salud del hospital del Este sanjuanino. Los profesionales describieron sus roles durante la cirugía en cuestión y coincidieron en un punto fundamental: el hospital provee los materiales necesarios y bajo ningún concepto se le solicita dinero a los pacientes, dado que los insumos son costeados íntegramente por el Estado.

Un momento de particular tensión se vivió durante la declaración de una enfermera, quien se mostró dubitativa en su relato. Al ser consultada por la querella sobre las consecuencias legales de que un empleado público exija pagos por servicios gratuitos, la mujer respondió con evasivas, asegurando "no saber" al respecto.

La ausencia de la Directora del Hospital César Aguilar y la advertencia del Juez

Un hecho que generó malestar en la sala fue la inasistencia de la directora del Hospital César Aguilar, Diana Martínez, quien estaba citada como testigo clave. La funcionaria no se presentó ni envió justificación alguna por su ausencia. Ante esta situación, el fiscal Schiattino solicitó que sea notificada nuevamente, esta vez bajo el apercibimiento de ser trasladada por la fuerza pública.

Finalmente, el juez Caballero resolvió que la Oficina Judicial realice una nueva citación para mañana a las 8:00 horas, advirtiendo que, de persistir el incumplimiento, se procederá al auxilio de la policía para garantizar su comparecencia.

El origen de la causa: un hallazgo tras una tragedia

La investigación contra Furlotti Barassi se originó tras un evento trágico. El 30 de octubre, un joven identificado como Axel Fabián Marinero (34) sufrió el corte de su tendón de Aquiles. Tras ser atendido inicialmente en una clínica privada, el médico le indicó que la operación se realizaría el 6 de noviembre en el hospital público de Caucete.

Si bien Marinero falleció cuatro días después de la cirugía por un ataque cardíaco -hecho por el cual el médico fue desvinculado al comprobarse que el paciente no había tomado la medicación anticoagulante prescrita-, la familia reveló un dato alarmante durante la instrucción: Furlotti Barassi le habría pedido $250.000 para "insumos y suturas".

La prueba fundamental presentada por el Ministerio Público Fiscal consiste en registros de chats y un comprobante de transferencia bancaria desde la cuenta de Naranja X de la víctima hacia la cuenta de Mercado Pago del cirujano.

La fiscalía mantiene una pretensión punitiva de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, haciendo hincapié en la gravedad de vulnerar la gratuidad del sistema de salud pública en beneficio propio.