Un peritaje contable, la traba en el caso de la mutual universitaria

La pericia contable es clave en la evolución de la investigación porque es una herramienta que el juez penal debe tener en la mano para saber certeramente hasta la configuración del delito.

Dicen que con ese trabajo ya se podría llamar a indagatoria a los sospechosos, lo que hasta ahora no se hizo.

Cabe recordar que la causa se originó por una denuncia de las actuales autoridades hecha en diciembre de 2014 en la Fiscalía de Instrucción N° 4.

La causa también se encontró con el freno del recambio de autoridades: la fiscal Teresa Ravetti se jubiló y el juez Maximiliano Blejman, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, donde recayó el caso, fue ascendido a camarista. Ahora el juzgado es subrogado por Benedicto Correa, quien es titular del Quinto de Instrucción y atiende los dos frentes. Salvo excepciones, el criterio de los jueces penales es darle prioridad a las causas con detenidos. Y la de la mutual no es una de ellas.

El camino del peritaje contable frenado arrancó cuando Blejman eran el juez titular del Cuarto de Instrucción.

Con el afán de hacerlo de la mejor manera posible, el juez le pidió a las dos universidades (la Católica de Cuyo y la Nacional de San Juan) que designaran contadores para armar un cuerpo de peritos que analizara finamente los números de la mutual APUNSJ.

La primera en decir que no fue la UNSJ. Argumentaron que era para darle transparencia porque el grueso de sus socios son los integrantes de la mutual y, además, porque muchos de los sospechosos son empleados de esa universidad.

Luego también negó enviar peritos la Universidad Católica de Cuyo (UCC). No trascendieron mayores detalles sobre los motivos, pero en ese momento también se habrían excusado en el hecho de que uno de sus profesores, Jorge Lecich, estaba señalado como uno de los prestamistas por los denunciantes, que son las actuales autoridades de la mutual.

Con el no de las dos universidades, en el Cuarto Juzgado de Instrucción optaron por recurrir a la nómina de peritos inscriptos en el Poder Judicial de San Juan. Se hizo un sorteo y resultó ganadora una contadora, la cual aceptó hacer ese trabajo.

Más tarde surgió el problema económico entre la Corte de Justicia y esa contadora.

Una vez avanzado el peritaje, y después de haber ido entregando al juzgado parte de sus informes, la contadora pidió "un adelanto por anticipo de gastos”. Allí surgió la diferencia. Solicitó 30.000 pesos para ir cubriendo sus gastos.

Pero en la parte administrativa de la Corte de Justicia, a cargo de Mara Alcoba, dictaminaron que ese monto era excesivo para ser un "anticipo de gastos” y rechazaron oficialmente el pedido. Se basaron en que 30.000 pesos era mucho dinero para gastos como fotocopias.

El total del costo del peritaje sería de unos 90.000 pesos. Ese monto había sido acordado con la contadora antes de que arrancara el trabajo. Y el entonces presidente de la Corte, Soria Vega, había sido informado y aprobó ese monto.

De todas maneras, como la causa es compleja, es casi seguro que esperarán a tener un juez titular en el Cuarto de Instrucción para que la instruya. En ese punto se suma una nueva traba al escándalo de la mutual APUNSJ: el Consejo de la Magistratura no está sesionando y es el órgano que selecciona las ternas de la que saldrán el nuevo juez y el nuevo fiscal que deberán investigar la presunta usura.