El escándalo de los adicionales truchos en la Policía, impune
Lo había denunciado el Jefe de Policía en 2004, cuando descubrió graves irregularidades que involucraban a 33 policías. Pero hubo una sucesión de irregularidades que terminó con el caso cerrado sin que se averiguara si hubo o no delitos y perjuicio económico contra el Estado.
Por Gustavo Martínez Puga.
La cadena de irregularidades que dejaron el escándalo envuelto en un mar de graves acusaciones sin resolverse, arrancaron por la Policía -donde los sumarios administrativos contra los sospechosos no estaban cerrados al momento de la denuncia-, pasaron por la justicia de primera instancia –donde ni siquiera se indagó a los sospechosos durante más cuatro años-, y terminaron en la Cámara Penal -donde las penas prescribieron a los cinco meses de que entró el caso, mientras resolvían un recurso de apelación que les llevó dos años y medio por la cantidad de involucrados-.
Todo comenzó el 22 de febrero de 2004, cuando el fiscal de primera instancia, Daniel Guillen Alonso, produjo un requerimiento de instrucción, haciéndose eco de la denuncia del por entonces Jefe de Policía, Miguel González. Así se inició formalmente la investigación del escándalo que destapó González, respecto de “una serie de hechos irregulares que se habrían cometido por parte de personal policial respecto a la programación, contratación, otorgamientos y pagos de servicios de adicionales del operativo Máxima Seguridad, en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2003”.
Por ejemplo, el Jefe de Policía había detectado que había un mismo policía en dos lugares distintos, lo que era imposible; planillas con firmas de adicionales que se habían pagado y que los policías sostenían que no habían hecho nunca. Esas irregularidades saltaron a la vista cuando en el Ministerio de Hacienda dijeron que no podían pagar esos adicionales con esas irregularidades.
Sin embargo, recién el 17 de abril de 2008, el entonces presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, dijo que “no se han exteriorizado evidencias válidas suficientes, de valor probatorio y con perfiles de certeza que permitan señalar la existencia de un presunto perjuicio fiscal”.
Al momento de la denuncia, el comisario general retirado Miguel González adjuntó fotocopias certificadas del sumario administrativa N°15/04, pero que en ese momento no estaban terminados, lo que habría facilitado la labor judicial para conocer en detalle cuáles fueron las irregularidades internas cometidas.
La denuncia de González entró al Cuarto Juzgado de Instrucción, por entonces al mando de José A. Vega, quien se inhibió. Y, como aún no estaba creado el Quinto Juzgado de Instrucción, la denuncia terminó en el Primero de Instrucción, en ese momento al mando de Leopoldo Zavalla Pringles.
El 4 de noviembre de 2008, a más de cuatro años de la denuncia, Zavalla Pringles resolvió el caso. Y nació el escándalo: sobreseyó a los 33 sospechosos fundamentando que “vencieron con exceso los plazos de instrucción de conformidad a lo preceptuado por el artículo 238 del Código Procesal Penal”. Esto es, que pasen más de 3 meses sin que termine la instrucción.
Fuentes judiciales informaron que ese plazo es ordenatorio del proceso y que por eso la mayoría de las veces, en la práctica, no se cumple. Además, en todo ese tiempo, en la etapa de investigación nunca se citó a declaración indagatoria a los sospechosos, lo que habría frenado la fecha de prescripción del escándalo.
Ante esa decisión del juez Zavalla Pringles, el fiscal Guillen presentó un recurso de apelación ante la Cámara Penal. Dijo que “le agravia las afirmaciones del juez, por cuanto los cuatro meses son a partir de la declaración indagatoria, acto procesal tal que no ha sido llevado a cabo aún en la presente causa, habiéndose recibido declaración informativa a los presuntos imputados”. Además, el fiscal fundamentó que “aún restan por producirse pruebas que podrían hacer variar el auto de procesamiento”. Incluso dijo que los peritajes informados por el Tribunal de Cuentas aún no eran definitivos.
Por esos motivos, el fiscal Guillen pidió a la Cámara Penal “que se revoque el sobreseimiento dictado”. Junto al fiscal Guillen, con la misma argumentación, también apelaron los abogados de Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Sergio Saffe Peña.
Ese recurso de apelación cayó en la Sala II de la Cámara Penal. El tribunal que intervino estuvo integrado por los jueces Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc y Eugenio Barbera. Y el 28 de abril de 2011 resolvieron “sobreseer la presente causa a favor de... (los 33 policías sospechosos) al haberse operado la prescripción de las respectivas acciones penales”.
Así, el tribunal de la Sala II dejó firme el fallo de primera instancia, pero no por el motivo por el que lo había hecho el juez de primera instancia, Zavalla Pringles, sino porque ya había pasado más tiempo del que contemplaban las penas que, de ser encontrados culpables, deberían haber cumplido los sospechosos.
Fuentes judiciales precisaron que el recurso de apelación ingresó a la Sala II en junio de 2009, cuando restaban 5 meses para que el escándalo prescribiera. Es que las penas de los delitos que se investigaban (Fraude a la Administración Pública y Falsedad Material e Ideológica de Instrumento Público), prescribían en noviembre de 2009, seis años después de que se habrían cometido los delitos.
Como la causa era compleja por la cantidad de involucrados y las medidas que había por resolver, recién en marzo del 2011 el tribunal de la Sala II pudo empezar a estudiar la apelación. En la Sala II precisaron que, por ejemplo, a cada una de las partes les tenían que dar 8 días hábiles para que se expidieran.
Pero a esa altura el caso ya había prescripto. Además, según fuentes de la Sala II, era insalvable el hecho de que el juez de primera instancia no hubiera indagado a los sospechosos, lo que habría frenado la prescripción.
Así fue que la Sala II resolvió el 28 de abril del 2011 por el sobreseimiento.
El 5 de noviembre de 2009, la Fiscal de Cámara, Alicia Esquivel, había mantenido y refundado el recurso de apelación de su par de primera instancia, Daniel Guillen. Y hasta hizo reserva para recurrir a la Corte de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero a esa altura la prescripción había ganado. Y, como ese es un derecho constitucional, ya no hubo más nada que hacer y el escándalo de los adicionales truchos murió sepultado en la nada.
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