El viernes 28 de diciembre, alrededor de las 20 horas, el ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, anunció sorpresivamente la designación del comisario Ramón Frías como nuevo jefe de Policía provincial, en remplazo de Sergio Comugnaro.
Córdoba: Denuncian al jefe policial
Julio Giménez asegura que sufrió un apriete en plena calle el mismo día que se nombró al titular de la fuerza. Ya lo había acusado en 2009 ante la justicia federal por amenazas de muerte.
Según este relato, que develó la revista Veintitrés en su edición cordobesa, el mismo 28 de diciembre, una hora después de la designación de Frías, Giménez manejaba su auto, junto a su esposa y su hijo de 9 años, cuando dos motos policiales comenzaron a seguirlo. La familia venía de la casa de un pariente. Giménez se detuvo un momento en su domicilio del barrio Alta Córdoba para que su mujer buscara algo antes de seguir viaje. Las motos pararon unos metros detrás y Giménez aprovechó para sacarles algunas fotos como venía haciendo hace tiempo. Cuando el auto arrancó nuevamente uno de los motociclistas interceptó el auto y lo obligó a detenerse. El ex comisario bajó para preguntar qué sucedía pero la moto arrancó súbitamente en contramano y se perdió en el barrio junto a su compañero. "Esta es la gota que rebasó el vaso, no pueden meterse con mi familia", se dijo.
El primer día hábil del año, Giménez se presentó en la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Enrique Senestrari, para denunciar el acoso que sufre en su calidad de querellante en la causa referida al asesinato de su padre.
El caso pone en tela de juicio, una vez más, el accionar de la actual conducción de la policía de Córdoba respecto de los crímenes cometidos por la lúgubre D2 que sembró el terror durante la década del ’70, particularmente en el período '74-'76, inundando de asesinatos políticos la provincia. Entre aquellos crímenes se encuentra el del padre del comisario Giménez y secretario general del Gremio de Pasteleros, Alberto César Giménez, ultimado en Córdoba Capital el 26 de febrero de 1976 por un disparo de Itaka en la espalda, en las puertas de un hotel donde se encontraba escondido, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus.
"Yo estoy denunciando públicamente esta situación desde el 2009. Este último apriete me lo guardé para no generar mayor temor a mi familia y el sábado (siguiente) intenté contactarme con Protección de Testigos de la provincia, que está a cargo del comisario Inspector Vázquez, pero no lo logré a pesar de que mi familia se encuentra dentro de un programa de protección de testigos. Por eso el 2 de enero fui a la justicia federal", señaló el comisario, retirado desde mediados del año pasado.
Frías venía sonando hace tiempo para el cargo, pero la designación se precipitó por el aumento imparable de delitos que registraron los medios locales durante los últimos meses del año. Hasta el artista Flavio Mendoza reclamó mayor presencia policial en Villa Carlos Paz. Pero el cruce de Frías con Giménez data de tres años. Tanto el gobernador como el ministro de Seguridad están al tanto de la situación. De hecho, el jefe de Policía debió responder requisitorias periodísticas al respecto el mismo día de su asunción, aquella jornada en que Giménez lo denunció nuevamente en la justicia.
–¿Cómo fue su denuncia original sobre Frías?
–En el 2009, Frías era director general de la Departamental Sur. Me mandó a citar y después de una charla me dijo que me iba a hacer trasladar a Córdoba. Le dije que me perjudicaba porque tenía a mi familia instalada en Leones, donde tenía destino los seis años anteriores. Me respondió que no sólo haría eso, sino que me haría pasar a retiro de no abandonar mi investigación al D2, que es la responsable de asesinar a mi papá. No, le dije, estoy en la policía para investigar la muerte de mi padre y no lo dejo ni lo transo por nada ni por nadie. Frías me dijo: "Seguí con esta actitud y vas a tener el mismo fin que tu papá." Por eso lo denuncié en la justicia federal. Estas amenazas se materializaron con mi traslado a Córdoba. Además me pusieron calificaciones en mi legajo discordantes con las que me habían evaluado mis superiores inmediatos, generando una situación de pase a retiro, por más que él lo niegue públicamente. Lo único que faltaba es que, como a mi padre, me persigan y me maten.
–¿Este último amedrentamiento con las motos está relacionado con aquellas amenazas de Frías?
–Con Frías y con el Estado Mayor de la Policía. Hay otras situaciones. Pedí los dos años y medio que me debían de licencia para pasar posteriormente a retiro. Como vieron que no podían detenerme ni presionarme, el ministro Alejo Paredes firmó un decreto el 29 de junio ordenando que mi retiro sea condicionado (NdR: el retirado puede ver reducida su jubilación), aduciendo que tenía causas administrativas pendientes. Ese día presenté certificados donde quedó establecido que no tengo ningún tipo de antecedentes. La Caja de Jubilaciones primero sacó el retiro condicionado pero cuando presenté el recurso de apelación, la misma Caja se expidió en octubre dejando sin efecto la resolución del ministro y otorgándome el retiro efectivo e inamovible. Además, hay connivencia no sólo de Frías y del ministro sino también del Tribunal de Conducta Policial. El actual jefe de Policía mandó al Tribunal la orden de que me hagan una causa administrativa grave, por comprometer el decoro de la institución, ya que salió una nota en un diario donde conté lo que me estaba pasando.
Giménez radicó la denuncia sobre las amenazas de muerte de Ramón Frías en 2009 en la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, funcionario que tuvo su pico de exposición tres años antes, como fiscal general de la provincia, cuando le tocó afrontar el crimen de Nora Dalmasso, en Río Cuarto. El escándalo por los horrores en la investigación del caso lo obligó a renunciar en el verano de 2007, pero su relación con el gobernador De la Sota se mantiene incólume, ahora desde el fuero federal. "El doctor Vidal Lascano no hizo nada en dos años para investigar mi denuncia. Por eso lo denunciamos, con mi abogado Hugo Vaca Narvaja, ante el entonces procurador general, Esteban Righi. Después de eso Vidal Lascano se apartó y Righi ordenó que la causa pasara a cargo de la fiscal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, que se dedica específicamente a las causas de lesa humanidad", afirma Giménez.
(Fuente: Tiempo Argentino)
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