Un diputado massista en la mira por un homicidio

Según consignó Tiempo Argentino, lo que siguió no fue menos condenable: un imputado sin pruebas en su contra; una comisaría que no investigó y encubrió; fiscales que avalaron la impunidad.

Todavía hoy, la causa –el escándalo– sigue sumando irregularidades: los abogados del viudo Sergio Rachit denunciaron que un diputado provincial por el Frente Renovador le entregó copias del expediente al principal sospechoso del homicidio.

El último 7 de abril, los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Walter Vaccarini hicieron una presentación formal ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires denunciando al fiscal Marcelo Romero y al diputado Ricardo Lissalde por la entrega y obtención ilegal de las copias de los 12 cuerpos, y otros dos de anexos documentales, que terminaron en manos del empresario estanciero L. C. (se reserva su identidad para no entorpecer el curso de la investigación), quien habría tenido una relación de amantes con la víctima en el pasado.

Según el escrito, que también lleva la firma de Rachit, entre el 1 y 2 de octubre de 2014 el diputado massista se presentó en el despacho de Romero (otro ferviente militante a favor del Frente Renovador), en aquel tiempo a cargo de la instrucción por el homicidio, "invocando falsamente tener autorización de los hermanos de Marisol" para obtener copias del expediente.

El viernes 10 de octubre, los abogados del viudo descubrieron la maniobra y presentaron un escrito en la fiscalía manifestando su oposición. El martes 14 (el lunes había sido feriado) recusaron a Romero alegando "que puso en peligro cierto e inminente la investigación del homicidio".

Con un sentido de la conveniencia admirable, el mismo día L. C. se presentó de manera espontánea ante el juez de la causa Cesar Melazo para exigir, en su carácter de testigo, que "se nulificara todo lo actuado sobre su persona porque la policía le había sacado el celular y había entrado a un campo de su propiedad sin autorización". Melazo rechazó la presentación porque tanto sus declaraciones como las de los policías de Bolívar, incluidas en el expediente, afirmaban lo contrario (ver recuadro).

Recién el pasado 15 de abril, haciendo lugar a la insistencia de los abogados del viudo, los tres hermanos de Marisol declararon sobre la cuestión. Delmar, Soledad y Dabel Oyhanart  juraron que nunca autorizaron al diputado Lissalde a pedir en fiscalía las copias del expediente y mucho menos la entrega a terceros.

El testimonio de Dabel evidenció además que la intromisión de la política era grosera. Contó que durante el mes de enero –en plena feria de verano– recibió un llamado del intendente de Saladillo, el radical Carlos Gorosito, y que enseguida le pasó el teléfono al ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados. El funcionario le dijo que la familia debía recusar a la fiscal Ana Medina (al frente de la causa luego del alejamiento de Romero) porque "no era de su confianza", para que su lugar fuera ocupado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de UFI 11 de La Plata, porque "él iba a resolver el caso en un mes".

El interés del ministro Granados en apartar a la fiscal Medina tiene una posible explicación: fue la única que se atrevió a citar a declarar a los policías de Saladillo, a contramano de lo actuado por sus antecesores.   

Bajo la tutela de Medina, siete efectivos bonaerenses fueron denunciados por su presunta responsabilidad en una serie de maniobras que tuvieron como objetivo encubrir al empresario sospechoso de matar a Marisol.

En este contexto de presión política, los abogados del viudo solicitaron al juez que ambos funcionarios públicos –Granados y Gorosito– sean citados a prestar declaración testimonial.

RELACIONES. Fuentes de la investigación confirmaron a Tiempo que la intromisión del diputado massista no es novedosa. En los días posteriores al hallazgo del cuerpo, Lissalde se reunió con su amiga y primera fiscal del caso, Patricia Hortel, para ofrecerle su apoyo (y sus contactos en la política) y al mismo tiempo enterarse de los avances en la causa. Así descubrió que la principal pista apuntaba contra Jonathan Bianchi, un joven con antecedentes de robo y violencia de género que algunos testigos dijeron haberlo visto en la zona donde desapareció Marisol.

Uno de los más entusiasmados en cumplir la orden de arresto librada contra Bianchi fue el  subcomisario Pablo Gallo, jefe de calle durante diez años y hombre de extrema confianza de Hortel. Gallo está sospechado de ser el ideólogo del encubrimiento que operó la comisaría de Saladillo a favor del empresario –previo cobro de una suma millonaria– y fue convenientemente removido (como toda la cúpula de la seccional) y trasladado a una dependencia de la zona sur del Conurbano.

En aquel momento, Lissalde llevó tranquilidad a su esposa, y a través de ella, a L.C. Sandra García de Lissalde es abogada y patrocinó a Guadalupe Rizzo, la madre de los dos hijos menores de L.C., en los trámites civiles por la tenencia, alimentos y régimen de visitas. La separación fue en buenos términos y por eso la mujer no dudó en ayudar al ex cuando los rumores sobre su participación en el homicidio de Marisol comenzaron a desperdigarse en el pueblo.

Por su parte, L.C. había contratado los servicios del abogado Daniel Morbiducci (según los testigos ya lo había asesorado en el tema de la sucesión de su padre y otros asuntos desde el año 2000), el mismo que desde agosto de 2014 hasta la actualidad representa a los hermanos de Marisol.  

Se sabe que Morbiducci ocultó en la causa la existencia de la relación profesional que mantuvo con el empresario sospechado aunque se desconoce si lo informó en privado a sus clientes. Lo que es de conocimiento público es su vínculo con el diputado Lissalde, al que conoció desde que era un simple escribano.

Ante este entramado de relaciones, a los abogados del viudo no les sorprendió que Morbiducci, en su carácter de apoderado de los hermanos de la víctima, no haya acompañado la recusación que presentaron contra el fiscal Romero. 

"Los antecedentes del abogado Morbiducci y de L.C.–explica un allegado al viudo– nos permiten pensar que todavía existe entre ellos una relación, por tal motivo Sergio y sus hijos dejarán de participar de las marchas convocadas por la familia de Marisol y en su lugar organizará misas en cada nueva fecha. Nos cuesta aceptarlo, pero los hermanos de Marisol parecen estar ciegos."

Morbiducci nunca censuró la intromisión de la política en la investigación del crimen. Incluso, a la luz de los hechos, pareció sacarle provecho. En una declaración pública volvió a diferenciarse de los abogados del viudo al manifestar que no era necesario citar a declarar al ministro Granados y al intendente Gorosito.

El martes, un decreto firmado por el gobernador Daniel Scioli confirmó el nombramiento de Morbiducci como juez civil y comercial suplente para Tandil y Mar del Plata.