Un intendente mendocino defendió la ley que regula la minería

"No estoy de acuerdo con la modificación de esa ley", manifestó Miranda, y analizó que "la 7.722 vino a aportar las pautas concretas para que no haya un abuso en la explotación minera metalífera". De esta manera, el jefe comunal de Las Heras se posicionó frente a los intereses de su par malargüino, Juan Agulles (PJ).

Efectivamente, un diputado que responde al cacique de Malargüe, José Muñoz, manifestó recientemente la voluntad de modificar la normativa, especialmente el artículo sobre la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). "Yo le hice saber mi postura a Agulles", señaló Miranda.

Incluso, el intendente lasherino se refirió al proyecto de la mina de uranio Huemul que, según Agulles y Muñoz, no se aprobaría bajo la regulación de la ley 7.722. "Se puede tratar conforme a los procedimientos actuales", dijo Miranda, mientras la DIA del emprendimiento malargüino está a la espera de ser tratada en Diputados.

Asimismo, y en sintonía con las declaraciones del gobernador Francisco Pérez, Miranda hizo hincapié en la "falta de consenso social" para avalar un cambio en la normativa.

De todos modos, el intendente peronista habló de la posibilidad de "perfeccionar" la norma. "Cuando se redactó la ley, quizás se debería haber especificado cuáles son las 'otras' sustancias químicas que no pueden utilizarse. En ese sentido, se podría ampliar para definir claramente ese punto", puntualizó.

Tal como mencionó Miranda, el artículo 1 de la 7.722 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico "y otras sustancias tóxicas similares", sin más especificaciones. En este contexto, durante el tratamiento del proyecto San Jorge, surgió el debate por el uso de santato y si debía incluirse entre las sustancias peligrosas.

Del otro lado, los organismos que reúnen a los empresarios del sector pretenden que la ley "se caiga" y apuntan a dos posibles causales: la presión del Gobierno nacional, promotor de la actividad en otras provincias, y el planteo de inconstitucionalidad contra la 7.722 que presentó la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Fuente: mdzol.com