A quiénes se investiga por el mayor caso de trata laboral

El fiscal federal Francisco Maldonado está en la instancia final de una "investigación preliminar” para ver si se cometió o no el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral” en el hallazgo de 25 tucumanos (dos menores de edad) en condiciones deplorables en una finca de Albardón, donde fueron traídos desde el centro del país para la cosecha de damascos.

De esa línea de la investigación, el fiscal Maldonado obtendrá las pruebas finales para ver si imputa o no a las personas que estarían detrás del mayor caso de trata laboral que se haya descubierto en San Juan en los últimos años.

Por ahora hay tres frentes en esa investigación. Del resultado de esas líneas se podría llegar a descubrir cómo funcionó el circuito que permitió traer desde Tucumán a personas a las que no les pagaron lo prometido; las hacían dormir en el suelo; estaban mal alimentadas y las condiciones de higiene de los baños y de la cocina no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.

Uno de esos frentes apunta a una cooperativa de trabajo llamada "Cooperativa Albardón Trabaja”. Según la información que proporcionó la Dirección Provincial de Cooperativas, esa cooperativa estaba en "archivo pasivo” y le iniciaron una investigación tras los pedidos de informe de la Justicia Federal.

Esa cooperativa no está legalmente operativa desde hace seis años. Según la información oficial, la última asamblea de esa cooperativa fue en el 2008, la comisión directiva no estaría vigente y, a simple vista, sólo sería una pantalla para hacer trabajar la gente.

El segundo frente de investigación apunta a una sociedad anónima llamada "Donimat”. Y el tercer frente es otra sociedad de responsabilidad limitada, identificada como "Valles Zondino”.

Los organismos consultados aún no responden quiénes son las personas que integran esas dos sociedades.

Quienes figuren como responsables de esas tres organizaciones podrían llegar a ser responsables del trabajo esclavo al que eran sometidos los tucumanos, siempre que el fiscal federal les encuentre pruebas.

Se presume que esas tres organizaciones podrían haber estado coordinadas para ser usadas con fines comerciales y de explotación laboral, sin tener que pagar cargas impositivas de los trabajadores o de impuestos nacionales.

Más allá de la investigación de la Justicia Federal, en forma paralela también investiga la AFIP, por la presunta evasión impositiva y RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios). De ser hallados en infracción, los responsables podrían llegar a tener que pagar una multa a los organismos de 20.000 pesos por cada trabajador.

Hasta el momento no se presentó ninguna persona como responsable de la finca en la que fueron rescatados los 25 tucumanos. El día que se produjo el rescate, sólo una mujer dijo ser una especie de "encargada” del lugar, pero no sería una de las responsables.

En las fotos tomadas en la finca se puede apreciar que la cosecha de damascos salía en cajas de madera con el nombre comercial de "Aldo Carrascosa”, pero no sabe aún si algún miembro de la tradicional familia albardonera tiene o no que ver con la explotación de los tucumanos.

Esa finca está ubicada en Ruta Nacional 40, esquina calle Rawson, en Albardón. Y la casa en la que albergaban a los tucumanos está en calle Rawson, a metros de ese lugar.

Hasta ese lugar llegó el martes 18 de noviembre último el personal de la Oficina de Rescate de Personas del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, quienes protagonizaron el operativo junto al RENATEA y a la AFIP.

Ese operativo se organizó por la denuncia que hicieron los mismos trabajadores tucumanos, quienes se vieron estafados en su buena fe, ya que ni siquiera les pagaban lo que les habían prometido en Tucumán cuando los fueron a buscar para traerlos a cosechar hasta Albardón.

Además de las condiciones deplorables de trabajo, alojamiento y alimentación, los trabajadores terminaron de estallar cuando no les pagaban los jornales y estaban prácticamente esclavizados por la falta de recursos en las que habían caído.

Hasta ahora ése es el mayor caso de trata laboral que se haya descubierto en San Juan, el cual aún tiene un final abierto en la Justicia Federal.

Los 25 tucumanos brindaron sus declaraciones ante el fiscal Maldonado. Debido a la gran cantidad, eso llevó varios días y hubo filas de víctimas en la vereda del edificio.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, el gobierno provincial envió a sus hogares a los trabajadores rescatados de la finca de Albardón, ya que no lo podían hacer por sus medios.

La trata laboral es un delito de lesa humanidad que viola los derechos humanos. El Código Penal prevé penas que van de los 3 a los 15 años de prisión, si es que no se encuentran agravantes.