La tarde en la que tres presos tomaron Tribunales

El ya famoso Daniel Alberto “El Sandro” Almeida no era de fiar. Sus antecedentes de avezado asaltante y protagonista de las violentas fugas del penal de Chimbas del 10 de febrero de 1997, la del 28 de febrero de 1999 y de la gran toma de rehenes y la evasión del 3 de noviembre de 1999, lo convertían en un tipo por demás peligroso. Los policías de la alcaída de tribunales, por el contrario, lo subestimaron y el exceso de confianza les jugó en contra ese mediodía del 17 de abril de 2001.

Cuando se dieron cuenta, “El Sandro” tenía sujetado del cuello a uno de los policías, apuntándole en la cabeza con una pistola calibre 22 dentro de los calabozos del subsuelo del Palacio de Tribunales. Ahí también quedaron, sin poder reaccionar, otro policía y dos penitenciarios que rápidamente fueron reducidos por los reos Marcelo Noriega y Raúl Carmona. Este último conocido por su participación, junto a Almeida, en la gran fuga de noviembre del `99. El que si alcanzó a correr y huyó hacia el estacionamiento del edificio fue un tercer policía, el que alertó de la inesperada revuelta y consiguió que sus compañeros trabaran desde afuera la puerta del sector de la alcaidía y los portones del viejo edificio de calle Rivadavia.

La pesadilla

El único alivio en ese momento fue que eran minutos después de las 13 y el grueso de los empleados judiciales, los magistrados y el público en general prácticamente se había retirado. Eso evitó que el caos fuese aún mayor. Eso sí, en medio de las corridas y la confusión, quedaron una veintena detenidos que miraban desconcertados mientras los otros tres presos amenazaban exultantes con matar a los uniformados tomado cautivos. Estos reclusos no jugaban. En el tumulto lograron apoderarse de dos pistolas 9 mm dentro de los calabozos y efectuaron, al menos, dos disparos para demostrar que estaban dispuesto a todo.

Otra vez la pesadilla. Almeida, Carmona y Noriega traían los fantasmas de la gran toma de rehenes -con periodistas y un juez como víctimas- y la fuga masiva de un año y medio atrás de la cárcel provincial. Con la diferencia que aquí los cautivos eran el cabo Miguel Sosa y el agente Edgardo Bustos junto a los penitenciarios Andrés Castro y Oscar Sánchez. En realidad, querían reeditar aquella revuelta a cualquier costo.

Con las primeras versiones de lo que sucedía en la alcaidía, el Palacio de Tribunales se vio rodeado de policías. La temperatura subía en las calles a medida que la gente se agolpaba en los alrededores para mirar expectante el minuto a minuto de esa increíble película, tan real y tan cierta. Cruzando la plaza Aberastain, los chicos de las escuelas Industrial y de Comercio eran evacuados frente a la posibilidad de que los reos fugaran y se desatara una persecución por la zona céntrica.

El otro peligro latente era que hubiese cómplices en las inmediaciones de tribunales dispuesto a dar apoyo en el rescate o la fuga de los tres rebeldes. Eso aumentaba la presión, de modo que policías de civil se mezclaban entre la gente y recorrían las calles adyacentes para identificar a cualquier persona sospechosa.

Adentro la tensión crecía, los captores estuvieron un largo rato sin dar señales de lo que pretendían. Después lo hicieron explícito. “Queremos que venga un juez y el periodismo”, largó Almeida. Luego pidieron armas, chalecos antibalas, un celular y un vehículo. La intención era clara, estaban poniendo en práctica la misma maniobra usada en el último motín. Pero los jefes policiales y los funcionarios de Gobierno esta vez no iban a ceder. El peligroso resultado de aquel episodio había sido una amarga experiencia, fue así que se cerraron en que no podían acceder a las demandas de los delincuentes, además sólo eran tres.

“Vamos a matar a un policía”, amenazaron los presos, en forme de ultimátum. Desde afuera, los encargados del operativo tenían una firme decisión y no se apartaron de ese libreto. Les entregaron un celular, agua y unas semitas para que comieran, pero nada más. Mientras tanto los jefes policiales, algún que otro funcionario provincial, el juez de turno y un negociador armaron su improvisado centro de operaciones en las oficinas de los médicos forenses, en otro sector del subsuelo, para iniciar las negociaciones.

En los calabozos todo era puro nervios, tanto que uno de los guardiacárceles que permanecía de rehén se descompensó producto de una afección cardiaca. Los captores no deseaban empeorar las cosas, de modo que liberaron al penitenciario para que lo atendieran. Ese fue un signo de que dudaban y su postura no era tan intransigente. El mediador aprovechaba para decirles de a rato que depusieran su actitud, que el edificio se encontraba rodeado, que una acción arriesgada podía tener graves consecuencias y prometía todas las garantías para la entrega.

Almeida, Carmona y Noriega titubeaban pero no aflojaban. El mediador y los funcionarios se convencieron aún más de que la única táctica era jugar a quebrarlos psicológicamente y estirar la negociación lo más que pudieran para cansarlos. Por momentos afuera era puro bullicio, pero adentro del edificio se percibía un silencio sepulcral. Nadie sabía qué podía suceder. Conociendo a Almeida, un simple amague o una provocación podía desatar una masacre.

Los grupos especiales de la Policía estudiaban el plan de contingencia y trazaban croquis del despliegue en caso de tener que entrar a la fuerza o de salir en persecución de los revoltosos. Es que existía la posibilidad cierta de que todo se desmadrara y sus armas estaban listas para ser utilizadas.

Resolución del conflicto

Así transcurrieron las horas y cayó la noche. El negociador hizo saber que no entregarían armas ni vehículos. Por otro lado, insistió en que no había escapatoria. En la calle, Silvia Morla lloraba por la suerte de su hijo Daniel “El Sandro” Almeida, lo mismo que la madre y la pareja de Raúl Carmona que desesperadas trataban de saber cómo estaba el reo.

La por entonces comisión de madres de presos del penal de Chimbas se hizo presente con Juana Jofré a la cabeza y se ofreció a colaborar para destrabar el conflicto. Los jefes del operativo sabían que con esas mujeres podían tocar el lado más sensible a los presos. Por eso pusieron al teléfono a Juana Jofré, que habló con los rebeldes como si fuese su mamá y trató de hacerles entrar en razón: fue sincera con la situación y les imploró que se entregaran. Esto último fue determinante, además los reos estaban cansados, veían que todo se les iba a de las manos y no habían conseguido nada. Por otro lado Alfredo Avelín, el gobernador de ese entonces, habló por teléfono con la mamá de Almeida para darle garantías y pedirle que intercediera.

Pasadas las 20, los rebeldes enviaron un mensaje. “Señor juez, nosotros no queremos volver al penal”, adelantaron en tono más conciliador. Era una señal de que podían entregarse. Ya no hablaban de armas, de chalecos ni de un auto para escapar, lo único que insinuaban era que necesitaban garantizar sus vidas. El juez Eugenio Barbera y el ministro de Gobierno, Adolfo Colombo, les comunicaron que daban su palabra de que los trasladarían a la Central de Policía y nadie saldría lastimado.
Parecía que el tiempo no transcurría, pero a decir verdad pasaron horas hasta que Almeida, Carmona y Noriega decidieron entregar las armas y liberar a los rehenes. A la medianoche, en un impresionante operativo policial empezaron a salir uno por uno los rebeldes, rodeados de uniformados fuertemente armados. La odisea de los tres reos terminaba sin derramar una gota de sangre. Muchos suspiraron de alivio frente a lo que pudo ser una carnicería u otra espectacular fuga en pleno corazón de la ciudad capital.

En septiembre de 2002, los tres reclusos fueron llevados a juicio en la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional por esa increíble toma de rehenes en ese mismo edificio. A los tres los condenaron. Fuentes del caso señalaron que a Raúl Carmona le dieron 3 años y 6 meses de reclusión, en cambio a Daniel “El Sandro Almeida” y a Marcelo Noriega fueron sentenciados a 25 años de cárcel.

En la actualidad, Carmona está en libertad. Noriega continúa en prisión, pero goza de salidas transitorias. Muy distinto fue el destino que corrió “El Sandro” Almeida, que se encuentra confinado en la cárcel de máxima seguridad de Almafuerte, en la zona de Cacheuta, Mendoza. La sumatoria de condenas, entre ellas la que recibió por el crimen de un policía mendocino en julio de 1999, le valió que le impusieran la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado.