Por Gustavo Martínez Puga
Causa Bórbore: el inicio del negocio de expropiaciones con las vereditas
Corría noviembre de 1987 cuando el abogado Horacio Alday peticionó una medida preliminar en nombre de José Bórbore SACIAF contra la Provincia de San Juan, porque no habían constancias de que se hubiera pagado la expropiación de una parte del frente del inmueble ubicado en calle Mitre, entre Catamarca y Alem, cuando se hizo la Reconstrucción de San Juan y la Ciudad tuvo una nueva traza en sus calles. Así nacía el negocio de iniciar juicios en contra del Estado por veredas expropiadas, lo que luego derivó en una serie de escándalos que forman parte de la mega causa judicial de las expropiaciones, en las que hoy hay una docena de imputados, entre los que figuran abogados, ex jueces y ex funcionarios.
Esas gestiones iniciadas por Alday y Graffigna dieron sus frutos el 26 de junio de 1995, cuando el destituido Carlos Macchi condenó al Estado a pagarles a los abogados Alday y Graffigna con un polémico método de cálculo de intereses que inflaron potencialmente el valor de los 55 metros cuadrados de la veredita y lo llevaron a un valor de 103.206,47 pesos. En septiembre de 2002 están las constancias de pago del Banco San Juan por embargos de Graffigna a la Provincia por cuotas de 17.201,08 pesos.
No conforme con eso, Graffigna planteó un recurso de reposición diciendo que el valor de la propiedad estaba desactualizado al momento de la sentencia. Macchi hizo lugar a ese pedido y el monto de la veredita se elevó en 272.054,09 pesos, superando ya a esa altura, noviembre de 2002, los 300.000 pesos que el Estado estaba pagando por esos 55 m2.
No conforme con eso, el 30 de noviembre de 2005 Macchi volvió a condenar a la Provincia por esa veredita del caso Bórbore: fue cuando Graffigna planteó una “readecuación de los valores indemnizatorios”, aduciendo que se había visto afectado por las consecuencias de la devaluación del valor monetario.
Macchi falló a favor de Graffigna, pero éste no sólo quería eso, sino que le actualizara en un 300 % el monto de la capitalización. Entonces Graffigna llevó su queja ante la Cámara Civil. Allí recibió un duro revés. El tribunal le rechazó su pedido y fue clarísimo: “La cuestión relativa al valor indemnizatorio del bien expropiado y la manera de mantenerlo intangible hasta su pago quedó ya definido por la sentencia del 15 de abril de 2004, pasada en autoridad de cosa juzgada, lo que impide volver sobre el tema, máxime cuando al tiempo del dictado de la sentencia la situación legal sobreviniente que se invoca para el planteo de readecuación se había producido más de dos años antes”, dice el fallo de los jueces Octavio Sánchez, Gilberto Riveros y Humberto Caballero.
Pero en esa instancia se produjo una acción que no pasó desapercibida en la Fiscalía de Estado y que promete nuevas consecuencias: hasta ese momento, el abogado de Fiscalía que defendía a la Provincia en la causa Bórbore, Fernando Heras Mestre, venía haciendo muy bien su trabajo. Pero, de golpe, no siguió la acción de Graffigna ante la Cámara Civil, por lo que quedó firme el fallo de primera instancia de Macchi.
Graffigna terminó ganando y negociando con Fiscalía de Estado la forma en que la Provincia debía pagarle por la causa Bórbore. En total, entre las reactualizaciones y los intereses de los intereses que fue cobrando Graffigna gracias a los fallos de Macchi, se calcula que el Estado terminó pagando cerca de 1 millón de pesos por la veredita de 55 metros cuadrados de la calle Mitre.
La causa Bórbore fue descubierta por la Fiscalía de Estado en medio del cúmulo de expedientes de expropiaciones. Es considerada el comienzo del negociado de las vereditas expropiadas en las que siempre aparecía Carlos Macchi.
Cabe recordar que Graffigna cobró unos 23 millones de pesos por la vereda expropiada en la sociedad benéfica San Vicente de Paul, en Capital, conocida como la causa Ruiz Guillermo.
Otro caso de una demanda increíble contra el Estado por una vereda expropiada es la llamada causa Gustavo Herrería, por la cual Graffigna había logrado que condenaran a la Provincia –la Corte anuló ese fallo de Macchi- a pagarle 1,8 millones de pesos por 124 m2 de una veredita expropiada en la calle Paula A. de Sarmiento, al Norte de Ignacio de la Roza, a metros de donde fue detenido por la Policía Federal como el jefe de una asociación ilícita organizada para saquear al Estado mediante causas de expropiaciones.
Mientras que el socio de Graffigna, Horacio Alday, quien participó de esta causa, tiene pendiente una indagatoria con la Justicia.
Dos condenas por una misma cosa
Macchi I
Este es el primer fallo, con su polémica forma de actualización de los intereses, que Macchi hizo a favor de Horacio Alday, socio de Graffigna en ese momento, en la causa Bórbore. Es del 26 de junio de 1995:
“Resuelvo condenar a la Provincia de San Juan a que abone a la actora José Bórbore SACIAF. El monto indemnizatorio deberá actualizarse desde el mes de noviembre de mil ochenta y siete (se supone que quiso decir 1987), por desvalorización monetaria hasta el 31/03/91, con más los intereses legales del ocho por ciento anual desde el año 1947 hasta la fecha indicada, en más se aplica la ley 4112 sobre el monto actualizado por desvalorización monetaria hasta su pago efectivo”.
Macchi II
Habiendo ya condenado a la Provincia a pagar por la expropiación, éste es el segundo fallo de Carlos Macchi favoreciendo a Graffigna en el caso Bórbore, fechado el 30 de noviembre del 2005:
“Resuelvo: Hacer lugar al pedido de readecuación de los valores indemnizatorios peticionados por el actos –Santiago Graffigna-, utilizando al efecto por única vez al monto fijado como indemnización actualizado por la tasa activa, el índice de precios al consumidor general, saliendo como resultado allí obtenido el que se toma como apropiado en concepto de readecuación. Igual criterio y procedimiento deberá seguirse en relación a los honorarios”.