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SUSCRIBITE En las audiencias que se desarrollaron en Flagrancia este jueves al mediodía, que sentaron en el banquillo de los acusados a los empresarios más poderosos de San Juan por violar la cuarentena, hubo un hecho que llamó la atención y fue que dos de los tres comerciantes de renombre se presentaron con defensores oficiales, es decir, con abogados que provee y solventa el Estado.
Es que el dueño de Maxi Brant -Isaías Gabriel Brant- y el empleado de Las Tres B, propiedad de Ángel Zoberman, -Jorge Fabián Zukerman- fueron condenados por la justicia y ambos imputados, de patrimonios de gran valor, fueron defendidos por los letrados que ofrece el Ministerio Público, Alejandro Martín García y Lisandro Zapata, respectivamente.
Tanto un funcionario como otro acordaron con la Fiscalía la condena para sus representados en un juicio abreviado. Para Brant la pena fue de 8 meses de prisión condicional y una suma de dinero a pagar: 10 mil pesos para costas del proceso y 40 mil como donación para el Hospital Rawson, destinados a la compra de elementos sanitarios. Para el supervisor de la firma de Zoberman la sentencia fue la misma, con la diferencia que los 50 mil pesos que tendrá que abonar serán para costear el proceso.
Por su parte, el propietario de Zonda -Sergio Vallejo- contó con el abogado privado Martín Turcumán -conocido personaje de la política local- y fue el único que no llegó a un acuerdo, por lo que su castigo se discutirá en un juicio oral que se desarrollará el próximo 24 de abril.
Fuentes judiciales indicaron a Tiempo de San Juan que este tipo de asistencia jurídica es solicitada, generalmente, por personas de bajos recursos que no pueden costear el pago de un profesional particular. Sin embargo, este no fue el caso y, aunque despertó asombro en propios y extraños, está dentro de lo estipulado por el Código Procesal del fuero.
Los expertos explicaron que cualquier persona que sea sometida al Sistema de Flagrancia necesita un defensor, ya sea privado o del Estado, para que el proceso tenga validez. Si un imputado manifiesta no tener un abogado personal, sea cual fuere la razón -económica u otra-, la justicia está obligada a proveer un letrado de la Defensoría Oficial, tal y como sucedió con Brant y Zukerman.
"No hay una normativa que indique que si alguien dice que no tiene plata para pagar un abogado, tenga que demostrarlo. Eso supondría un proceso más extenso, con demoras para analizar el patrimonio de los imputados", agregaron fuentes judiciales.
En cuanto a la designación de abogados defensores, desde el fuero señalaron que son los acusados quienes lo definen en sede policial, si están detenidos, o bien en la sede judicial si están bajo la libertad condicional, horas antes del inicio de la primera audiencia.
Si bien el empleado de Zoberman fue quien padeció el castigo de Flagrancia, la causa será remitida al juzgado correccional de turno, el Segundo de la jueza Carolina Parra, para que la investigación continúe con el empresario también dueño de Soberano Indumentaria. "Se intentará establecer si Zoberman incurrió en la comisión de un delito, en este caso el de violación de cuarentena", sostuvo el juez Ricardo Grossi Graffigna.