La tierra es el Otro

Líder indiscutido entre familias de barriadas populares y vecinos sin techo que hacen esfuerzos titánicos para poder encontrarse unos con otros /as -hay kilómetros de distancia y mucha dispersión entre las distintas zonas productoras de Mendoza- es el dirigente social Hugo “Flecha” García. En su historial de lucha está el Barrio Ramonot, una auténtica conquista en la franja que va del carril Barriales hasta el Chimbas, distrito de Palmira casi en el límite con Junín. La construcción de ese barrio habría sido impensada sin la promoción de la ocupación de tierras que él impulsó años atrás. Tampoco sin la idea de dignidad que fue la bandera de toda una serie de acciones, una idea que finalmente trascendió con los años, no ya bajo los primeros nylon de techo y cañas apretadas como paredes sobre tierras de un francés de fines del siglo XIX, sino dentro de las casas autogestionadas o los módulos que construyó el Instituto Provincial de la Vivienda tras la expropiación de toda esa franja inculta y abandonada que la gente había hecho suya por extrema necesidad.

Ese trabajo inspirado en el “Movimiento de los sin tierra” surgido en plena dictadura de Brasil continuó luego con el Barrio Villa Obrero y el asentamiento Che Guevara, dos experiencias de organización popular muy similares con la diferencia de que en el primer caso los habitantes terminaron pagando su terreno tras una negociación con el titular de la propiedad. Poco después, en un clima enrarecido por oscuros manejos con los títulos y transferencia a una cooperativa de vivienda, más la mala gestión del Intendente y el asomo del interés especulativo por el futuro valor inmobiliario de toda esa zona por la construcción del PASIP (Parque de Servicios e Industrias de Palmira) hubo una nueva toma que terminó en brutal represión de las familias, incluidas mujeres y niños, que estaban instaladas en el predio.  

Fue el final de un ciclo y el comienzo de otro enmarcado en la lucha política nacional del Movimiento Evita. Hoy, al frente de centenares de compañeros asociados en cooperativas en más de diez departamentos de la provincia, García entiende que ha encontrado su lugar: el Frente de Tierra y Vivienda que aspira a ampliar a nivel nacional con altísimas expectativas ya que en el último Congreso del Evita en la Universidad de San Martín, Fernando “Chino” Navarro justamente habló de la incorporación en la agenda oficial de ciertos temas que hasta el momento constituyen “lo que falta por hacer tras la década ganada” en el ciclo kirchnerista, entre ellos, el acceso a la tierra. “Esto no termina mientras haya un sólo pobre” decían las remeras de los militantes del Evita, una consigna que a la vez que reconoce grandes conquistas como la recuperación del empleo, el rol del Estado y los avances en el reconocimiento de más derechos, obliga a mirar el cuadro de situación más desesperante que hay en la Argentina. Y es que al menos en la provincia se computa que el déficit habitacional es de 100 mil casas, esto supone casi medio millón de personas rezagadas por procesos urbanísticos que cada vez más acentúan esa limitación.

 Hablamos de personas que habitan en construcciones absolutamente precarias  o en vías de desmoronarse. Muchos están en condiciones de hacerse la propia casa pero les resulta imposible acceder a un lote.  En este cuadro de situación causa indignación que se niegue algún tipo de asistencia elemental como puede ser un nylon porque la persona ocupa una tierra fiscal en la periferia urbana; también están los que ya no pueden pagar la casa que alquilan o están por ser desalojados, situación que ocurre con frecuencia en las fincas donde tantísimas familias chacareras están por años a préstamo, o sea, a merced de la voluntad del dueño para el que trabajan.     
Veintitrés presenció dos reuniones del Movimiento Evita para conocer la forma que van teniendo los primeros loteos populares impulsados desde el Frente de Tierra y Vivienda, una fue una asamblea con familias venidas desde Chapanay, El Central, Rodeo del Medio, Junín, entre otros distritos agrícolas, con vistas a desarrollar la ex Estación Gurruchaga, un predio ferroviario abandonado desde hace muchos años, y la otra de balance y análisis  en la sede central en Mendoza capital, tras la visita del referente nacional Jorge Taiana.  

Con los pies en la tierra. Gurruchaga es uno de los campos señalados para la lucha organizada de las familias que efectivamente necesitan un lote. En ese lugar, que es una de las tantas extensiones fiscales nacionales que pertenecen al Ferrocarril, cada familia anotada en la lista tiene su fracción y se ocupa de limpiarla y ocuparla. Allí se realiza semanalmente una asamblea para evaluar el cuadro de situación, ordenar las prioridades y procurar avances en lo que constituye su gran meta: que la Nación algún día les transfiera legalmente dichos terrenos. 

Rubed Cruz es la joven secretaria, se nota que es una de las más activas en la organización junto a su esposo, los dos chacareros. La pareja aún no se ha hecho la casa aunque van a necesitar hacerla en cualquier momento ya que la habitación donde viven la situación no da para más. Si bien llevan años instalados en la finca, el dueño le vendió las hectáreas a un porteño y éste les puso bien en claro que no quiere a nadie habitando en su propiedad.  

A la hora de tratar los temas a resolver,  la opinión de Rubed y los demás vecinos se hace escuchar. En general los problemas son difíciles de resolver, pero nada comparado con los conflictos que otra gente ha tenido que enfrentar, como es el caso de las 89 familias de la Unión Vecinal Bonanno, la mayoría de ellas formadas por madres solteras que tuvieron que enfrentar una orden de desalojo solicitada por un hombre que vive en el predio de enfrente. Al principio se las acusó de usurpadoras y tuvieron  miedo de la acción violenta de la policía, después se pudo comprobar que esas hectáreas efectivamente habían sido donadas por Luis Bonanno para que los integrantes de la Unión Vecinal se hicieran sus casas.  

En este caso, no hay temor a un desalojo de parte del Estado Nacional, pero hay que conseguir que lleguen los servicios básicos de agua y luz, hay que mejorar la nivelación de la entrada, hacer un puente  de acceso al loteo, reconstruir una cisternas existentes y limpiar las futuras calles y espacios verdes, todas acciones colectivas que se debaten en la tensión de los tiempos y al calor de la lucha motorizada por el “Flecha” y los pilares  jóvenes del Frente de Tierra y Vivienda, Dan Max García,  Miguel Angel Zapata y Diego Bellene.

Mientras, en paralelo se habla de concretar la primera reunión entre los representantes por cada asamblea en San Martín con el Director de Vivienda del Municipio quien finalmente ha decidido recibirlos en su despacho; también hay que cerrar el relevamiento que se entregará en el IPV (Instituto Provincial de Vivienda) con más de cinco mil nombres de personas que jamás han sido beneficiadas por ese organismo y hay que articular a nivel provincial todas las experiencias, lo cual es un punto importante a focalizar a diferencia de todos aquellos que suponen que si la persona está en Anchoris o en San Roque, entonces “que se encarguen del problema los de Luján o Maipú”, histórica forma que tienen los Estados municipales de desentenderse de tan grande problema, junto con el latiguillo “son de afuera”, aplicado a la inmensa mayoría de compañeros bolivianos cuya presencia se hace sentir dentro del movimiento.

A la hora de hacer el balance de la Asamblea se pone énfasis tanto en la cuestión organizativa como actitudinal. Para Dan Max “Toda la experiencia está haciendo que el Estado Nacional empiece a llegar, él es quien ha determinado la constitución de cooperativas o a asociaciones con toda la documentación en regla, lo cual acompañado de todo un proceso que empieza y termina en un comodato entre Municipio e IPV, permitirá la intervención directa del Estado provincial en los proyectos”.

“Avanzamos con un 30 o 40% de la gente porque sabemos lo que cuesta que todos se pongan al frente de la lucha, en general, muchos otros se van sumando después, lo importante es no dejar a nadie afuera. Si por ejemplo se trata del pago de la cuota para la cooperativa o los trámites de la Unión Vecinal, tratamos de organizar una rifa e invitamos al que no puede pagar nada a involucrarse de algún modo, colaborando en la venta de los números o haciendo empanadas”, resume García.

Un concejal venido de La Paz apunta: “Sobre todo es importante que el que está a la cabeza de todo que no afloje, porque si arrugó ese, se desarma todo”. A lo que Dan Max responde: “El tema es no tener una sola cabeza sino tres o cinco que acompañen y que lleven adelante la política, la idea nuestra pasa por ahí. Con varias iniciativas que hemos propuesto como el de generar un espacio físico para que funcione la cooperativa, por eso es importante que ninguno se desentienda de las obligaciones que implica ser socio, es lo que nosotros queremos que todos entienda, ya que si bien sabemos que algunos no tienen nada, tampoco queremos perpetuar esa costumbre de que si no tiene nada, no trabaja nada. No es así: no tenés nada, pero gestionémoslo, hagamos una rifa entre todos. También es cierto que están los mañosos de siempre, algunos en cuanto hablan ya se hacen notar como que en realidad están especulando.”

“Definitivamente ese es un problema con el que uno se topa todos los días, el de ganarse la confianza en la organización y que no se enturbie la obligación de pelear uno mismo”, señala.
Aníbal Sosa, del Movimiento Evita de Maipú, aporta: “Por eso tan importante pensar en traspasar el 2015, es decir, la gente tiene que pensar en dar un lucha trascendental, y lo tiene que hacer pese a que quizás efectivamente no tenga ese papel que lo acredita como poseedor de la tierra ahora, porque lo que tiene que pasar es que exista esa conciencia de lucha, sólida y sostenida, para que los hijos de las personas que están hoy sí tengan pleno acceso a esas tierras”.

El debate de la plusvalía. Recién terminada la visita de Jorge Taiana en el local del Movimiento Evita de Mendoza, sobrevuela un punto caliente del debate sobre el nuevo Código Civil: el relativo al reconocimiento de la propiedad en función social. Semejante coyuntura no puede ser más inspiradora para el objeto de la reunión que es apuntalar la lucha iniciada por las asambleas por el acceso a la tierra.

Oscar Giammatteo, arquitecto y secretario adjunto del Movimiento Evita, participa alentando este proceso porque -según explica- “esto que surgió por la confluencia de la experiencia de lucha de Flecha García y el tipo de actuación política que se propone desde el Movimiento Evita permitió dar un gran paso. Y es que si bien está claro que faltan tierras para hacer viviendas, el planteo ya no pasa por obtenerlas de predios privados ociosos o abandonados; si bien en su mayoría arrastran deudas más altas que el valor de venta, siempre estará la posibilidad de que un juez o un fiscal se haga eco de un pedido de desalojo”.

En relación a la obtención de tierras fiscales nacionales ociosas, Giammatteo sostuvo que se trata de “un recurso que se intenta mientras tanto, como una vía provisoria hacia una solución definitiva que pasa por darse a nivel provincial una política de tierras. Ese es en definitiva la meta, porque de encontrarse una metodología para generar un banco de tierras al cabo de la incorporación de la plusvalía en el desarrollo urbanístico en cada lugar, se podrán incorporar muchos otros terrenos provinciales que están en desuso y aptos para edificar”.

-Se sabe que el IPV está detrás de un paquete de leyes, aunque se habla también de relevamientos municipales de tierras fiscales. ¿Es que ya hay una posición unificada sobre lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se ha hablado entre el Frente de Tierra y Vivienda del Movimiento Evita y Omar Parisi, presidente del IPV?

-Estamos haciendo hincapié en el tema del banco de tierras y Parisi propone el tema de la plusvalía urbanística, que es un concepto muy interesante precisamente para lograr lo primero. La situación, más allá de lo que se ha hablado en la reunión, pasa por enfocarse en la realidad urbana de Mendoza donde hay tierras que hoy en día no valen nada, o sea, debemos partir de una región que sólo ocupa el 3% de su territorio para poblaciones o trabajos productivos. O sea, más del 95% de la tierra en Mendoza es inculta, desértica o semidesértica, sin valor al carecer de infraestructura. Ese es un aspecto diametralmente diferente al de la pampa húmeda. 

-Si bien parece que en efecto hay mucho territorio sin valor, no obstante muchas hectáreas han sido adquiridas por extranjeros ¿cómo lo analiza? 

-Sí, para impedir ese avance hay que esperar los efectos de Ley de Extranjerización de la tierra, pero si hablamos específicamente de la vivienda se requiere otra cuestión a analizar: y es que se necesita una inversión en infraestructura y lo que se constata es que mucha de esa inversión la hace el Estado, pero es como un “Estado bobo”. Veamos por ejemplo el caso Palmares, que es paradigmático. Se construye en tierras que no valían nada hasta que se hace la autopista del Corredor del Oeste, al tener esa infraestructura que pagamos todos, eso adquiere un valor inmenso. Este tipo de situaciones te indican la necesidad de introducir el concepto de plusvalía porque si a un barrio le permitís hacer un loteo privado, le llevás agua y otros servicios ¿quién se queda con esa ganancia?, ¿con esa diferencia entre la tierra que valía un peso el metro y ahora vale 400 dólares el metro? La respuesta es: se la queda el privado y la está pagando toda la sociedad.

-¿Qué expectativas tienen en materia política?

-Lo que hemos hablado con Jorge Taiana es priorizar la organización y mostrar la necesidad concreta junto a la gente, entendemos que va a ser fundamental para ir resolviendo cuestiones mayores, digamos para dar el primer paso fundacional de una lucha que se canaliza, mientras se discuten cuestiones más complejas pero no imposibles de resolver. Es notable cómo la discusión sobre la plusvalía urbanística ha avanzado y penetrado, sin ir más lejos el último presupuesto de Macri en capital lo está reconociendo al establecer que si vos vivís cerca de una estación de subte pagás más impuesto inmobiliario, esta es una novedad y es un planteo correcto porque el subte es una inversión que ha hecho toda la sociedad, sin dudas no es lo mismo estar al lado que a 30 cuadras, y desde luego hay un montón de barrios que directamente no tienen subte.

-¿Y en Mendoza cuál podría ser la metodología?

-Mendoza, creo, tiene muy buenas posibilidades para aplicar la plusvalía urbanística  porque si bien hay tierras de sobra, lo que no tenés es una infraestructura ni una planificación, es lo que está faltando. La cuestión pasa por hacer un plan y establecer reglas de juego claras. Perfectamente se le puede proponer al dueño de la tierra que según el plan, el pueblo se va a expandir hacia un determinado sector donde el avalúo es muy poco y la inversión la hace el Estado. Ahora bien, como parte de eso, el Estado se ha de quedar con un porcentaje de metro cuadrado. Es decir, si el emprendedor no pone un peso y se le revaloriza la tierra por la infraestructura, dada la ley habrá entonces una ganancia mutua.  Para hacer una cuenta sencilla, si la tierra pasa de valer un peso a valer 100 con infraestructura, el emprendedor se queda con 50 pesos y el Estado con tierras por valor de 50 pesos, así es como funciona la plusvalía. No hacer esto, implica seguir en la idea liberal de que la tierra es un bien enteramente material e individual y no cumple ninguna función social.

-Y a  la vez con el llamado Estado bobo…

-Exacto, al no estar fijado esto, el dueño de la propiedad no te la va a vender a un peso, te la va a vender a 50 o a 100, sin importarle que el Estado haya logrado ese plus en tierras que no valían nada. Lo que hay que ver es que si se hace una ley donde el propietario de la tierra sabe a qué atenerse y el Estado también sabe cómo y cuándo invertir, con lo que nos vamos a encontrar es con una solución para la gente que no puede acceder a un lote. Además, son reglas que sirven para atajar la especulación sin negar el negocio para el dueño de la tierra, porque pongamos que éste no quiera, y bueno, seguirá valiendo un peso, porque no va a tener infraestructura esa tierra, el Estado puede hacer la inversión igual con otras tierras que tengan posibilidades. De la plusvalía se está hablando en todo el mundo, sólo que en el caso de Mendoza sería muy fácil de aplicar porque estamos en un desierto, si no tenés inversión de servicios, la tierra no vale nada.

Un problema esencialmente político

Así como la fundación Habitar Argentina viene proponiendo la inclusión de nuevos instrumentos de adquisición de tierras urbanas y rurales no ocupadas por sus propietarios, el informe titulado “El camino posible. Producción Social del Hábitat en América Latina” traza los lineamientos que respaldan con diagnósticos y análisis tales iniciativas. Hay varias en danza, se habla de flexibilizar los requisitos de prueba y disminuir los plazos para lograr la prescripción adquisitiva de la propiedad con fines de vivienda o trabajo productivo, de su extensión actual de diez y veinte años, a sólo tres, siempre que el adquirente no posea otra propiedad; también se propone garantizar el acceso de los habitantes de asentamientos informales a los servicios de agua, saneamiento y electricidad, sin perjuicio de la situación de titularidad del dominio del inmueble y la regulación de formas de recuperar por el Estado inmuebles abandonados por sus dueños, necesarios para concretar políticas públicas de vivienda social.

Según concluye El camino posible, “los programas de mejoramiento de asentamientos muestran cuánto más difícil y costoso socialmente es arreglar lo hecho sin planificación, que planificar desde el comienzo; cuánto más complicado es curar que prevenir, y cuán necesario es que las normas se adecuen a la realidad y no a la inversa”.  Y añade: “Tampoco es posible darla espalda a esa inmensa porción de ciudad construida por la gente, por lo que es parte vital de la tarea mejorarla, integrarla e incluirla, a partir de sus aspiraciones y propuestas. Está demostrado hasta el cansancio que los problemas sociales no los soluciona el Mercado; que la única salida en este tema es apostar a las potencialidades y organización de la gente; que sus posibilidades son mucho mayores cuando los procesos son colectivos, participativos, autogestionarios y democráticos, como es el caso de las cooperativas de vivienda y otros modelos grupales similares. Este enfoque no solamente tiene un importante valor económico, permitiendo llegar a más y mejores soluciones con menos dinero, sino, sobre todo, un incalculable valor social. Si las capacidades de la población se desarrollan en un marco que les dé institucionalidad e instrumentos, que les provea recursos, asistencia  técnica integral, que les permita la planificación, los resultados serán incomparablemente  mejores a los buenos que ya se obtienen hoy día”.

Finalmente afirma: “Es importante alentar el fortalecimiento de los movimientos sociales y apelar a diversos procedimientos y soluciones, particularmente en materia de modos de producción, de tecnologías, de financiamiento y de formas de tenencia (derecho de superficie, propiedad colectiva, arrendamiento, etcétera) y reclamar de los gobiernos de los países de la región la no criminalización de los esfuerzos de la gente por efectivizar el derecho humano a la vivienda, sino el reconocimiento y apoyo a procesos de producción y gestión social del hábitat, a través de políticas de Estado que contemplen la creación de mecanismos de financiamiento público (crédito accesible y diversas modalidades de subsidios adaptados a las necesidades) estables y duraderos, en base a fondos de vivienda que no dependan de eventualidades fiscales; que se reconozca el aporte de ahorro y trabajo de la población y contemple el financiamiento colectivo; que los programas abarquen los procesos de producción, pero también los de mantenimiento y mejoramiento de la vivienda y de su entorno; la recuperación de la función pública del Estado en la planeación; la creación de bancos públicos de suelo urbanizado e inmuebles para posibilitar el acceso a la tierra con servicios y a la vivienda de los sectores populares; que eviten el desplazamiento, el desarraigo, los desalojos forzados y la fragmentación urbana, y que respeten el ambiente”.

“Es una cuestión de derechos humanos”

Tras conocerse el retiro en el dictamen de mayoría del principio de propiedad en función social y la postergación del debate de la totalidad del proyecto de reforma del Código Civil, varios alzaron su voz de repudio, entre ellos el movimiento de Curas en la Opción por los pobres, quienes cuestionaron seriamente el rol de los obispos más preocupados por imponer el tema del embrión que en la incorporación en la agenda de los derechos reales de los pobres. El comunicado difundido dice así:

“En el mensaje final de nuestro encuentro anual celebrado en agosto de este año hicimos mención de la importancia del destino universal de los bienes por sobre el derecho a la propiedad privada en la enseñanza social de la Iglesia. Destacábamos entonces que “los bienes para la vida no son de unos pocos, Dios los creó para beneficio común de toda la humanidad, como lo recuerdan los grandes santos de la Iglesia y los últimos papas. Por eso la propiedad privada no es un derecho absoluto: tiene límites, sobre ella pesa una hipoteca social” (San Ambrosio).

“En nuestro mensaje con motivo de las elecciones legislativas del 27 de octubre expresábamos también que “la propiedad privada no es un dogma intocable, debe tener un sano límite impuesto por la necesidad de todos. Dice el Concilio Vaticano II que ‘Dios ha destinado la Tierra y cuanto ella contiene para el uso de todo el género humano. Por consiguiente, los bienes creados deben llegar a todos de una manera equitativa, dirigida por la Justicia y acompañada por la caridad’ (Gaudium et Spes 69). La propiedad privada es un derecho secundario, el único derecho natural primario es el destino universal de los bienes”.

“Vemos con cierta preocupación que en el dictamen de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación no figura el principio de la función social de la propiedad. Algunas críticas difundidas por los medios apuntaron a la necesidad de “frenar un nuevo avance del Estado sobre el sector privado” que pondría en riesgo la “seguridad jurídica” y tal vez esos argumentos hayan sido decisivos para no incluir dicho principio”.

“Nos resulta difícil de entender que los obispos hayan reclamado cambios, como la modificación del artículo 19, que establece ahora que la persona humana comienza desde la concepción, y no hayan reclamado con el mismo énfasis la inclusión del principio de la función social de la propiedad, tema claramente abordado por la reflexión bíblica, patrística y el magisterio contemporáneo de los papas en la Iglesia Católica y de incidencia cotidiana en la vida de los pobres”.

“Desde nuestra sensibilidad y caminar junto a las necesidades urgentes de los pobres, y sin ánimo de reclamar privilegios que no pretendemos tener, pedimos a los legisladores que discutirán el proyecto en el recinto parlamentario (se había planeado a partir del 27 de noviembre  pero a último momento se pasó al próximo año), la inclusión del reconocimiento explícito del principio de la función social de la propiedad por considerarlo directamente ligado al principio del destino universal de los bienes y articular así una herramienta que en manos del Estado sirva para garantizar el acceso de los pobres al derecho a la tierra, la vivienda y la dignidad. Nos preocupa que un instrumento tan importante como el Código Civil legisle sólo para los que tienen asegurado el derecho a la propiedad sino prioritariamente para aquellos que -de no mediar una regulación del Estado- sufren la precariedad, la indefensión y la imposibilidad de vivir conforme a derecho. Es una cuestión de derechos humanos”.