Aborto en San Juan: el caso icónico, 4 años sin resolver

Tras ser procesado por el juez Benito Ortíz por el delito de aborto en grado de tentativa el 18 de septiembre del 2017, tres años después del primer estallido cuando fue atrapado in fraganti, la decisión fue apelada por la defensa, representada por el Dr. Sebastián Pontoriero, en la Cámara.

En el dictamen del juez del Primer Juzgado de Instrucción también quedó procesado Rubén Alberto Torres, ex pareja de la denunciante Nery Guzmán, con la misma calificación. Al igual que el profesional de la salud, el magistrado resolvió procesarlo sin la prisión preventiva ya que el delito es excarcelable, según lo establece el Código Penal. 

Según pudo saber Tiempo de San Juan, desde el 10 de noviembre de 2017 -dos meses después del procesamiento- el fallo ingresó en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional.   

"Estamos esperando que salga la resolución, aún no se me ha notificado nada. Hace dos semanas estuve averiguando y todavía estaba la solicitud en estudio, fue adjudicada y está la causa estudio", comentó el abogado defensor al mismo tiempo que sostuvo: "En este tipo de casos suelen demorar un poco más las resoluciones, ya que se trata de causas mediáticas y complejas, por lo que estaríamos dentro de los tiempos normales".

En base a los que se resuelva, el letrado explicó: "Iremos ante la Corte o tal vez la fiscalía vaya a querer recurrir a sentencia de cámara, pero todo dependerá de lo que se resuelva por el recurso".

Acorde al Código Penal, la condena que el médico podría llegar a cumplir en caso de ser encontrado culpable es de 2 a 5 años de prisión, ya que se trata de una tentativa del delito y no el ilícito consumado. 

El emblemático caso

En mayo de 2014, Nery Guzmán quedó embarazada y luego de ser persuadida por su entonces pareja, Rubén Torres, se contactó con el ginecólogo Horacio De Arrascaeta, quien la recibió en su consultorio y concertó una cita para llevar adelante un aborto. Esto sucedió a fines de julio de ese mismo año.

Una duda y un enojo terminaron por convencer a la embarazada de poner a la justicia en conocimiento de la situación. Es que, según se detalla en el procesamiento, su pareja actuaba de manera fría, la presionaba y estaba en total desacuerdo con la continuidad del embarazo. Fue por ello que tras una pelea y una crisis llegó hasta la sede judicial para poner fin a su calvario.

Un día antes de la cita concertada, la mujer en cuestión se arrepintió y decidió denunciar el hecho en la Comisaría 28 y luego en la Comisaría de la Mujer. Fue por ello que se armó un operativo encubierto, con cámara y micrófonos ocultos -que llevaba puestos la mujer- y que registraron de qué manera actuó el médico hasta que irrumpió la policía en el consultorio del profesional. 

Siempre, desde la defensa del médico, se sostuvo que el profesional sólo le había indicado a su paciente que las pastillas que su novio le había conseguido (Oxaprost) podían generarle un aborto y que fue decisión de ella tomarlas. Lo curioso es que todo el tiempo fingió hacerlo y alegó que sus intenciones eran ver cuan lejos podía llegar su ex pareja.

Convencida de seguir con el embarazo, según consta en el procesamiento, la mujer fue cómplice de la fuerza de seguridad para detener tanto al médico como a su ex pareja in fraganti, justo en el momento que ellos creían que iban a llevar adelante el aborto, incluso el médico ya le había aplicado una inyección con anestesia, lo que se comprobó luego con un legista. 

A partir de ese momento en que se ejecutaron las detenciones, inició la investigación contra De Arrascae y Torres, se allanaron sus domicilios, se ejecutaron las indagatorias y hoy están procesados por intento de aborto, aunque en libertad.