No quedó detenida porque el delito es excarcelable y porque tiene más de 70 años. Y en la mañana del martes se presentó en el Quinto Juzgado de Instrucción, 24 horas después de que le habían allanado su casa particular en Trinidad y su estudio jurídico en el microcentro. Pero la sorpresa no fue esa, sino cuando en Tribunales se enteraron al comenzar el día que la profesional de las leyes rompió las fajas de clausura de la Justicia, según confirmaron fuentes de la investigación.
La abogada a la que le clausuraron el estudio rompió las fajas y habría sacado documentación
Según fuentes judiciales, ahora deberá enfrentar otro delito penal por desobediencia judicial.
Pero lo más grave no es eso: la abogada Dora Zulma Monasterio de Cirrelli habría sacado parte de esa documentación que el juez Benedicto Correa buscaba y que halló en el estudio jurídico ubicado en avenida Ignacio de la Rosa al 160 Este, Capital.
La Justicia busca los 3.000 expedientes con ejecuciones que estaban a cargo de la abogada Monasterio. Este martes en la mañana lograron secuestrar unos 1.000 de su estudio jurídico y llevarlos a Fiscalía de Estado. Y por ahora no se sabe dónde está el resto de las causas o si estaban en ese estudio jurídico y la abogada las sacó ilegalmente. Eso es materia de investigación.
La causa se originó por una denuncia penal que Fiscalía de Estado hizo en la Fiscalía de Instrucción N°1 en enero último. Fue cuando agotó todas las vías para recuperar 3.000 expedientes de ejecución que tramitaba la abogada Monasterio defendiendo el Estado Provincial hasta que se jubiló, hace un par de años.
Cuando los abogados a los que les asignaron esas causas fueron a los juzgados, se dieron cuenta que los expedientes no estaban. Intimaron hasta con carta notarial a la abogada a que los devolviera en Fiscalía de Estado o en los juzgados y no lo hizo. Por eso hicieron la denuncia penal.
"Tras lo ocurrido esta mañana –por el martes-, he ordenado a un equipo especial de abogados hacer una auditoría con los expedientes secuestrados en el estudio jurídico. Vamos a determinar qué cantidad de causas son, que ejecuciones son las que prescribieron porque no los tramitó y por qué monto son”, informó Gastón Orzanco, subrogante en la Fiscalía de Estado.
Además, Orzanco agregó que "no descartamos ampliar la denuncia penal inicial. Vamos a ver si hubo perjuicio fiscal para el Estado provincial por parte de la abogada al no querer devolver esos expedientes”.