Todos los pasos de la extradición del político español preso

Todo se desató el viernes 15 de septiembre último, cuando la Policía Federal Argentina, a través de la Agencia Regional Cuyo, atrapó a Fernández (quien se hacía llamar Hernández) en su casa ubicada en el barrio Municipal en el departamento Rivadavia.

Eso ocurrió en horas de la madrugada, después de que chequearon que estaba vigente desde el 2010 un pedido de captura internacional con Código Rojo en la Interpol.

Cuando amaneció, Fernández fue llevado al Juzgado Federal de San Juan y ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo se negó a ser extraditado a su país de origen. Eso disparó el proceso de la extradición, la cual se rige por un convenio bilateral entre ambos países.

Ese mismo viernes 15 de septiembre el Juzgado Federal N° 2 de San Juan notificó vía fax a la cancillería de Argentina, con la intención de que ésta institución nacional informara sobre la detención de Fernández a la cancillería de España.

Al lunes siguiente, el 18 de septiembre, el Juzgado Federal N° 2 de San Juan solicitó formalmente (a través de un oficio) a la cancillería argentina que confirmara si España se dio por notificada de la detención del exconcejal.

Desde entonces la cancillería argentina no confirmó a la Justicia Federal de San Juan que el gobierno de España se haya dado por enterado de la detención de Fernández.

El dato es importante: en primer lugar, el gobierno de España debe decir oficialmente si requiere a Carlos Fernández. Si dice que no le interesa su extradición, el político español debe ser puesto en libertad inmediatamente porque en Argentina no cometió ningún delito (cabe recordar que ingresó al país legalmente en el 2006 porque la justicia de España recién envió su pedido de captura en el 2010).

LOS 30 DÍAS

Si en España dicen que sí les interesa la extradición, a partir de que notifiquen oficialmente esa postura, recién ahí comienzan a correr los 30 días de plazo para que envíen formalmente en qué causas y por qué delitos requieren a Carlos Fernández.

Eso es fundamental porque Fernández será sometido a un juicio de extradición que evaluará los delitos que le achacan en España con sus equivalentes en Argentina, es decir que los plazos de prescripción no son los de España sino los de Argentina.

POSIBLE LIBERTAD

En el supuesto caso de que España diga que sí quiere que Carlos Fernández sea extraditado y que en los siguientes 30 días no informe formalmente por qué delitos lo requiere, el juez federal Leopoldo Rago Gallo deberá evaluar si le otorga o no el beneficio de la excarcelación al exconcejal.

Es decir que Fernández legalmente tiene la posibilidad de esperar en libertad el juicio de extradición en el que se decidirá si debe o no ser extraditado a España.

En caso de otorgarle la excarcelación, el juez federal Rago Gallo deberá hacerlo con la imposición de medidas preventivas que le aseguren que no se fugará y que se presentará al momento de ser requerido para el juicio de extracición.

¿Cómo puede el juez federal lograr eso con un sujeto que estuvo 11 años fugado de la justicia de su país?

Más allá de la palabra del imputado, quien se beneficia con la libertad a cambio de comprometerse a presentarse cuando lo citen (legalmente se llama caución juratoria), también el juez federal le puede imponer una caución real: un monto de dinero, el cual quedará retenido hasta que la justicia federal termine el proceso. Ese monto de dinero puede ser efectivo o un inmueble que lo respalde.

A favor de Carlos Fernández está el hecho de que en Argentina no habría cometido ningún delito mientras estuvo prófugo de España.

En contra juega su historial: estuvo 11 años evadido y evidentemente no quiso colaborar con la justicia de su país para no ir preso.