Finalmente la provincia cerró un conflicto judicial que tenía más de 25 años con una empresa que fue contratada para la construcción del dique de Ullum, la cual reclamaba el pago de sus honorarios por 30 millones de pesos.
La provincia logró pagar la mitad de una demanda millonaria por el dique de Ullum
Tras más de 25 años de conflicto judicial, se cerró un acuerdo por 15 millones de pesos, cuando la demanda era de 30 millones de pesos. Negociaron el Fiscal de Estado y el ministro de Hacienda.
Tras la negociación que llevaron adelante el Fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, y el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, la empresa aceptó la mitad de esa suma y ya la Corte Suprema de Justicia cerró el acuerdo en 15 millones de pesos.
A continuación, la cronología de los hechos tal como lo informó oficialmente la Fiscalía de Estado:
La citada multinacional fue contratada como Consultora de Ingeniería en el año 1971 para las obras del Dique de Ullúm, que comenzara a construirse durante el gobierno de facto de Carlos Gómez Centurión (presidencia de Alejandro Agustín Lanusse), cuya construcción estaba a cargo de Panedile Argentina. En esa época se firmó un contrato en dólares dejando de pagarse los correspondientes honorarios entre 1981 y 1984, lo que llevó a Harza a iniciar un juicio contra la provincia en el 3º juzgado Civil, pasando luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En fecha 5 de agosto de 2014, la Corte Suprema dictó sentencia condenando a la provincia a pagar a Harza todas las facturas impagas expresadas en dólares, aunque el Alto Tribunal, dispuso su pesificación. Asimismo, dejó librado a las partes para que intentaran llegar a un acuerdo fijando el monto definitivo, dada la complejidad de las variables económicas en juego.
Las negociaciones estuvieron a cargo del Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, junto al ministro de Economía, Francisco Alcoba y tuvieron lugar en cinco audiencias ante la Corte.
Para tener una base de la suma pretendida, y antes de esa primera audiencia, De Sanctis solicitó un proyecto de liquidación a la contraparte representa por el Estudio Jurídico Marval, O’Farrell y Mairal (el más grande de Argentina).
Al realizar un análisis de la liquidación referida, que ascendía a 23 millones, se advirtió que estaba mal efectuada pues habían incurrido en una práctica ilegal como es, la capitalización de intereses (anastocismo), lo que se hizo saber por el ministro Alcoba en la primera audiencia.
También se hizo saber que se trataba de una deuda consolidada por ley 6606 y para ser liquidada con bonos, lo que generó el rechazo de la otra parte.
En las últimas audiencias, esto es por diciembre, se les hizo saber que la provincia tenia bonos por 15.800.000 pesos que los había emitido, no se habían usado y que ya se encontraban amortizados, por lo que se trataba de bonos corrientes.
Es decir, se ofreció como arreglo para este juicio el único recurso de que disponía San Juan teniendo en cuenta que debe respetarse la ley de consolidación.
En números fríos Harza reclamaría, a diciembre de 2014, alrededor de 30 millones, entre capital, intereses y honorarios y se le ofreció, prácticamente, el 50 por ciento.
Finalmente, la empresa termina aceptando informando a la Corte que se había llegado a un acuerdo con una oferta de la provincia por escrito y aceptada por la otra parte. Ésta queda homologada el 11 de marzo, mediante sentencia de la Corte, quedando sentado que la provincia pagará por esta deuda la suma de 15.800.121,51, entre capital, intereses y honorarios, o sea, todo concepto.
Teniendo en cuenta que el convenio fue homologado por la Corte, la causa se considera cerrada procesalmente ante tribunal.
Los tiempos ahora son 20 días hábiles a partir del 18 de marzo, fecha de notificación de la homologación para hacer entrega de los bonos, y luego, 7 días hábiles para hacer efectivo pago.
Un acuerdo exitoso a un conflicto de más de 25 años, en momentos en los que el gobierno de la provincia firmó el contrato para que se inicien las primeras tareas para levantar el dique El Tambolar, el cual se sumará al dique Punta Negra, que ya tiene un 93 por ciento de avance.
El trámite se realizará en la provincia a través de cuenta bancaria indicada por la empresa. A estos efectos, el Fiscal de Estado ya ha remitido un cuerpo de documentación, al ministro Alcoba, por ser el competente para encargarse de estos últimos trámites. Realizó lo propio con otro cuerpo de documentación, de lo realizado, al gobernador José Luis Gioja, para su aprobación mediante decreto.
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