Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

El proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei propone modificar la Ley 26.639 bajo el concepto de “federalismo ambiental” y apunta a ordenar criterios que, según el Ejecutivo, generaron inseguridad jurídica durante más de 15 años.

Las provincias y las empresas mineras consideran que el proyecto de ley es clave para destrabar proyectos mineros especialmente en San Juan, donde cuatro proyectos avanzados y otros seis que vienen detrás pueden verse condicionados en función de las definiciones que surjan del debate legislativo, en particular en lo relativo a los glaciares de roca y las facultades provinciales de evaluación.

La postura de la Cámara Minera

Desde la Cámara Minera sanjuanina reafirmaron su compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, advirtieron que la normativa actual presenta ambigüedades que requieren precisiones.

En ese sentido, sostuvieron que no todos los glaciares ni todo el ambiente periglacial cumplen necesariamente esa función estratégica, por lo que consideran clave identificar caso por caso cuáles deben ser protegidos, sobre la base de estudios científicos y la intervención de especialistas.

Uno de los puntos centrales del planteo del sector es el rol de las provincias. Tanto la entidad local como la CAEM remarcaron que la Constitución Nacional establece que las provincias son titulares de los recursos naturales en sus territorios, lo que incluye la determinación y delimitación de los glaciares y del ambiente periglacial alcanzados por la protección legal.

La Cámara nacional

A nivel nacional, la CAEM expresó su acuerdo con el espíritu original de la Ley 26.639, que prioriza el cuidado de los glaciares que constituyen reservas estratégicas de agua. No obstante, señaló que la falta de definiciones claras generó un escenario de incertidumbre que afecta no solo a la minería, sino también a obras de infraestructura y a otras actividades productivas.

Desde el sector minero sostienen que una norma más precisa permitiría compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo sostenible, generando empleo y aportando al crecimiento económico.

En ese marco, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya planteó que los conflictos en torno a la Ley de Glaciares deben resolverse a través del diálogo federal, antes que mediante la judicialización.

Con el debate abierto en el Congreso, las cámaras mineras esperan que el proceso legislativo permita consensuar definiciones técnicas claras entre Nación y provincias. Para San Juan, el resultado de esa discusión será clave para despejar dudas, dar previsibilidad a las inversiones y definir el futuro de proyectos estratégicos para la economía provincial.