El IPV busca recuperar $100 millones que la gente debe

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Recuperar la mayor parte posible de los $100 millones de pesos que los adjudicatarios de viviendas y de préstamos de la operatoria individual le deben al Instituto Provincial de la Vivienda. Ese es el objetivo que se han planteado las autoridades del IPV para el 2016. Para alcanzar la meta,  el IPV salió a publicitar los planes de pago disponibles, con mínimas tasas de interés. También enviaron intimaciones en masa a los deudores incobrables. 

Si el IPV recuperara los $100 millones de pesos, podría construir 800 viviendas, que en conjunto darían origen a uno de los barrios más grandes de San Juan. 

"Hay planes de pago, siempre existieron. Pero no hay mucho interés de los morosos en pagar lo que deben. Hay gente que no pagó nunca desde que le entregaron la casa”, informó el director del IPV, Martín Juncosa. 

Los planes de pago tienen 12, 24, 36, 48 y hasta 60 cuotas. El interés se estipula de acuerdo a la extensión del plan elegido: mientras más larga la financiación, más alto el interés. De igual modo, la tasa no supera el 10 % anual y es fija, muchísimo más accesible que en cualquier banco o entidad financiera. 

A pesar de las facilidades, Juncosa aseguró que a los deudores les cuesta ponerse al día. "En aquellos casos de gente que no ha pagado nunca, se los intima y recién cuando se les informa que están al borde del desalojo reaccionan. En Fiscalía de Estado ya las opciones son menos, tienen planes de pago más cortos y con más interés, pero es la última instancia, es cuando se han dejado estar mucho”, añadió. 

Todos los días, el IPV envía entre 50 y 100 intimaciones a deudores. La idea es que se acerquen por el Centro Cívico y regularicen su deuda. 

En última instancia, los cita Fiscalía de Estado. Cuando la deuda llegó a este punto, se pide un adelanto del 30 % del monto total y recién se hace un plan de pago. En caso de no cumplir, se desaloja la vivienda.

Juncosa informó que los mayores deudores del IPV son los beneficiarios del plan de operatoria individual, que permite al propietario de un lote obtener los fondos en cómodas cuotas para construirse una vivienda. Desde la próxima semana, saldrán publicados en los medios de comunicación gráficos listados de morosos de esta línea crediticia. 

"Hay que derribar el mito de que los mayores deudores son los beneficiarios de planes de erradicación de villas, esto no es así. Hay deudores, es verdad, pero los mayores deudores son de clase media”, dijo el funcionario. 

Actualmente la cartera de "clientes” del IPV está integrada por 51.000 beneficiarios de viviendas de préstamos de la operatoria individual. De ese total, 17.000 paga una cuota inferior a los $100, de los cuales 8.000 abonan entre $20 y $50. 

El IPV considera deudor a toda aquella persona que deba 3 cuotas consecutivas o 5 salteadas. Apenas se detecta un moroso, el Instituto Provincial de la Vivienda intima a los deudores para que se acerquen al Cívico y regularicen su deuda o los visita en su barrio. 

El índice de recupero promedio que maneja el IPV actualmente es del 82 %, es decir que de cada diez beneficiarios de una vivienda ocho cumplen con el pago. 

El grueso del dinero que ingresa en concepto de cuotas a la repartición llega gracias a los pagos realizados en las dependencias del Banco San Juan, en segundo término por los pagos realizados en las Agencias de Quiniela y en tercer lugar por los descuentos por planilla a los que adhieren los empleados públicos.

Desde 1976 a la actualidad el IPV construyó cerca de 70.000 hogares para los sanjuaninos. Pero el dato sobresaliente es que el 45,23 % de esas viviendas, alrededor de 31.000, fueron concretadas en los últimos 13 años.

El porcentaje de repartición de viviendas ha favorecido en mayor medida a la clase media. De las 31.000 casas que han entregado y tiene en ejecución el Instituto Provincial de la Vivienda, el 53% se ha destinado a las personas que están inscriptas en el padrón general que luego van a sorteo. Desde que se implementó el plan de erradicación de villas el 24 % ha ido a ese sector, mientras que el 23% restante fue para entidades como gremios y cooperativas.