Elevan a juicio la causa contra el contador acusado de violar y golpear a su ex: afronta 12 años de cárcel

Se trata de José Luis Oribe, el profesional que está sospechado por los supuestos maltratos, lesiones y hasta violaciones en perjuicio de su exesposa. Aunque el juez Diego Manuel Sanz dictó la prescripción del delito de amenazas, el acusado fue imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones graves agravadas por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género, en concurso real.

El fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Cristina Pérez de la UFI CAVIG, y la querellante, la abogada Sandra Leveque, pretenden que Oribe sea castigado al cabo del debate, por los delitos que cometió en perjuicio de su ex. Al formular la acusación, señalaron que el contador y la abogada se casaron en 2010, tuvieron hijos y se separaron en 2020. En 2021 obtuvieron el divorcio.

En febrero de 2022, la abogada denunció en la UFI CAVIG al contador y en ese relato afirmó que sufrió maltratos durante su matrimonio, tanto física y psicológicamente. Así, relató que todo empezó de forma sutil, con apretones de manos y empujones, pero después esas agresiones fueron más violentas y hasta la sometió sexualmente en reiteradas oportunidades.

También citó dos ataques que padeció en 2017 y 2019, cuando le arrojó té caliente en el cuerpo provocándoles quemaduras y su posterior internación en el Hospital Marcial Quiroga. Recordó y presentó certificados médicos que acreditaron que, a raíz de una de esas agresiones, estuvo internada 19 días y fue sometida a 6 cirugías, según la denuncia.

En su denuncia mencionó esos hechos de violencia y otros, pero además el Ministerio Público Fiscal reunió informes médicos y psicológicos que, a su entender, acredita que las agresiones existieron y los abusos sexuales también.

Desde la defensa sostuvieron que no hubo golpes, amenazas y ataque sexuales durante la convivencia y relacionó esas falsas acusaciones a los supuestos trastornos mentales de la abogada. Por eso solicitó que el contador sea sobreseído total y definitivamente de la causa. Lo único que consiguió fue la prescripción de amenazas.

Ahora el caso será dirimido en una segunda instancia y la misma será definitoria para el imputado, que iría a la cárcel si es hallado -mediante las pruebas ofrecidas por las partes- culpable.