Casi 30 años después de la caída de la dictadura militar en Brasil, la Comisión de la Verdad entregó su informe final a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, que agradeció la investigación y pidió, entre lágrimas, que el dossier sea distribuido en todo el país. "Merecen la verdad”, remarcó la mandataria, visiblemente conmovida por el acto.
Dilma Rousseff lloró ante el “Nunca más” brasileño
Tras dos años de trabajo, la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe que resume los crímenes de la dictadura en ese país. Piden revocar amnistía a militares. Galería de imágenes.
Luego de 31 meses de trabajo, la CNV registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, a la vez que identificó 230 centros clandestinos de detención en todo Brasil. De acuerdo con el relevamiento, las tareas perpetradas incluían detenciones ilegales, prisión, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
La comisión sentenció que tales violaciones a los derechos humanos constituyeron una "política de Estado” diseñada por el gobierno de facto brasileño. Tres décadas después, el Estado reabre el debate sobre lo ocurrido aquellos años y evalúa una posible revocatoria de la amnistía dictada en 1979 y ratificada en 2010, que benefició a militares y fuerzas de seguridad implicadas en numerosos casos de violaciones y apremios.
La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en 2011 por la propia Rousseff. Como víctima de la dictadura -integró diversas organizaciones armadas clandestinas, fue torturada y condenada a tres años de prisión- la jefa de Estado brindó su testimonio a los investigadores, así como también lo hicieron los expresidentes Luiz Inácio da Silva y Fernando Henrique Cardoso.
Cifras. Según indicaron medios de ese país, el informe indica que 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Según la organización Human Rights Watch (HRW), unos 200 estarían aún vivos.
La investigación -similar al informe realizado por la Conadep en Argentina durante los '80- identifica a ocho militares que ejercieron la Presidencia. Además, menciona a exministros y altos jefes militares, e incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones, así como diferentes métodos de tortura y agresiones tanto físicas como psicológicas, no sólo contra integrantes de grupos guerrilleros, sino también contra niños, campesinos e indígenas.
El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8350 indígenas, cifra que podría ser mayor aún.
Contradicción. Frente a ello, la CNV consideró que la ley de amnistía contradice el derecho brasileño y el orden jurídico internacional, por lo que recomendó exceptuar la aplicación de leyes de perdón para aquellos crímenes.
Esos delitos "constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía”, apuntó el informe, según la agencia AFP.
Fuente: Perfil
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